Monreal cuestionó los mecanismos de control y rendición de cuentas del Poder Judicial

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, publicó un texto en donde critica los mecanismos de control internos establecidos en el Poder Judicial, pues estos son menores en comparación con los otros dos poderes (Ejecutivo y Legislativo).

A través de su página oficial y en un contexto particular donde este poder cobrará relevancia en las próximas semanas, el abanderado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) señaló que en la gran relojería constitucional y de contrapesos, los poderes Ejecutivo y Judicial están sometidos constantemente a procesos endógenos (internos) y exógenos (externos), mismos que podrían llegar a ser atendidos por el propio Poder Judicial.

Respecto al Ejecutivo (presidencia y secretarías de Estado), dijo que es el poder “más vigilado, fiscalizado y sometido al escrutinio público en la historia reciente”. En ese sentido, negó que sea el más débil o vulnerable, pero sí el más fácilmente enjuiciable; aunado a ello, agregó que el Legislativo suele someterse a controles, fiscalizaciones y observaciones de los otros Poderes.

En este contexto, el aspirante a la presidencia de México señaló que “el reto es guardar el equilibrio, la armonía y la coordinación” entre poderes, particularmente el establecido entre el Ejecutivo y el Judicial; no obstante, destacó el estado de inequidad entre éstos, pues el Judicial sólo se somete a mecanismos endógenos de control.

Al respecto, enfatizó que dicho poder cuenta con instrumentos que funcionan como “armas poderosas de contrapeso” contempladas en la Constitución: el amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad; motivo por el que señaló los instrumentos revisorios del ejecutivo y legislativo.

Bajo esta lógica, recalcó que para el Poder Judicial las únicas instancias de enjuiciamiento son el Consejo de la Judicatura y la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo cual tiene como consecuencia que sea “altamente impermeable a la rendición —social y ciudadana— de cuentas”.

Este planteamiento llegó en un contexto particular para la máxima autoridad de dicho poder, pues la SCJN recibió esta semana los recursos de inconstitucionalidad promovidos por la coalición Va por México, integrada por el PRI, PAN y PRD, contra la Reforma Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Y es que, de acuerdo con la oposición, el llamado Plan B de AMLO es un atentado a la democracia que privilegia las elecciones de Estado y al partido-gobierno, motivo por el cual acudieron a la Suprema Corte para que se invalide todo aquello que contravenga a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

Sin embargo, los opositores no han especificado cómo es que el Plan B viola la Constitución. Lo que han proporcionado a medios de comunicación y en videos que circulan en redes sociales es una versión de cómo es que la Ley General de Comunicación Social (LGCS) y la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) contraviene la Carta Magna, pero al atender estas menciones, se revela que no es cierto.

El PAN, por ejemplo, sostiene que el Plan B promueve las agresiones a opositores amparados por “la supuesta libertad de expresión”, además de limitar la publicidad de estados y municipios y promover logros de gobierno fuera de los tiempos establecidos; sin embargo, el Artículo 134 constitucional (que es el que trata estos temas) no lo especifica; asimismo, todo lo demás, se resuelve en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

Y es en este contexto donde Ricardo Monreal, quien busca la presidencia, señala que los mecanismos de control al Poder Judicial son limitados en comparación al Ejecutivo y Legislativo y, por el otro lado, la facción opositora, buscará que los recursos promovidos contra el Plan B sean resueltos a la brevedad.

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