El Poder Ejecutivo propuso a Daniel Eduardo Rafecas para ocupar la Vocalía 7 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. La solicitud dirigida al Senado de la Nación lleva la firma del presidente Javier Milei y de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, nominó a Rafecas para integrar la Casación Nacional en base al resultado del concurso por el que postuló al cargo en 2018. Se trata del tribunal que revisa las sentencias de los 30 tribunales orales en lo criminal de la ciudad.
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Rafecas aspira a la Casación después de 22 años como juez federal y con una carrera judicial que comenzó en 1986, cuando tenía 19 años. Desde su entorno, señalaron que el magistrado está dispuesto a concretar el ascenso, que implicaría volver al ámbito en el que se formó: la Justicia Nacional en lo Criminal.
La candidatura, que surge luego de la frustrada propuesta para que fuera procurador general, representa un ascenso tras su trayectoria en los tribunales de Comodoro Py.
Antecedentes
La trayectoria de Daniel Rafecas en la Justicia federal abarca causas por delitos de lesa humanidad, corrupción, terrorismo y libertad de prensa. En varios de esos expedientes, sus resoluciones derivaron en procesamientos, elevaciones a juicio o medidas de prueba.
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Entre las investigaciones por corrupción, estuvo a cargo del caso de las coimas en el Senado, que elevó a juicio. También ordenó los primeros allanamientos en la causa Ciccone, vinculada con la empresa encargada de imprimir billetes.
Su juzgado intervino, además, en el expediente por los gasoductos asociados a Odebrecht. En esa causa procesó y envió a juicio al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y a otros acusados. A su vez, dictó el procesamiento del ex jefe del Ejército César Milani por enriquecimiento ilícito.
En el caso de los bolsos de José López, Rafecas ordenó la detención del ex secretario de Obras Públicas, lo procesó y remitió el expediente a juicio.
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En la causa por los crímenes del Primer Cuerpo del Ejército, investigó el accionar de unos 300 represores y procesó, entre otros, a Jorge Rafael Videla, Albano Harguindeguy, Reynaldo Bignone y Ramón Graffigna.
También dispuso una medida alternativa para tres menores identificados como skinheads: debían asistir a una clase en el Museo del Holocausto, en reemplazo de una sanción penal.
En relación con el atentado contra la AMIA, procesó a nueve ciudadanos iraníes y libaneses acusados de ordenar o ejecutar el ataque. La resolución se basó en la ley de juicio en ausencia, que permite avanzar en el proceso contra imputados que no están sometidos a la jurisdicción argentina.
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En la denuncia que presentó el fiscal Alberto Nisman por el memorándum con Irán, Rafecas dispuso la desestimación en dos oportunidades. Esas decisiones fueron confirmadas por la Cámara y por el fiscal de Casación.
Entre sus medidas más recientes figuran los archivos de las denuncias que el presidente Javier Milei presentó contra los periodistas Carlos Pagni y Ari Lijalad. Las resoluciones estuvieron vinculadas con la protección de la libertad de prensa.
También archivó una denuncia por el viaje a Estados Unidos de la esposa del ex vocero presidencial Manuel Adorni dentro de una comitiva oficial. La fiscal Mangano entendió que no había delito y no impulsó la investigación.
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En otro expediente, ordenó el allanamiento y el decomiso de una quinta atribuida a directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Pilar. En el procedimiento se secuestraron 64 vehículos.
Su eventual llegada a la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional modificaría sus funciones dentro del sistema judicial. Dejaría las investigaciones de primera instancia para intervenir en la revisión de sentencias dictadas por tribunales orales.
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