Ante la solicitud de juicio político contra Yasmín Esquivel, magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), promovida por Germán Martínez Cázares, senador de la república, Hamlet García, diputado de Morena, salió a explicar que sí es procedente, pero hay fila para que la versada en derecho sea sometida a este proceso. “Primero en tiempo, primero en derecho”, recordó.
Durante una breve declaración a medios de comunicación, el abanderado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) señaló que el criterio de las solicitudes de juicio político es de carácter cronológico, esto quiere decir que se atenderán conforme al orden de los expedientes recibidos por la Subcomisión de Examen Previo, que está integrado por las y los diputados de las comisiones de Justicia y de la de Gobernación y Población.
En este sentido, mencionó que están pendientes los juicios políticos de otros funcionarios y, para que proceda el de la magistrada Esquivel Mossa, primero se tienen que desahogar los de otras personas servidoras públicas, como por ejemplo, el de Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE). Asimismo, dijo que existe la posibilidad de acelerar el proceso de la egresada de la UNAM, pero, hasta el momento, no hay elementos que lo justifiquen.
La consecuencia negativa que podría tener un juicio político sobre cualquier persona servidora pública, sin importar el rango que ésta tenga, es la destitución y la inhabilitación de ejercer como trabajador del Estado en cualquiera de los tres poderes a cualquier nivel de gobierno y el plazo límite para que éste proceso se realice es un año después de que deje servir para la nación.
“El juicio político, conforme a la Constitución y las leyes secundarias, se puede presentar y se puede analizar hasta un año después de que los servidores públicos de alto perfil han dejado el cargo”
Respecto a la aceleración del proceso contra la magistrada, García Almaguer especificó que el demandante puede pedir que la Subcomisión de Examen Previo revise el caso bajo el criterio de urgencia. Para dejar claro este punto, el morenista planteó de manera hipotética que se puede solicitar la urgencia en caso de que un servidor público esté a punto de cumplir el año de haber dejado el cargo.
Entonces, para que se inicie el proceso de juicio político contra Yasmín Esquivel Mossa y como no se han promovido criterios para ser atendido de manera urgente, primero se debe de iniciar el proceso de juicio político contra Lorenzo Córdova, el cual tiene fecha límite de 3 de abril de 2024.
Aunado a ello, se recuerda que existen otros funcionarios pendientes de juicio político, como Ciro Murayama, consejero del INE; Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR); Jaime Bonilla, ex gobernador de Baja California; y las más de 100 solicitudes de juicio político que quedaron acumulados de la pasada legislatura, como el solicitado contra Gerardo Fernández Noroña, por lo que el proceso contra la magistrada, en caso de que se promueva, no se vislumbra en un futuro inmediato.
Martínez Cázares acudió ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados donde presentó la demanda de juicio político. “¿Con qué cara le van a enseñar a los alumnos? ¿Con qué cara van a reprobar a los alumnos de la UNAM? o ¿Con qué cara les van a exigir un buen desempeño académico? si un engaño, un robo, un delito puede hacerlos veterinarios, ingenieros médicos o abogados”, cuestionó.
“Yo espero que se retire Yasmín Esquivel de la Suprema Corte. Sí, de patitas a la calle de Pino Suárez”, sentenció. Además, refirió que el Artículo 67 de la Ley de Profesiones estipula que se puede cancelar el título en el Registro de Profesiones por resolución de la autoridad competente.
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