Las comisiones unidas de Gobernación y de Puntos Constitucionales hicieron público su proyecto de dictamen en relación a la segunda mitad del Plan B de AMLO, donde no reconocen la modificación de la Cámara de Diputados en relación a la cláusula de ”vida eterna” a partidos políticos con baja votación; sin embargo, el resto del proyecto avanzará.
En los resolutivos del proyecto de decreto se especifica que el Senado “no aprueba la modificación realizada al Artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales por la Cámara de Diputados aprobado el 15 de diciembre de 2022, por no apegarse a lo previsto en la fracción E del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)”.
El resto del Proyecto, desarrollado por las comisiones unidas, será remitido a la Mesa Directiva del Senado de la República y, la Cámara de Diputados será informada de la determinación de las comisiones. Al respecto, trascendió que esta determinación fue tomada así porque, como Cámara de origen, las y los diputados habían aprobado dicha cláusula la vez que avalaron la iniciativa en fast track, por lo que las modificaciones que se realizaron la segunda vez que verificaron la reforma no aplican a menos que sean aplicables en las modificaciones que realizara el Senado.
La cláusula de vida eterna, planteada en la Reforma Electoral promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señala que los partidos grandes podrán traspasar parte de sus votos a los partidos chicos que tengan en su alianza o coalición para que conserven el registro como partido político. Dicha cláusula fue condenada por la oposición parlamentaria, pues sostuvo que se trata de un truco para que los partidos satélite puedan seguir viviendo de las prerrogativas del Estado.
Esto quiere decir que, de aprobarse esta cláusula, el voto de representación directa se vería vulnerado, pues la permanencia de los partidos se debe de adscribir enteramente a la voluntad ciudadana; no obstante, los partidos promotores de la Cuarta Transformación (4T) en el Senado habían salido en defensa de esta modificación legal.
Por su cuenta, los partidos de oposición dijeron que continuarán presentando controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad por cada vez que alguna de las leyes modifica transgreda lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). De tal modo que se esperaría que, si se llegara a aprobar esta parte de la iniciativa, la oposición acudiría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar la “vida eterna” a partidos impopulares.
En este contexto cabe recordar que la “vida eterna” no es un mecanismo nuevo, pues en procesos electorales locales se utiliza este mecanismo; sin embargo, esta modificación a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) no está contemplada de manera federal u homologada entre las entidades, por lo que se había argumentado en favor de esta iniciativa.
Cabe recordar que, en una conferencia de prensa, los líderes del “bloque de contención” habían expuesto sus puntos de vista, donde reconocieron que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados en el Senado (PT, PES y PVEM) cuentan con la mayoría simple que se necesita para aprobar la iniciativa, por lo que destacaron su deseo de que esta iniciativa ya sea ratificada por la Cámara y así poder acudir a la Corte para impugnarla.
Otras características qué observar en el Plan B de AMLO es que los reclamos en relación a la cláusula de “vida eterna” no están directamente vinculados a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la oposición y el Instituto Nacional Electoral (INE), ya que, las modificaciones al marco legal en la Reforma Político-electoral son tan amplias, que el PRI, PAN, PRD, MC y el organismo descentralizado ya promovieron sus propios recursos.
Al respecto, la SCJN debe de atender dichos recursos, valorar las supuestas violaciones y, en razón de ello, emitir una sentencia que será definitiva e irrevocable en relación a la Reforma Electoral, es por ello que diferentes actores políticos han salido a brindar una aproximación a las discusiones que se establecerán al interior de la Suprema Corte.
Unas de las figuras que entraron en choque ideológico fueron Hamlet García contra Lorenzo Córdova, quienes opinaron diferente respecto a la discusión jurídica que se realizará en la SCJN. Por un lado, Córdova ve que con el Plan B se alienta la inviabilidad de unas elecciones confiables y transparentes, además de que se reduce la presencia territorial del INE tanto en módulos como en la instalación de casillas. Del otro lado del espectro estuvo el diputado de Morena, quien mencionó cómo es que con estos recortes presupuestarios y con imaginación, el INE podría trabajar eficientemente sin representar un gasto mayor.