Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, informó que impulsa una iniciativa de reforma para evitar y sancionar la injerencia del crimen organizado en las justas electorales, donde los partidos políticos podrían perder el registro, las lecciones puedan ser suspendidas y los responsables recibirían de 15 a 30 años de prisión como castigo.
A través de un boletín oficial, el abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) informó este lunes 23 de enero que la pérdida de registro como partido, así como su disolución aplicará cuando se compruebe que algún delincuente o asociación delincuencial intervenga durante el proceso electoral en favor de alguien. Además, el proceso se vería suspendido si se asesina a algún candidato. Y la privación de la libertad se aplicará a quien, por omisión o acción, permita la participación del crimen organizado.
Para poder determinar la responsabilidad de estos actos, Moreira Valdez indicó se debe de investigar de dónde viene el financiamiento de las campañas, además de dar herramientas al Instituto Nacional Electoral (INE) y blindar los comicios para castigar a quien intente intervenir en ellos, esto, ante los múltiples atentados que se han llevado en las últimas elecciones.
Señaló que, ante el clima de inseguridad que aqueja al país y frente a los hechos delictivos contra aspirantes y candidatos, se deben instaurar dos figuras adscritas al órgano electoral, las cuales tendrán la misión de proteger los procesos electorales en todas sus etapas y asegurar el voto libre sin la injerencia de grupos delincuenciales.
La primera de ellas es la del “Comisionado Electoral”, quien formará parte del INE y, entre sus atributos, se especifica que deberá de ordenar medidas de vigilancia preventiva y de protección para candidatas y candidatos a elección popular, así como a sus familias; además de elaborar protocolos de actuación en coordinación con los tres niveles de gobierno en materia de investigación y persecución de la posible filtración del crimen organizado en las elecciones.
Aunado a ello, planteó la creación del “Observatorio Electoral”, quien investigará lo relacionado con las quejas y procedimientos en materia de indicios de injerencia criminal; además de regular la propaganda y la disposición de los partidos como instituciones públicas para enfrentar la presencia del crimen organizado en los procesos electorales.
“Los partidos se deben pronunciar contra el narcotráfico, tanto en las campañas como en sus documentos básicos. A los candidatos se les debe prohibir hacer apología del crimen”
Los nombramientos de los titulares de estas figuras serán entre el INE y la Cámara de Diputados; plantea modificar los artículos 19, 34, 41 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), por lo que dicha iniciativa requerirá de mayoría calificada para poder ser avalada en el Congreso de la Unión, es decir, necesitará del apoyo de Morena para ser aprobada.
Finalmente, especificó que será el Pleno de San Lázaro quien pondrá al Comisionado Electoral, mientras que el Consejo General del INE, a propuesta de su presidente, designará al titular del Observatorio Electoral. Por su cuenta, Graciela Sánchez, diputada federal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), consideró que sí apoyaría la iniciativa de reforma constitucional que impulsa el diputado Rubén Moreira.
La también presidenta de la Comisión de Reforma Política-Electoral vio con buenos ojos sancionar a las personas y partidos políticos que consientan la intervención del crimen organizado en las elecciones y campañas.
“Es necesario tener mayores controles y también hacer seguimiento a todo esto que está pasando. Yo creo que nadie estaría en desacuerdo en que no tenemos que dejar que se involucre el tema de la organización criminal en las campañas”, señaló en favor de la creación de las dos figuras propuestas por el líder del PRI en San Lázaro.
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