En días pasados, el presunto autor intelectual del intento de feminicidio en contra de María Elena Ríos, el exdiputado del Partido de la Revolución Institucional (PRI), Juan Antonio Vera Carrizal, obtuvo un cambio de medida cautelar debido a su estado de salud.
Sin embargo, esto fue acusado como un acto de corrupción por parte de la instrumentista oaxaqueña, quien ha afirmado que el juez responsable de la determinación y otras personas en altos cargos del estado estarían favoreciendo al exfuncionario y empresario para que saliera libre.
Ante esto, los diputados de los partidos que conforman la coalición Va por México (PRI, PAN, PRD), en compañía de Olimpia Coral Melo, responsabilizaron al gobierno del morenista Salomón Jara Cruz por la vida de la saxofonista y de la impunidad en el estado. Asimismo, dieron espacio en el recinto para que diera su testimonio.
“El día de hoy yo vengo como lo que soy, María Elena Ríos Ortiz, sobreviviente de un intento de feminicidio perpetrado con ácido en donde en la audiencia, en la tortura institucional que comenzó el lunes 16 de enero, se me llegó a criminalizar por parte del juez Teódulo Pacheco Pacheco diciendo que no se trata de feminicidio porque estoy viva. Como si estar viva en este país fuera un delito”.
Contó que la nueva medida no servía especialmente en alguien que estaba en un sistema de opresión por su economía y principalmente por la falta de acreditación de pruebas para que se le otorgara la medida.
Acusó igualmente que el juez Pacheco Pacheco, en complicidad con Eduardo Pinacho Sánchez, presidente del Tribunal Superior del estado de Oaxaca, fue sobornado por Vera Carrizal para que le favoreciera durante la audiencia para que obtuviera la modificación de la medida cautelar, la cual denunció que no serviría para mantenerlo cautivo.
“Tienes el cinismo, César Pinacho, de declarar que Juan Antonio Vera Carrizal solamente va a estar en su domicilio cuando sabemos muy bien que no existía prueba alguna para ese arraigo domiciliario (...) Se le concedió un brazalete que compraron a una empresa privada, como si la empresa privada me fuera a dar a mi un informe de que Juan Antonio Vera Carrizal va a estar en su casa”.
Pues declaró que las pruebas presentadas en la audiencia no eran suficientes ni verídicas para que se le otorgara dicha medida. Por ejemplo, acusó que se habían presentado fotografías en las que se demostraba que el domicilio en el que permanecerá no cuenta con las medidas para que no se dé a la fuga.
Y a pesar de asegurar que ella no es la víctima que el gobierno quiere por no mantener el silencio y el miedo, dijo temer por su vida y la de su familia: “Vengo el día de hoy porque tengo miedo que me maten”.
Reconoció el apoyo de Olimpia Coral Melo, impulsora de la Ley Olimpia, quien dijo ser testigo de la campaña de violencia en su contra por parte del exdiputado priista, quien “tiene el poder político y económico” para volver a llevar un ataque en su contra.
Tras lo expuesto, pidió la renuncia de Pinacho Sánchez, así como el inicio de una carpeta del juez Teódulo Pacheco junto con su renuncia. También dijo que no se le ha dado el acceso a una impugnación a la determinación dada el viernes pasado.
“Exigimos también una investigación de las personas que están detrás de todo esto porque esto está maquinado desde hace mucho tiempo (...) Cualquier cosa que le pase a mi familia, incluyendo a mis menores de edad, a mis abogadas y a la Ministerio Público, hago responsable directo a Juan Antonio Vera Carrizal y a las personas que lo están protegiendo”.
Por último, dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) rechazó la atracción de su caso al alegar que no era de su competencia y en cambio debía ser a nivel estatal. Mientras reconoció al gobernador Jara Cruz por reconocer la falta de justicia en el caso.
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