MCCI reportó la detención del exdirector de asuntos jurídicos y otros cuatro exfuncionarios de Segalmex

La noche del pasado lunes 13 de marzo, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Carlos Antonio Dávila Amerena, exdirector de Asuntos Jurídicos de Segalmex.

De acuerdo con la entrega de la organización civil firmada por el periodista Iván Alamillo, el exfuncionario de la Seguridad Alimentaria Mexicana fue detenido por su presunta relación en delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado derivados de la compra simulada de miles de toneladas de azúcar que Diconsa nunca recibió.

En una revisión que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) realizó al Registro Nacional de Detenciones se comprobó que Dávila Amerena y otros cuatro exfuncionarios de Segalmex fueron detenidos por la dependencia que encabeza Alejandro Gertz Manero entre el viernes 10 y el domingo 12 de marzo.

Carlos Antonio Dávila Amerena fue titular de la Dirección General de Ejecución de Sanciones del Órgano Administrativo y Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, organismo que la autodenominada Cuarta Transformación acusó de beneficiar con miles de millones de pesos a Genaro García Luna a través de contratos otorgados a las empresas Nunvav Inc. y Nunvav Technologies Inc.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) pudo comprobar que, además del exdirector de Asuntos Jurídicos de Segalmex, también fueron detenidos Roberto Rivera Ramos, exsubgerente de la Dirección Comercial; Laura Patricia Hernández Rojas, excoordinadora de la Gerencia de Presupuesto; y Simón Escobar Copca y Artemio Gutiérrez Rodríguez, ambos encargados del almacén rural de Diconsa en San Luis de la Paz en el estado de Guanajuato.

Asimismo, la organización civil detalló que la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó órdenes de aprehensión en contra de Gonzalo Mora Nateras, José Miguel Ojeda Antonio y Jorge Saúl Romero Valencia, quienes estarían relacionados con Servicios Integrales Carregin SA de CV, empresa que incumplió con la entrega de azúcar aún y cuando recibió un pago de 142 millones de pesos.

Con dichas detenciones, la dependencia que encabeza Alejandro Gertz Manero ha ejecutado 8 de las 22 órdenes de aprehensión giradas la semana pasada.

El pasado jueves 09 de marzo, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que obtuvo órdenes de aprehensión contra 22 personas presuntamente implicadas en el desfalco millonario a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

Entre los señalados por la Fiscalía están 12 exservidores públicos de Segalmex; el resto son cuatro ligados a empresas con las que se habría coludido y seis beneficiarios de los recursos desviados del organismo.

Las 22 personas estarían implicadas en irregularidades en contratos y pagos por más de 142 millones de pesos para la compra de toneladas de azúcar de los cuales no pudieron probar que hayan sido entregados a Segalmex.

“Todo ese grupo de presuntos responsables de los delitos citados, celebraron contratos ilegales y pagos ilícitos por la cantidad de 142 millones 440 mil 883 pesos, por una supuesta adquisición de 7 mil 840 toneladas de azúcar, que se utilizarían en beneficio de la población del país y las que nunca pudieron probar que las habían entregado legalmente a dicha empresa estatal.”, indicó la Fiscalía.

Todos son señalados por su presunta responsabilidad en delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.

La FGR trabaja en cuatro carpetas de investigación relacionadas con el robo millonario a Segalmex. Hasta el momento ha logrado seis judializaciones y adelantó que próximamente serán judicializadas más carpetas.

En febrero de este año el instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó que la Fiscalía deberán transparentar la información sobre las denuncias presentadas por este caso, como cuántas indagatorias ha iniciado, número órdenes de aprehensión, irregularidades denunciadas y monto económico del daño.

Y es que el desfalco a Segalmex podría superar al de la Estafa Maestra, caso registrado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Tan solo en las cuentas públicas correspondientes a 2019 y 2020 hay irregularidades que superan los 840 millones de pesos, según el Informe General Ejecutivo Cuenta Pública 2021 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ente de la Cámara de Diputados que presentó 12 denuncias por estas anomalías.

En el reporte la ASF señaló que Segalmex no acreditó la contratación de servicios profesionales de administración de personal por 621.8 millones de pesos, de servicios integrales de guarda, custodia, cribado y envasado para el Programa de Precios de Garantía por 49.4 millones y de arrendamiento de equipo de laboratorio, pesaje y bandas transportadoras por 58.9 millones de pesos.

Tampoco presentó las facturas por 106.8 millones de pesos en incentivos a medianos productores de maíz ni de la recepción de 38 unidades móviles por 990 mil pesos.

Sumado a ello el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) presentó en mayo de 2022 una denuncia contra Ignacio Ovalle Fernández, extitular de Segalmex, por anomalías que suman 8 mil 637 millones de pesos. Mientras que la diputada panista María Elena Pérez-Jaén denunció a Segalmex, Diconsa y Liconsa.

“No nos cansaremos que denunciar supuestos actos de corrupción. La lucha que dice este gobierno ha emprendido contra la corrupción, ha quedado sólo en el discurso. Ha sido omiso”, expuso la senadora Xóchil Gálvez en relación a la denuncia presentada en mayo del año pasado.

Las acciones legales emprendidas por el PAN derivaron del reporte de la Cuenta Pública 2020 presentado por ASF. El partido opositor aseguró que el desfalcó se manifestó en la pérdida de bienes y recursos, como faltantes de maíz y frijol en inventarios, así como adquisiciones y pagos sin soporte documental de maíz, frijol, leche, entre otros productos de la canasta básica.

Sin embargo, estas son tan solo algunas irregularidades. La organización de la sociedad civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que ha investigado el caso Segalmex, apunta que el desfalco asciende a 11 mil millones de pesos.