Por qué la UNAM y la SEP sí podrían quitarle el título a Yasmín Esquivel y qué seguiría en su juicio político

Desde finales de 2022 el escándalo por el plagio en la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel ha escalado en la opinión pública, debido a que pondría en duda la capacidad de la integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para analizar, discutir y votar asuntos judiciales de trascendencia nacional.

Mismo que se ha profundizado con la posición que han adoptado la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) al indicar, de forma individual, que carecen de los mecanismos para retirarle el título de licenciatura en Derecho, así como la correspondiente cédula profesional. Conviene recordar que, en caso de que decidan quitarle dichos documentos, ella tendría que abandonar su cargo.

Ante dichas posturas, Infobae México entrevistó al abogado Abraham Cano, quien presentó una denuncia ante la Cámara de Diputados para que la ministra enfrente un posible juicio político al considerar que faltó a las responsabilidades como servidora pública; además, abordó cuáles podrían ser los mecanismos que tanto la Universidad y la dependencia federal podrían realizar para quitarle el título a Esquivel Mossa.

El licenciado en Derecho tildó de “preocupante” la postura que ha adoptado la máxima casa de estudios frente al caso, pues indicó que, aunque se argumentó —en comunicado oficial, así como en declaraciones por parte del abogado general de la UNAM y el rector— que no se cuenta con la tipificación para retirarle el título; en realidad sí existen mecanismos para llevar a cabo la acción.

“(Me molesta) el silencio que está manifestando la UNAM con el hecho de no tomar decisiones claras de retirar el título porque hay muchas vías jurídicas por las cuales sí se puede hacer; sin embargo, también me lastima mucho el hecho de decir que la UNAM permite que sus estudiantes hagan plagio de sus tesis y salgan adelante con ello”, expresó.

De acuerdo a lo que Cano detalló, el primer problema que tiene la Universidad es el incorrecto entendimiento de la autonomía, pues indicó que ésta no impide que se cumplan las leyes mexicanas, por lo que destacó que el camino que debió de adoptar la Universidad fue emitir un procedimiento oficial ante la SEP, no un comunicado, para que la Dirección General de Profesiones iniciara otro para retirar la cédula profesional y cancelar el grado.

Sin embargo, el especialista en Derecho también cuestionó el actuar de la dependencia federal, pues enfatizó que su actitud es de escudarse en el hecho de que debe de existir una sentencia firme en contra de la persona a la que se le retirará el título, en este caso la ministra; sin embargo, explicó que en las leyes que reglamentan dichos actos se prevé que una autoridad sí puede solicitar que la Secretaría actúe.

Ante la postura de las dependencias educativas, el abogado consideró que lo que hicieron ante la ciudadanía solo fue mostrar “tibieza política” frente a una autoridad; por lo que confió en que la Comisión de Honor, del Consejo Técnico, le retire el título a la ministra con el fin de que se reivindique el papel de la UNAM ante la ciudadanía.

Por otro lado, el egresado de la Facultad de Derecho detalló a Infobae México que fue el pasado martes 17 de enero —ratificada un día después— cuando presentó la denuncia en contra de la ministra ante la Cámara de Diputados, con el fin de que se analice la procedencia del caso que, finalmente, resolverá el Senado de la República.

Al detallar cómo será el proceso que se llevará a cabo, Abraham Cano puntualizó que la denuncia que él presentó, en realidad, la puede hacer cualquier ciudadano, tal como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en su artículo 110, así como la propia ley que regula el procedimiento.

Asimismo, explicó que el mecanismo que él introdujo es un medio de rendición de cuentas que establece la Constitución para los servidores públicos de alto rango, razón por la cual no puede ser presentada por otras autoridades, a menos que exista una carpeta de investigación en alguna de la Fiscalías.

“La Cámara de Diputados va a fungir como un órgano de investigación y acusación, como si fuera un Ministerio Público, previo a esto, la Subcomisión de Examen Previo tendrá 30 días hábiles para analizar y recuperar las pruebas, además de notificar a Esquivel Mossa que existe un proceso en su contra. Una vez que se armó como tal la investigación en la Cámara de Diputados, pasa a la Cámara de Senadores y quien va a establecer la sanción en contra de la ministra sería la Cámara Alta”, puntualizó.

En caso de que el Senado de la República inicie el procedimiento de juicio político y sea encontrada culpable, tal como lo contempla la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la ministra podría enfrentar su separación del cargo, además de la inhabilitación de entre tres, cinco o 10 años del servicio público.

Una vez que suceda dicha acción, México no entraría en ningún conflicto constitucional, debido a que el puesto quedaría vacante y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) deberá de seleccionar una terna con el fin de que la Cámara Alta decida a la persona más capaz para formar parte de la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

No obstante, puntualizó que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación podría debatir y sancionar si la ministra cuenta con las capacidades para seguir al frente de la Corte, por lo que indicó que será interesante saber cuál será la postura que este poder asuma.

Por otro lado, el abogado mostró su rechazo con la postura que ha tenido la ministra, pues la acusó de haberle mentido al Senado cuando compareció ante ellos al no indicar que su trabajo de titulación era plagiado: “Yasmín Esquivel sabía que había plagiado su tesis y no se lo informó al Senado de la República cuando se postuló”.

Finalmente, confió en que, antes de que se tome una decisión respecto al juicio político, la ministra dimita de su cargo y dé paso a una nueva era para el Poder Judicial, en donde recuperen la credibilidad como institución que, desde su perspectiva, han perdido al permitir que la integrante de la Sala Superior continúe en las sesiones que se han llevado a cabo.

“Honestamente espero que la ministra, antes de que se llegue a alguna resolución del juicio político, dé un paso adelante y se retire del puesto porque no cuenta con las capacidad suficientes para hacerlo. No hablo de las capacidades jurídicas, sino hablo de las capacidades éticas como servidor público que deben de contar y que esperamos los ciudadanos”, concluyó.

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