Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fuera cuestionado por una investigación periodística que expuso trabajos de espionaje a civiles por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y se lanzará en contra de Raymundo Ramos, activista de Nuevo Laredo que fue presunto objetivo de un trabajo de inteligencia.
El director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) en entrevista con La Octava, reaccionó a las declaraciones del presidente López Obrador, quien aseguró que en su gobierno “no se espía”: “Son muy engañosas, tramposas y mentirosas las declaraciones del presidente, y la estigmatización que hace en contra de Raymundo Ramos”, dijo.
“Lo espían para intentar incidir en la investigación que estaba llevando a cabo la policía ministerial militar respecto de la ejecución extrajudicial de tres civiles el 3 de julio de 2020 en Nuevo Laredo, Tamaulipas [...] Raymundo Ramos fue espiado con Pegasus. Tenemos evidencia contundente de que fue el ejército quien lo espió”, arguyó.
Fernando García contó en entrevista que se vigilaron conversaciones de Ramos con periodistas, espionaje que comenzó a partir del 16 de agosto de 2020: “Es clarísimo que el ejército opera Pegasus y ya lo usó ilegalmente para espiar al defensor de Derechos Humanos. El centro militar de inteligencia es un centro ilegal de intervención de comunicaciones privadas, que por su sola existencia está violando la ley”, agregó.
AMLO negó espionaje de la Sedena
López Obrador negó los hechos y los justificó como trabajos de inteligencia: “Se tiene que hacer investigación, que no es espionaje, que es distintivo. El Instituto de Inteligencia del gobierno hace investigación porque nosotros sostenemos que es muy importante hacer investigación e inteligencia para no hacer la fuerza. Es mejor.
El Jefe del Ejecutivo descartó cualquier posibilidad de que la Sedena haga actividades de “inteligencia” sin darlo a conocer al presidente: “Me informan, es un trabajo de inteligencia que se hace en coordinación (…) y que tiene como propósito conocer sobre movimiento u operaciones de la delincuencia organizada”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que su gobierno investiga y da seguimiento a personas civiles, pero rechazó calificarlo como espionaje, y aseguró que la finalidad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a cargo del General Audomaro Martínez Zapata, es prevenir actos de “sabotaje o crímenes” a cargo de delincuentes.
López Obrador (AMLO) ha asegurado y reiterado en distintas ocasiones que en su gobierno se respeta la libertad de expresión ni utiliza softwares espías para intervenir las comunicaciones de ninguna persona.
Sin embargo, tras el hackeo del colectivo Guacamaya a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en octubre del 2022 se filtraron documentos en los que se señalaba que al menos tres personas habían sido espiados por el gobierno con el programa Pegasus.
Ahora, una investigación realizada por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y Social Tic, reveló que la Sedena había establecido una estructura secreta de espionaje militar para interferir en las investigaciones de abusos de activistas que denuncian violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. La investigación fue bautizada como “Ejército Espía”.
“Documentos de Sedena muestran que una estructura militar secreta espió con Pegasus al defensor Raymundo Ramos para interferir en una investigación sobre abusos del Ejército en Nuevo Laredo, con pleno conocimiento del Alto Mando”, señalaron las organizaciones en conferencia de prensa.
De acuerdo con los documentos, el Ejército habría intervenido las comunicaciones privadas de Ramos con varios periodistas acerca de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército en Nuevo Laredo el 3 de julio de 2020, y según la hipótesis de los colectivos, el Ejército espió a Ramos para interferir en estos casos.
Además de esto, en los documentos secretos, el Ejército dice que Ramos, quien fue atacado con Pegasus en al menos cinco ocasiones, trabaja para el Cártel del Noreste, “sin ofrecer evidencia alguna y con la intención de desacreditar las pruebas de abusos militares en Nuevo Laredo el 3 de julio de 2020″, de acuerdo con la investigación.