El feminicidio por el que el PRI no quiere llamar “Ley Monzón” a las reformas avaladas en Puebla

La bancada priista solicitó que no se usara ese nombre y la petición fue apoyada por Morena, aunque recibió duras críticas

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El feminicidio de Cecilia Monzón
El feminicidio de Cecilia Monzón fue motivo de indignación y múltiples protestas en Puebla. (Cuartoscuro)

El 27 de febrero de 2023 fue aprobada la iniciativa conocida como “Ley Monzón” en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso de Puebla. Esta propuesta de reformas legales pretende retirar la patria potestad a los agresores que sean vinculados a proceso por delitos como feminicidio o tentativa de feminicidio.

Pese al positivo recibimiento que tuvo la luz verde en comisiones de la “Ley Monzón”, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) del estado solicitó que estas modificaciones al Código Penal y al Código Civil no sean conocidas con ese nombre, debido a que en el feminicidio de Cecilia Monzón está involucrado Javier López Zavala, excandidato a gobernador por el partido tricolor.

De acuerdo con información retomada en medios locales, la bancada del PRI en el Congreso de Puebla hizo una petición al grupo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para evitar utilizar ese nombre al referirse a la iniciativa.

Cecilia Monzón fue asesinada el
Cecilia Monzón fue asesinada el 21 de mayo de 2022. (Instagram/@criminologiafeminista)

Posteriormente, Eduardo Castillo López, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jucopo) y militante del partido guinda, evidenció su apoyo a la petición del PRI y mencionó en conferencia de prensa que “esta ley no tiene nombre”.

Como argumento, indicó que la iniciativa que será votada en el pleno del Congreso tiene un nombre jurídico y tendrá repercusiones no sólo para una persona, sino para los 217 municipios del estado.

Sin embargo, dicha postura fue debatida y objetada por la diputada Mónica Silva, impulsora de la “Ley Monzón”, debido a que la propuesta surgió, precisamente, a partir del feminicidio de la abogada y activista.

“La Ley Monzón tiene una razón y un motivo como todas las leyes que llevan el nombre de una víctima y eso desafortunadamente no lo podemos quitar del imaginario colectivo”, sostuvo la legisladora.

Javier López Zavala, excandidato a
Javier López Zavala, excandidato a gobernador priista y expareja sentimental de Cecilia, es investigado como el presunto autor intelectual del crimen. (Cuartoscuro)

En este sentido, hizo un llamado a honrar la memoria y el recuerdo de las mujeres víctimas de violencia de género y consideró que este tipo de medidas ayudan a visibilizar sus casos.

“Ha sido una realidad y un tema tan crudo lo que sucedió con la vida de Cecilia Monzón que originó esta iniciativa. Si bien es cierto que va a impactar a la realidad de los 217 municipios de este estado, [al omitir el apellido de la víctima] estaríamos hablando de quitarle [los nombres] a la Alerta Amber o el caso de la Ley Olimpia”, añadió Silva.

“Creo que al final también es parte de respetar a las víctimas y de darles esta circunstancia de visibilizar las cuestiones por las que están pasando”, concluyó la diputada.

Javier López Zavala fue pareja sentimental de Cecilia Monzón y, según los informes de la Fiscalía, en abril de 2022 ordenó el asesinato de la abogada y activista, además de haber proporcionado la motocicleta y el arma con la que fue perpetrado el crimen.

Actualmente, continúa preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Se tenía prevista una audiencia intermedia como parte de la investigación en su contra para el 27 de febrero de 2023, pero esta no ocurrió debido a que el juez de control no tenía tiempo, denunció Helena Monzón, hermana de Cecilia.

Gracias a la aprobación unánime de la “Ley Monzón” en la comisión mencionada anteriormente, se votará su ratificación en la sesión ordinaria del 2 de marzo en el pleno del Congreso.

Además de la suspensión de la patria potestad a feminicidas, esta iniciativa contempla una pena de ocho años a los funcionarios que sean omisos o entorpezcan la investigación, así como diez años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.

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