Un escándalo que envuelve a Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano (MC), fue denunciado desde una tribuna pública en la Cámara de Diputados. Este caso, además de presentar numerosas inconsistencias y presuntas violaciones a los derechos humanos, podría representar una ganancia comercial de casi 14 mil 800 millones de pesos, mismos que se quedarían en unas cuantas manos y dañaría la calidad de vida de miles de mexicanos.
Se trata de la venta del Parque Huentitán, una transacción que se realizó en 2016 a través de la firma de un convenio del ayuntamiento de Guadalajara, cuando Alfaro Ramírez era alcalde, con una empresa privada; este trato tuvo como consecuencia el descontento de los pobladores de Huentitán quienes emprendieron diversas tareas para evitar que este “despojo” se lleve a cabo.
De tal modo que este martes 24 de enero, líderes del movimiento en protección del parque llegaron a la Cámara de Diputados, acompañados de la legisladora Cecilia Márquez Alkadef Cortes, de Morena, para detallar lo ocurrido en materia administrativa, las omisiones del gobierno de Movimiento Ciudadano, la presunta corrupción que favoreció a los intereses privados, la persecución de la que son objeto y los atropellos a sus derechos humanos.
A pesar de que señalaron que todos sus métodos de resistencia civil fueron legales, pacíficos y de organización ciudadana, las autoridades judiciales y ejecutivas actuaron de manera coercitiva, a tal grado de que incluso se llegó a encarcelar a un grupo de jóvenes bajo el cargo de “despojo a particulares”; sin embargo, el encarcelamiento duró poco y uno de ellos pudo difundir el mensaje.
Fue entonces cuando Javier Armenta expuso las condiciones de la transacción establecida entre Guadalajara y Operadora Hotelera Salamanca/Hoteles Rivera de Lux. De acuerdo con el defensor de este espacio público, cada metro cuadrado del parque cuesta 12 mil pesos, por lo que el costo de los 136 mil metros cuadrados de éste sería de mil 632 millones de pesos; sin embargo, Enrique Alfaro cerró el trato por 688 millones de pesos.
Aunado a ello, se acordó que el pago se realizaría más tardar en 2019; sin embargo, esto no ocurrió. En caso de que la empresa hiciera uso del suelo, de acuerdo con lo prospectado, en el parque se construiría un proyecto inmobiliario de más de mil 800 departamentos con un valor de 3 millones de pesos cada uno, un centro comercial, un hotel y un mercado. En total, las obras tendrían un valor comercial de 14 mil 800 millones de pesos y es este interés económico el que acusan que corrompió al gobierno para dar preferencia a la empresa y no a sus habitantes.
Este no es el primer desarrollo de esta naturaleza en la zona, de hecho los vecinos han denunciado que por estos proyectos han visto afectada su calidad de vida, ya que el abasto de agua potable se ve comprometido, así como la calidad del vital líquido.
“Un proyecto de 14 mil 800 millones de pesos y sólo pagarle a la ciudad 688 millones de pesos, eso es un robo, eso sin mencionar lo que representa el parque”
Pero las inconsistencias no terminan ahí. Armenta dijo que los alcaldes subsecuentes a Enrique Alfaro debieron de poner fin al convenio establecido con la empresa, pues se excedió la fecha límite de liquidación de los 688 millones de pesos; no obstante, agregó, a modo de competencia para Alfaro Ramírez, “su jefe político”, se negaron a hacerlo. Dicha omisión, “porque la omisión también es corrupción”, dijo, le corresponde a Pablo Lemus.
Fue entonces cuando inició la persecución contra los vecinos y personas interesadas en el Parque Resistencia Huentitán, pues tanto Javier como otros cuatro compañeros de lucha fueron encarcelados cinco días por “generar un despojo a particulares”; sin embargo, cuestionó que si el pago no está realizado, el parque sigue siendo público. Además, recordó cuando fueron desalojados por la madrugada por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
“Son cobardes. Los defensores o quienes alzamos la voz por la justicia y por el medio ambiente nos persiguen. Esa es la criminalización que padecemos en Jalisco”
Como si esto no fuera suficiente, destacó que en el caso judicial del que es sujeto, el juez no puede llevar el caso, pues existe un evidente conflicto de interés que involucra a la esposa del versado en derecho con el caso del Parque Resistencia Huentitán.
“Hoy, somos víctimas de una persecución política y de un conflicto de interés. El juez Felipe de Jesús Rivera, que nos está juzgando y nos puso en prisión preventiva, su esposa está denunciada penalmente por personas como yo, porque ella fue síndico del ayuntamiento y tuvo la responsabilidad, en 2021, de cancelar este convenio y fue omisa”
Esto quiere decir que, por la relación con su esposa, el juez no debería de atender el caso, pero lo hace.
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