UIF exhibió amparo a Cárdenas Palomino y acusó al Poder Judicial de proteger delitos financieros

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló al Poder Judicial ante su proceder en casos relacionados con delitos financieros que son investigados y expuestos por Hacienda, pero absueltos por jueces y magistrados. Tal es el caso de Luis Cárdenas Palomino, exfuncionario preso en el Altiplano, a quien un Tribunal mexicano lo amparó de las medidas punibles que tomó la UIF tras las pesquisas que realizó.

Pablo Gómez Álvarez, titular de la unidad, apuntó directamente contra los magistrados Jorge Antonio Cruz Ramos, María Elena Rosas López y Pablo Domínguez Peregrina, quienes integran el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa que brindó protección a uno de los súper policías de Felipe Calderón y allegado a Genaro García Luna, y ordenó sacarlo de la lista de personas bloqueadas del sistema financiero.

El exsenador informó que apenas el pasado 25 de enero este Tribunal dictaminó que “la justicia de la Unión ampara y protege a Luis Cárdenas Palomino”, por lo que la Secretaría de Hacienda deberá liberar sus cuentas y bienes bloqueados. Además, el funcionario detalló que la resolución es definitiva e inatacable y que la UIF ya no tiene recursos jurídicos a los que acudir.

“¿Qué significa esto? Significa que la acción del gobierno con el propósito de prevenir actividades ilícitas en el sistema financiero de parte de individuos que están siendo sujetos a procedimientos jurídicos de distinto tipo y que se conoce que realizan actividades de lavado de dinero, son pues liberados del problema (…) por el poder judicial mexicano que debería interesarse justamente por lo contrario”, lanzó Gómez Álvarez durante su exposición en la conferencia mañanera de este 09 de febrero.

La UIF, mediante su responsable, expuso que el argumento por el que los magistrados validaron el amparo de Palomino es malinchista pues, se basa en una jurisprudencia del exministro Eduardo Medina Mora que promueve este tipo de resoluciones al tratarse de un procedimiento meramente nacional y no solicitado por ningún país extranjero. Lo que supuestamente indica una carencia de certeza jurídica.

“El gobierno de México no puede callarse frente a esto porque este no es un problema por colaboración entre poderes, sino de otro orden. Tiene que informarse. (…) No solamente es una criterio malinchista, es un criterio que sirve para convalidar actividades ilícitas y proteger no solamente a criminales de la delincuencia organizada sino especialmente a los corruptos como exservidores públicos y etcétera”, añadió Pablo Gómez.

La situación de Cárdenas Palomino fue expuesta debido a que sus actividades se vinculan a las de Genaro García Luna, quien es actualmente perseguido por la justicia en Estados Unidos. De acuerdo con la UIF, el exmando policial formó parte de la red de corrupción y lavado de dinero que encabezó el exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) según señaló la unidad.

El proceso del que es sujeto García Luna en una corte de Nueva York, no es el único que protagoniza (aunque sí de tipo penal). La UIF informó que se mantiene abierto un juicio civil por el que el gobierno de México pretende que se le regresen más de 700 millones de dólares que el exsecretario de Seguridad y empresas cómplices se apropiaron ilegalmente del erario mexicano y que fueron localizados en Miami, Florida.

“Durante el tiempo que ejerció su cargo como secretario, y posterior a ello, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercarnos. Bajo auspicio de García Luna un conglomerado empresarial obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares y sigue el examen de otras operaciones. Y no hemos terminado”, dijo Gómez como introducción al detallado reporte que brindó.