La ASF detectó depósitos duplicados, a muertos y “pagos por marcha” en los programas sociales de AMLO

La presentación de la tercera entrega del Informe General Ejecutivo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), correspondiente a la Cuenta Pública 2021, en la Cámara de Diputados y la publicación del mismo en el sitio oficial de la dependencia responsable puso en la óptica pública a diferentes instancias gubernamentales de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Durante una ceremonia llevada a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Pablo Angulo, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, manifestó su compromiso por atender las 3 mil acciones y recomendaciones indicadas para el año referido. Por su cuenta, el auditor, quien estuvo presente de manera virtual, dijo que el trabajo de la Auditoría es para mejorar la administración pública federal y detectar posibles casos de corrupción, para después, actuar en consecuencia conforme al marco legal mexicano.

Es por ello que, tras consultar el Informe, se detectó una serie de irregularidades señaladas por la ASF en relación a los programas sociales del gobierno de la Cuarta Transformación (4T), mismas que atienden a supuestos casos de falta de documentación, pagos duplicados, pagos a beneficiarios después de su muerte y un amplio etcétera que el gobierno federal deberá de aclarar en un periodo de 20 días.

Las observaciones de la ASF en los programas sociales se localizan en el apartado D. Síntesis de resultados de auditoría: Cumplimiento Financiero. Al respecto, se destaca que el talante social del gobierno de AMLO es el sello de distinción de las políticas de esta administración. Además, el presidente prometió desde su campaña el fin de la corrupción en las altas esferas del poder político; sin embargo, la Auditoría presentó otros datos en el Informe.

Después de la auditoría, la ASF detectó falta de documentación comprobatoria que sustente los pagos efectuados por 91.7 millones de pesos a diferentes asociaciones civiles. Lo mismo con relación a 263 órdenes de pago del Banco del Bienestar que sustente los apoyos otorgados por 700 mil pesos a los beneficiarios del programa en Chiapas y Oaxaca; asimismo, se determinaron deficiencias en la operación del programa, por la duplicidad del pago a 3 mil 351 beneficiarios, que en suma, dan 35.6 millones de pesos.

De acuerdo con la ASF, se efectuaron pagos por 48.7 millones de pesos a 13 mil 730 beneficiarios después de su fecha de defunción. Se otorgaron recursos por 5.6 millones a 347 personas cuyos nombres registrados en el padrón de beneficiarios no concuerdan con la información compulsada con el RENAPO. Se realizaron pagos por 3.2 millones a 2 mil 385 personas por concepto de “Pago de marcha” (posible acarreo).

Además, detectaron pagos por 2 millones a 105 personas cuyas edades eran inferiores a los 65 años, se efectuaron pagos duplicados por un millón de pesos a 273 personas que contaron con 2 números de identificación iguales, así como 100 mil a 11 personas quienes tenían registrado el mismo número identificador. Aunado a ello, se efectuaron pagos en exceso por 11.8 millones a Telecomunicaciones de México (TELECOMM) y no se acreditaron la prestación de servicios de dispersión de apoyos a los beneficiarios del programa por 3.7 millones pagados a TELECOMM y un millón al Banco del Bienestar.

Se detectó falta de documentación que acredite la entrega de apoyos económicos a 451 beneficiarios por 8 millones de pesos, los cuales se entregaron supuestamente en efectivo vía “canal cerrado”. No se establecieron mecanismos de control que permitieran contar con la documentación para acreditar que los beneficiarios del programa cumplieran con los criterios y requisitos de elegibilidad. No se implementaron los mecanismos de control para que los beneficiarios del programa comprueben la aplicación de los apoyos económicos que recibieron de manera adicional.

No se acreditó el procedimiento o metodología que se utilizó para definir los bienes y servicios necesarios para la entrega de los apoyos en especie. Se realizaron pagos por 400 mil pesos por concepto de servicios de transportación de plantas, sin contar con el formato con el cual se acredita la prestación de ese servicio. No se encuentra actualizado el registro de todos los bienes entregados a los beneficiarios en la herramienta informática de la Subsecretaría de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural.

No se documentó la recepción de artículos en los Centros Integradores Migrantes por 600 mil pesos. No se acreditó que 181 beneficiarios contaran con CURP vigente, ni el apoyo de una persona que presentó baja por defunción, de conformidad con la información del RENAPO; ambos por un importe de 800 mil pesos.

Se determinaron 18 casos de beneficiarios cuyas claves se reportaron con estatus de “Baja por Documento Apócrifo”, 16 claves no fueron localizadas y 14 claves se reportaron con estatus de “Baja sin Uso”, como resultado de la validación efectuada de las CURP ante el RENAPO. Se otorgaron subsidios a mil 459 productores beneficiarios por 8.3 millones de pesos que fallecieron entre 2015 y 2021.

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, a cargo de las actividades de Acompañamiento Técnico, subcontrató el 75.3% del monto del Convenio de Colaboración, 26.3% más a lo permitido que es hasta el 49 por ciento.