El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, dio a conocer la tarde de este miércoles los resultados de la investigación que se le mandató respecto a la muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ocurrido el pasado 26 de febrero.

Durante una reunión ordinaria en la Cámara de Diputados, el funcionario confirmó que las víctimas, a manos del ejército, no estaban armadas ni se enfrentaron a los uniformados.

Por lo tanto, desde su punto de vista, dijo que hay elementos para acreditar que se trató de una ejecución extrajudicial.

Respecto de las críticas que han surgido por parte de la ciudadanía por el caso, Alejandro Encinas señaló que si bien, los militares tienen derechos, “quien infringe la ley y comete un delito, debe cumplir con su responsabilidad”.

Asimismo, consideró que la indagatoria debe incluir a la cadena de mando y no solo a los elementos que accionaron las armas.

“Por supuesto que la investigación debe de abordar la responsabilidad de la cadena de mando en este operativo, no solamente le actuar de los elementos de las fuerzas armadas”, sentenció.

El caso ha generado versiones encontradas. Lo que se sabe hasta el momento es que cinco de siete jóvenes que viajaban la madrugada del pasado 26 de febrero, a bordo de una camioneta en la ciudad fronteriza, murieron después de que efectivos del ejército dispararon contra ellos.

La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) admitió días después que su personal accionó sus armas de fuego “al escuchar un estruendo”.

Agrega que, “al observar la presencia de las tropas, aceleraron velocidad de manera intempestiva y evasiva” y que se impactaron contra un vehículo estacionado. “Al escuchar un estruendo, el personal militar accionó sus armas de fuego”, aseveraron.

De las siete víctimas, uno fue internado en un hospital con heridas graves y otro sobrevivió aparentemente ileso, quien indicó que los militares les “dispararon directamente”.

Asimismo relató que “alcanzó a ver” como a dos de las cinco víctimas mortales, entre ellas su hermano, las mataron “cuando estaban sometidas en el piso”.

Al respecto, Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, explicó que el ejército tiene un protocolo especial que debe seguir en casos como este.

Y agregó que sólo cuando “hay una agresión de por medio se realizan disparos en defensa de la vida”.

Por otra parte, a pesar de que organizaciones de derechos humanos han pedido discreción por los occisos, trascendió que algunos de ellos supuestamente eran miembros del Cártel del Noreste (CDN) e, incluso, se tomaban fotografías con ropa táctica y armas largas.