El proceso para la elección de Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) se ha visto envuelto en constantes polémicas. Ya desde la designación de los miembros del Comité Técnico de Evaluación (CTE), quienes elegirán los mejores candidatos, que la mayoría resultó ser simpatizante de AMLO, hasta la forma en la que serán elegidos.
Pues se realizó un examen que causó un gran número de dudas, controversias e indignación por una supuesta filtración entre los aspirantes. Fue esto lo que motivó a uno de sus aspirantes a presentar un juicio electoral en contra del CTE.
Se trató de Gerardo García Marroquín, director general de Averiguaciones Previas y Control de Procesos en materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República (FGR).
“Promoví Juicio Electoral en la vía PER SALTUM en contra del Comité Técnico de Evaluación, por el que se expide el listado definitivo de las personas aspirantes a Consejeras y Consejeros del INE”
En parte del documento compartido, García Marroquín promovió el juicio electoral para la protección de los derechos políticos de la ciudadanía. El medio de impugnación lo presentó de “urgente resolución” al señalar que se debe resolver antes de que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados remita las listas de personas aspirantes planeado para el 26 de marzo de este año.
Ya que habría detectado varias presuntas irregularidades en el proceso de calificación de aspirantes: una depuración sin fundamentos adecuados, así como la revisión deficiente del examen realizado.
La primera causa, señaló en el documento compartido a través de sus redes sociales el listado preliminar del 8 de marzo señalaba el CTE que permanecerían en la lista serían la mitad mujeres y la mitad hombres, alrededor de 127 cada uno. Pero solo se eligieron 102 de cada mitad sin justificar la decisión.
En lo que respecta a la revisión del examen, aseguró que el micrositio en el que se llevaría a cabo, “siempre estuvo bloqueado para recibir las observaciones y solicitudes derivados de la revisión del examen”. Además comunicó a miembros del CTE su inconformidad con algunos reactivos, pero su oficio no fue recibido.
“Ahora bien, la autoridad responsable (...) incurrió en diversas irregularidades durante el proceso de evaluación de los aspirantes, pues el diseño de examen que el mismo Comité Técnico de Evaluación aprobó, carece de claridad en sus preguntas y respuestas”
Se trata de la primera acción legal en contra del proceso de selección de los consejeros, lo que pone en duda la forma en la que el CTE ha llevado a cabo sus tareas.
Las primeras dudas que generó el proceso de elección fue cuando nombres ligados a la autollamada “Cuarta Transformación” (4T) tuvieron los puntajes más altos en el examen para aspirantes, por lo que se sospechó de una posible filtración.
Sin embargo, el Comité negó esto y en sesión pública, Ernesto Inzunza explicó que el examen fue capturado en la plataforma Moodle y que nunca se imprimió ni circularon copias entre los miembros del CTE.
Sin embargo, dos integrantes del Comité tuvieron acceso una noche previa (6 de marzo) a las 100 preguntas aplicadas a los candidatos, con el objetivo de reducirlas a 80, y fueron quienes guardaron la información en un dispositivo. Sin embargo, evitó dar los nombres de los responsables.
Detalló en la sesión que las preguntas se formularon en cuatro grupos de trabajo del comité, correspondientes a las cuatro materias del examen. Señaló que en la aplicación de la prueba hubo medidas de seguridad, como que el orden de las preguntas fue diferente para cada participante.