Este 10 de febrero Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó el hallazgo de contratos por un monto cercano a los 58 millones de pesos (mdp) entre la extinta Procuraduría General de Justicia (PGJ) y una empresa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública.
La funcionaria precisó que son cuatro contratos entre la PGJ de la Ciudad de México y la empresa GLAC Security Consulting Risk Management los que se están investigando para determinar si hubo irregularidades.
“Tenemos que ver más allá del personaje si realizaron los servicios, si no se realizaron los servicios y por supuesto si esto era parte de una red. Seguimos investigando algunos otros contratos que pudiera haber”
Las órdenes de pago fueron emitidas entre 2016 y 2017, correspondiente a la prestación de servicios principalmente de diagnóstico integral de capacidades de la Fiscalía Especial de Investigación Antisecuestro.
“Imagínense, García Luna dando capacitación sobre secuestro”, añadió Sheinbaum tras detallar los servicios por los cuales la compañía del exsecretario fue contratada.
La información encontrada hasta el momento será puesta a disposición de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La presunta red con la que García Luna habría robado más de USD 700 millones
Sheinbaum hizo el anuncio sobre los contratos entre la extinta PGJ y la empresa de García Luna luego de que la UIF destapó una red con la que éste presuntamente robó más de USD 700 millones.
Pablo Gómez, titular de la UIF, señaló que el robo al erario público se logró a través de un conglomerado empresarial familiar que obtuvo 30 contratos con diversos organismos de seguridad pública en México. Los recursos obtenidos fueron enviados fuera del país.
“Estos beneficios fueron extraídos al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro a través de la utilización de paraísos fiscales y aplicados a la adquisición de bienes, muebles e inmuebles en el territorio norteamericano, en el estado de Florida”.
Entre los bienes adquiridos con este dinero estarían inmuebles con valor superior a los USD 17 millones 930 mil que la Corte norteamericana ha asegurado y 42 vehículos, algunos de ellos de marcas de lujo como Lamborghini, Maserati, Mustang, Audi, Jaguar y Tesla.
En este contexto la UIF presentó una demanda de carácter civil en Florida, Estados Unidos (EEUU), con el objetivo de que el Gobierno de México recupere los recursos extraídos a través de esta red de peculado en la que estarían implicados García Luna y siete personas más.
Aunque la demanda fue presentada el pasado 21 de septiembre del 2021, fue hasta el pasado 9 de febrero que Pablo Gómez presentó el informe detallado en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La difusión de esta red en la que García Luna estaría implicado coincide con el desarrollo de su juicio en la Corte de Brooklyn. El exfuncionario público enfrenta en total cinco cargos: tres por conspiración para introducir cocaína, uno por pertenencia continua a una organización criminal (el Cártel de Sinaloa) y otro más por emitir declaraciones falsas cuando solicitó la ciudadanía estadounidense.
Presuntamente el exsecretario de Seguridad Pública recibió sobornos por parte del Cártel de Sinaloa a cambio de facilitar sus operaciones para traficar droga hacia EEUU.
García Luna desempeñó importantes cargos durante los sexenios en los que el Partido Acción Nacional (PAN) estuvo en la presidencia de México. Durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012) fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con lo cual comenzó a ser conocido como el súperpolicía de la administración calderonista.
La red de peculado en la que el exfuncionario estaría implicado operó durante y después del gobierno de Calderón.
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