Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, adelantó que el miércoles 25 de enero, las bancadas que componen la coalición Va por México, PRI, PAN y PRD, promoverán otro recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidar la Reforma Electoral de AMLO.
También conocido como el Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en materia político-electoral, va a ser objeto de otra controversia de la oposición, esto porque dicha facción política buscará su invalidez total, pues le parece que tiene la intención de debilitar la democracia mexicana.
A través de una conferencia de prensa celebrada este martes 24 de enero, el abanderado del Partido Acción Nacional (PAN) que quiere ser presidente en 2024 señaló que los opositores acudirán a presentar estos recursos para evitar que las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social (LGCS) y la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) entre en vigor.
“Les anticipo que el día de mañana, estaremos presentando, desde la Cámara de Diputados, a través de los grupos del PRI, del PAN y del PRD una nueva acción de inconstitucionalidad, controvirtiendo igualmente las reformas que se hicieron a la Ley de Comunicación Social, por una parte, y por la otra, a la que rige a los servidores públicos”
De acuerdo con el diputado federal, estas acciones de inconstitucionalidad son “porque se han autorizado que los servidores públicos hagan campaña, que la propaganda que realicen, simple y llanamente, no se tome en cuenta para ningún tipo de sanción y, además, han disminuido las sanciones”.
Es por ello que acusó que si estas reformas entran en vigor, harían que la competencia electoral sea totalmente inequitativa, pues inclinaría la balanza en favor de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el candidato que de ahí emane. Al respecto, sentenció que esto viciaría el proceso que se realizará el próximo año y espera, junto con su partido político, que la Corte opine igual para echar para atrás la Reforma Electoral de AMLO.
“Todo esto hace que las campañas se adelanten y que no exista, prácticamente, sanción alguna por el hecho de que los funcionarios o servidores públicos hagan campaña, fundamentalmente, las corcholatas que reciban aportaciones y que estas se traduzcan en su promoción y en propaganda política”
Se recuerda que no es la primera controversia que presenta Va por México, ya que el lunes 23, los líderes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) acompañaron al PAN a la SCJN para promover algo similar. Lo cual es congruente, pues desde que se aprobó la iniciativa, en diciembre de 2022, la oposición dijo que apelaría ante la Corte.
En este sentido, reiteró que se vulnera constitucionalmente los procesos de campaña; sin embargo, es el oficio donde se especificará que esto ocurriera de esa manera, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos (CPEUM) no puede ser violada por ninguna ley secundaria. Aunque, es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) la encargada de ello que se puntualizó.
Sin embargo, el primer proceso contar el Plan B ya fue echado a andar, y en este se condena que se trata de una iniciativa a modo para que cualquiera de las llamadas corcholatas de AMLO (Ebrard, López y Sheinbaum) gane las elecciones presidenciales de 2024; sin embargo, al leer el texto aprobado por diputados y senadores, se encuentra que no se contradice a la Constitución, al menos no en lo señalado por Margarita Gómez del Campo en un video que difundió en redes sociales.
Al respecto, el artículo constitucional que regula la Ley General de Comunicación Social es el 134, en referencia a esta materia dice: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social […] deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
Y el texto de la Reforma Electoral, en la LGCS señala que queda prohibido difundir Campañas de Comunicación Social cuyo contenido tenga por finalidad destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier persona servidora pública, por lo que las y los magistrados de la SCJN deberán de leer atentamente todos los señalamientos de la oposición, así como la iniciativa morenista y la CPEUM.
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