La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró este miércoles inconstitucional la facultad de la Fiscalía General de la República (FGR) para acceder a información bancaria y financiera sin autorización previa de un juez.

Y es que cuatro de los cinco ministros consideraron que el artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito vulnera el derecho a la vida privada, por lo que prohibió que el Ministerio Público obligue a los bancos a entregar dicha información sin control judicial durante la investigación de un presunto delito.

“La Primera Sala consideró que si bien el derecho a la privacidad, en la vertiente de protección del secreto bancario, no es irrestricto y admite excepciones, para los fines de una investigación penal es necesaria la intervención judicial”, señaló el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo fue el único que votó en contra.

De esta forma, el máximo tribunal del país amparó a Peter Bauer Mengelberg López, cuñado de José Luis Vargas Valdez, expresidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y que desde 2016 es Procuraduría General de la República (PGR) inició la investigación de una probable defraudación fiscal.

Según las indagatorias, el caso inició tras una denuncia anónima sobre supuestos contratos que la Comisión Federal de Telecomunicaciones, hoy Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), habría otorgado de manera irregular a la empresa Consorcio de Litigio Estratégico.

Por lo anterior, la PGR solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la información bancaria y financiera de Bauer Mengelberg.

Fue en mayo de 2022, la Suprema Corte avaló que las autoridades hacendarias federales tenga acceso a los datos bancarios personales para fines fiscales, sin una autorización judicial.

En otras noticias, la FGR impugnó el fallo del juez federal Gregorio Salazar Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, ubicado en el Altiplano, quien absolvió a científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), acusados por delincuencia organizada y lavado de dinero por las supuestas aportaciones ilegales del Conacyt por 244 millones de pesos, confirmaron fuentes cercanas al caso

El caso se turnará a un tribunal colegiado para que en los próximos días determine si confirma, revoca o modifica la determinación del impartidor de justicia.

Los científicos e investigadores Julia Tagüeña Parga, ex directora adjunta del Conacyt, José Franco y Gabriela Dutrénit Bielous, ex coordinadores del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología (FCCyT), libraron en forma definitiva las acusaciones

La carpeta de investigación abierta contra los científicos fue iniciada por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y comprende la posible comisión de ilícitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y delincuencia organizada.

En 2020 se inició una primera investigación, la cual no fue judicializada y a principios de 2021 se abrió una nueva pesquisa, que era la base de las acciones emprendidas por el Ministerio Público.

En audiencia de 13 de enero de 2023, el juez federal Gregorio Salazar Hernández, resolvió dictar el sobreseimiento del proceso penal a favor de cinco de los 31 científicos investigados por la FGR por delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos de corrupción.