Patricia Mercado lamentó que el Plan B “rompe con 30 años de reformas electorales democráticas”

Patricia Mercado, senadora de Movimiento Ciudadano, afirmó que, tras la publicación del “Plan B electoral”, partidos políticos, organizaciones sociales y legisladores acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para presentar los recursos en contra de una reforma que se contrapone a la Constitución.

La legisladora también lamentó que con los tiempos que se tomó promulgar la reforma, ya no se tiene tiempo para impugnar estos cambios en el ámbito internacional, pues el inicio del proceso electoral de 2024 está a solo unos meses de arrancar.

Sin embargo, Patricia Mercado confió en que el Poder Judicial “hará una reflexión seria, profunda y expedita sobre el paquete de reformas electorales”, las cuales, consideró, fueron impulsadas por el Ejecutivo y aprobadas por Morena sin un consenso, y en su lugar “fueron impuestas por una mayoría que rompe con 30 años de reformas electorales democráticas”.

La senadora de Movimiento Ciudadano destacó la importancia de que el máximo tribunal resuelva a la brevedad sobre el asunto, a fin de que se dé certeza jurídica al proceso electoral del 2024, aunque aceptó que ya no habrá tiempo para impugnar las reformas a nivel internacional.

La senadora se solidarizó y calificó como excepcional el trabajo de Edmundo Jacobo Molina, quien se desempeñó como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral durante 14 años, que acuerdo con las nuevas normas electorales dejará de desempeñar ese cargo.

Patricia Mercado consideró que en un contexto de polarización política y reproducción de la violencia, los instrumentos de democracia directa son indispensables para mantener la cohesión social.

“Cuando se han agotado las respuestas del Estado, cuando es difícil distinguir las ideologías del ejercicio del Poder, cuando las fuerzas políticas convergen en la inercia, es el momento para que la sociedad civil tenga la oportunidad de dar un viraje de construir opciones dentro de la civilidad y el derecho”, expresó.

No obstante, reconoció que las figuras del plebiscito o la revocación de mandato en ocasiones han sido útiles para intenciones autoritarias o regresivas, “ya sea para simular una falsa apertura política, para dar legitimidad a decisiones asumidas desde la cumbre del poder o como ejercicios que buscan restringir derechos o para cumplir objetivos geopolíticos”.

Durante la madrugada de este jueves 2 de marzo, la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas complementarias del Plan B electoral, que contempla la modificación a cuatro leyes y la expedición de una más. Estos cambios se suman a los dos publicados previamente en diciembre de 2022.

Ahora que el Plan B electoral ha sido publicado en el DOF, la oposición tiene vía libre para promover impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que al resolverlas determinará su aplicación.

Recientemente, la Suprema Corte admitió a trámite la controversia constitucional planteada por el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el primer paquete de leyes del Plan B, es decir, contra la Ley de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

De acuerdo con el INE, estas reformas “producen una violación directa a las funciones que, como órgano constitucional autónomo, le confiere el texto constitucional (...) como garante, entre otros principios, de la equidad de la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia”, indicó el INE.

Este 1 de marzo, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, Alberto Pérez Dayán, admitió a trámite la controversia constitucional contra el primer paquete de reformas del Plan B electoral, promovida por el INE.