Administración de Joe Biden podría endurecer restricciones para migrantes que crucen ilegalmente la frontera con México

A lo largo de décadas, miles de migrantes de distintas nacionalidades han abandonado sus países de origen con la única misión de buscar una mejor calidad de vida en Estados Unidos.

No obstante, la esperanza que han tenido por alcanzar el también llamado “Sueño Americano” ha representado tanto para Estados unidos como para México una de las principales problemáticas a enfrentar en conjunto, lo que ha orillado a la administración del presidente Joe Biden a negociar un acuerdo que podría permitir a las autoridades estadounidenses deportar a gran escala a migrantes a través de su frontera sur.

Y es que, la pandemia de COVID-19 acentuó restricciones fronterizas que están próximas a expirar, mientras que la legislación sobre migración permanece detenida en el Congreso de Estados Unidos. Al respecto, miembros de la administración de Joe Biden se han movilizado para poner en marcha un nuevo modelo de aplicación de la ley previo a las elecciones presidenciales del país norteamericano.

Dicho plan permitiría a miles de migrantes entrar legalmente a Estados Unidos, en tanto que aquellos que no sigan las normas enfrentarían graves consecuencias.

De acuerdo con los periodistas de The Washington Post, Nick Miroff, Maria Sacchetti y Kevin Sieff, acelerar las deportaciones de migrantes a través de su frontera con México podría suponer un gran avance para la administración de Joe Biden, quienes han afirmado que los cruces ilegales han aumentado por la incapacidad demostrada para regresar a los emigrantes a su país de origen.

La responsable del tema migratorio durante la administración del expresidente Bill Clinton, Doris Meissner, declaró que no se tenía ningún precedente de deportaciones masivas de migrantes a México por lo que el acuerdo que se busca impulsar podría ser un “cambio juego”.

“Creo que estamos en una nueva era y en un nuevo territorio”, mencionó para los periodistas de The Washington Post.

El acuerdo que buscan impulsar contempla reforzar las medidas que el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense ha tomado para penalizar a aquellos migrantes que crucen ilegalmente a su territorio sin previamente haber solicitado protección a los países por los que transiten en su camino a la frontera sur del país norteamericano.

Dichas medidas crearán una “presunción contra la elegibilidad de asilo”, según lo expuesto por funcionarios de la administración de Joe Biden ante el Tribunal Supremo.

Uno de los argumentos centrales del acuerdo que la administración de Joe Biden busca impulsar es que las deportaciones formales crearán consecuencias legales que son necesarias para disuadir los cruces ilegales, premisa a la que organizaciones civiles y algunos demócratas comienzan a oponerse.

Fuentes anónimas consultadas por los periodistas de The Washington Post declararon que las deportaciones de migrantes a México se llevarían a cabo utilizando el proceso de vía rápida conocido como “expulsión acelerada” de acuerdo con información del Registro Federal, mismo que comenzarían en cuando expiren las restricciones fronterizas del Título 42 relacionadas con la pandemia de COVID-19.

Aunque durante la administración de Donald Trump el Título 42 se convirtió en la principal herramienta de control en su frontera sur, ahora funcionarios del gobierno de Joe Biden han afirmado que sus restricciones han incentivado a los cruces ilegales porque los infractores no se enfrentan a consecuencias legales en caso de reincidencia.

Asimismo, argumentaron que en los últimos dos años se han alcanzado cifras récord de migrantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, situación que dificulta su deportación debido a la tensa relación que mantiene Estados Unidos con dichas naciones.

Con los republicanos utilizando el tema migratorio como arma política en contra de los demócratas ante las elecciones de 2024, la administración de Joe Biden busca un enfoque más estricto utilizando algunas medidas que han propuesto partidarios de la línea dura fronteriza.

La clave en dicha estrategia de los demócratas es México pues aunque el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador ha demostrado tener disposición de ayudar a Estados Unidos con medidas de control fronterizo, el país azteca se ha resistido a readmitir a los deportados que no son ciudadanos mexicanos.

Según lo expuesto por los periodistas de The Washington Post, autoridades mexicanas han insistido en que no aceptarán el acuerdo conocido como “tercer país seguro”, el cual contempla que Estados Unidos permita enviar a México a todos sus solicitantes de asilo.

El acuerdo de deportación que busca impulsar la administración de Joe Biden sería diferente, ya que permitiría a las autoridades mexicanas mantener el control sobre elementos clave, tales como las nacionalidades de las personas sometidas a expulsiones formales.

Servidores públicos del actual gobierno estadounidense afirmaron que las deportaciones rápidas son necesarias para dirigir a los migrantes hacia nuevas vías legales y alejarlos de los traficantes.

De este modo, aquellas personas serán dirigidas a una aplicación en línea llamada CBP One, la cual les permitirá programar una cita de asilo en alguno de los puertos de entrada a Estados Unidos o solicitar un permiso de dos años para vivir y trabajar en el país norteamericano a través del proceso de libertad condicional.

En caso de que los solicitantes de libertad condicional sean aceptados, podrán viajar a Estados Unidos por vía aérea y recibirán una autorización de trabajo por vía rápida. Dicho estatus es renovable y los migrantes aceptados pueden intentar solicitar asilo o algún otro recurso legal una vez que lleguen al país norteamericano, de acuerdo con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense consultados por los periodistas de The Washington Post.

Por su parte, organizaciones civiles defensoras de migrantes han afirmado que el acuerdo de deportaciones que la administración de Joe Biden busca impulsar privará a los solicitantes de asilo de la oportunidad de defender plenamente sus casos además de que se está priorizando la rapidez sobre la justicia y la equidad.

“Los migrantes que son devueltos a México son extrema y particularmente vulnerables a violaciones, asaltos, secuestros y otros tipos de violencia. Esto ha sido muy bien documentado. La administración sabe que esto es una realidad”, declaró Heidi Altman, directora del Centro Nacional de Justicia para Migrantes, a los periodistas de The Washington Post.

La administración de Joe Biden registró más de 251 mil detenciones en su frontera sur durante diciembre, la cifra total más alta de la historia. México y Estados Unidos anunciaron el 5 de enero un acuerdo que permite al Departamento de Seguridad Nacional estadounidense devolver a México hasta 30 mil migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela al mes.

Por su parte, autoridades estadounidenses anunciaron que admitirían a 30 mil migrantes al mes de los cuatro países para llegar al país norteamericano de forma legal utilizando la libertad condicional y el proceso de solicitud en línea.

De acuerdo con la información de los periodistas de The Washington Post, funcionarios de la administración de Joe Biden afirmaron que dichas medidas están funcionando pues los cruces ilegales de migrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela se redujeron en un 97% después de que México comenzara a retener a los migrantes de dichas naciones.

No obstante, el acuerdo de deportaciones que se busca impulsar contempla que aquel migrante no mexicano que cruce ilegalmente la frontera sin solicitar una cita en línea podría ser arrestado, recluido en un centro de detención de migrantes de Estados Unidos, deportado a México y se le prohibiría la entrada al país norteamericano durante cinco años; también se le amenazaría con cargos por delitos graves y una pena de cárcel más larga si intentara una segunda entrada no autorizada.