La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, presentó una iniciativa de ley ante el Congreso para transformar a dicho organismo en una “Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo”.

A través de un comunicado, la CNDH aseguró este 30 de enero que, por un “clamor de las víctimas”, se busca elevar el rango de la institución para “reafirmar su autonomía y potenciar los alcances de su misión”.

Se argumentó que es un órgano surgido durante “el neoliberalismo”, conformado por una “burocracia dorada”:

Por lo anterior, a través de 15 puntos se explicó las propuestas que incluye la iniciativa para reformar el artículo 102 apartado B de la Constitución, y la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos:

1.- La CNDH cambia de denominación y amplía sus alcances para ser la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo.

2.- Incorpora el principio pro persona en todas sus acciones y resoluciones.

3.- Transforma las Visitadurías Generales en Defensorías Generales y las Visitadurías Adjuntas en Defensorías Adjuntas.

4.- Las quejas tendrán en adelante el tratamiento de recursos de exigibilidad. Esto, bajo la lógica de que es obligación de todas las autoridades del estado observar, respetar y proteger los derechos humanos.

5.- Incorpora la facultad de solicitar medidas cautelares o precautorias cuando éstas se requieran para proteger los derechos humanos o para evitar la consumación de daños irreparables.

6.- Las recomendaciones que emita la Defensoría Nacional serán exigibles por ella misma para hacerlas cumplir, sin depender de otro órgano (el Senado) como sucede ahora.

7.- Le asigna a la Defensoría la supervisión la progresividad de los derechos humanos en el Estado mexicano a partir de la evaluación de normas, prácticas administrativas, programas, políticas públicas y del ejercicio del gasto público, del seguimiento a las recomendaciones internacionales que se realicen al Estado mexicano, y del cumplimiento de las resoluciones de las instancias internacionales de derechos humanos.

8.- Hace obligatorio el pluralismo y el equilibrio de género en la composición de su personal, que implican la inclusión de todas las personas, profesiones y capacidades, así como la paridad de género en todos los puestos.

9.- Incorpora la misión de promover una cultura de paz mediante el estudio, la enseñanza y divulgación de los derechos humanos, pero también mediante acciones preventivas que incidan en el comportamiento de la autoridad.

10.- Como una forma de afirmación de su autonomía, la persona titular de la Defensoría Nacional y los integrantes de su Consejo Consultivo serán electos por el pueblo mediante procesos de participación ciudadana, y se elimina su posibilidad de reelección.

11.- Se fortalece el papel del Consejo Consultivo en sus funciones de apoyo, como órgano consultor y de asesoría, pero también se definen los márgenes de responsabilidad de sus integrantes.

12.- También se reafirma la autonomía del organismo eliminando la posibilidad de politizar, o más bien partidizar la interpretación de los derechos humanos y quedar presa de las presiones políticas. Ninguna autoridad o servidor público dará instrucciones a la Defensoría Nacional, y a su vez, ningún funcionario de la misma se sujetará a orientación o presión alguna por parte de aquellos. Además, no podrán participar en actos de proselitismo que comprometan sus funciones e independencia.

13.- Su titular y quien ocupe cargos de alto mando en la Defensoría no podrá buscar un cargo de elección popular en el año siguiente al término de su responsabilidad.

14.- Se privilegia la atención directa a las víctimas, eliminando el intermediarismo que ha dado pie a la negociación de los derechos humanos.

15.- Elimina el requisito discriminatorio de contar con título de licenciado en derecho para su personal y privilegia la experiencia en la defensa de los derechos humanos.}

Al final, la institución destacó que ha iniciado un proceso de acercamiento con los legisladores, “con las víctimas y con organizaciones de las víctimas, y en general con la ciudadanía”, para que se respalde la iniciativa.

Al respecto, el senador Emilio Álvarez Icaza criticó la propuesta de la CNDH al señalar que esta busca convertirse en una “Secretaría de Prensa y Propaganda” al servicio de Morena.

En tanto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) calificó como “modificaciones inadecuadas” a las propuestas de la CNDH, al señalar que el organismo no ha consolidado su autonomía y que la iniciativa se centre solo en la reducción de presupuesto.

Fundada en 1990, la CNDH es responsable de investigar denuncias de violaciones a los derechos humanos, brindar asesoramiento y recomendaciones a las autoridades, y promover la cultura de los derechos humanos en la sociedad mexicana.

Cabe mencionar que para este 2023, el organismo tiene asignados mil 798 millones de pesos de presupuesto.