Exsecretario de Seguridad de San Luis Potosí recuperó su libertad luego de un año

Jaime Pineda Arteaga, extitular de la SSP estatal, se declaró culpable del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, además de pagar la reparación del daño causado

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Jaime Ernesto Pineda Arteaga permaneció
Jaime Ernesto Pineda Arteaga permaneció en el penal de La Pila (Foto: Twitter@jepinedaa)

A poco más de un año de haber sido ingresado a un penal por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de San Luis Potosí, Jaime Pineda Arteaga, logró recuperar su libertad. Esto luego de aceptar su culpabilidad en los hechos por los cuales fue procesado.

Pineda Arteaga ingresó al penal de La Pila a inicios de 2022, tras ser acusado del delito mencionado. En dicho Centro de Reinserción Social permaneció recluido durante poco más de un año, con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, “su defensa decidió conducirse por un procedimiento abreviado marcado en la ley”, informó la Fiscalía estatal.

Y es que el exfuncionario potosino optó por aceptar su responsabilidad y, con la finalidad de recuperar su libertad, pagó la reparación del daño causado al erario de la entidad. Se indicó que la cantidad que tuvo que pagar mediante su defensa legal fue superior a los dos millones 300 mil pesos, según reportes locales.

Fue así como la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí obtuvo un fallo condenatorio contra Jaime Pineda Arteaga, quien se desempeñó al frente de la SSP durante la administración pasada, encabezada por el ex gobernador Juan Manuel Carreras (2015-2021).

Jaime Ernesto Pineda Arteaga (Foto:
Jaime Ernesto Pineda Arteaga (Foto: Twitter@SSP_SLP)

Cabe recordar que Jaime Pineda fue detenido el 11 de febrero de 2022, acusado de los delitos de ejercicio abusivo de las funciones públicas, uso ilícito de atribuciones y ejercicio ilícito de recursos públicos, lo cual pudo significar una condena de más de 12 años de prisión. En un primer momento se indicó que estos hechos tenían que ver con la compra irregular de unos sistemas de videovigilancia, los cuales supuestamente habían sido adquiridos a sobreprecio.

Pero posteriormente se esclareció que las acusaciones en contra del exsecretario de Seguridad eran por la renta de un inmueble que destinó para su uso personal. De acuerdo con las declaraciones del fiscal, Pineda rentó un predio a nombre de la SSP estatal para ocuparlo como oficinas públicas. A pesar de ello, el domicilio tuvo otros fines que lo habrían beneficiado. Se estima que el monto aproximado fue de cuatro millones de pesos, los cuales fueron pagados con dinero del erario.

Fue así que, tras ser detenido y con base en los datos de prueba recabados, un juez de control le dictó una sentencia de dos años y seis meses de prisión. No obstante, su defensa solicitó la suspensión condicional de la pena, debido a la reparación del daño y la aceptación de su responsabilidad, con lo cual Pineda logró recuperar su libertad.

Desde una semana antes, el titular de la Fiscalía estatal, José Luis Ruiz Contreras, ya había dado a conocer que Jaime Pineda podría ser liberado, gracias a las negociaciones de su defensa. “Existe la posibilidad de que se haga la reparación del daño como ha ocurrido en otros casos de exfuncionarios”, comentó a finales de enero ante medios locales.

Jaime Ernesto Pineda Arteaga ingresó
Jaime Ernesto Pineda Arteaga ingresó al hospital el pasado jueves 28 de enero de 2021 (Foto: Twitter@SSP_SLP)

En la última etapa de su estancia en la SSP estatal, Pineda Arteaga tuvo una complicación de salud debido a que dio positivo a COVID-19. Fue a mediados de enero de 2021 cuando el exsecretario de Seguridad informó que había presentado síntomas leves. Al cabo de un par de semanas, sufrió un retroceso en su proceso médico y tuvo que ser intubado, por lo que solicitó a la población la donación de sangre. Finalmente logró recuperarse.

Este cao se suma al de Mónica Rangel, exsecretaria de Salud de San Luis Potosí, quien se declaró culpable de los delitos de uso abusivo de la función pública y asociación delictuosa. Tras aceptar que causó un daño de 22 millones de pesos al simular la compra de plaguicida, recuperó su libertad en mayo de 2021.

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