Reforma procesal: jueces de tribunales orales federales pidieron frenar una posible unificación de funciones

Los jueces de los tribunales orales federales de la Ciudad de Buenos Aires cuestionaron una eventual unificación de sus funciones con las de los magistrados de garantías durante la implementación del Código Procesal Penal Federal prevista para febrero próximo. Advirtieron que esa medida podría afectar la continuidad de juicios complejos, recargar agendas ya comprometidas y desnaturalizar el rol de los magistrados de debate.

En una nota dirigida al presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación y presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, el Colegio de Jueces de Tribunales Orales Federales de la CABA reclamó ser convocado a las mesas de trabajo previas a cualquier modificación de competencias. El documento también cuestiona las proyecciones sobre una posible baja de trabajo en esos tribunales y destaca que las agendas de debates para 2027 ya están completas.

“Podría correrse el riesgo de una toma de decisiones apresuradas, basadas en necesidades concretas o consideraciones teóricas pensadas para otro tipo de delitos, objetivos o jurisdicciones”, señalaron los magistrados en la nota que remitieron.

Diferencias entre jurisdicciones

El planteo se produce ante la inminente aplicación del sistema acusatorio en la justicia federal de la CABA. Los jueces sostuvieron que la adecuación del nuevo procedimiento a causas de criminalidad organizada requiere la intervención de quienes conducen los debates orales y resuelven los expedientes más complejos.

Según indicaron, la experiencia del fuero puede aportar a cuestiones prácticas que inciden en la etapa de juicio, como la incorporación de expedientes administrativos extensos, documentación voluminosa y peritajes cuya reproducción íntegra en audiencia oral resulta difícil.

También alertaron que una solución idéntica para todas las jurisdicciones no contemplaría las diferencias en volumen y tipo de casos. Mencionaron, entre otros factores, la existencia de procesos por corrupción y criminalidad organizada, la competencia multifuero de algunos magistrados y el impacto de delitos como el narcomenudeo.

“La búsqueda de una solución uniforme para situaciones tan disímiles sería infructuosa”, afirmaron en la presentación.

Estadísticas cuestionadas

Los jueces objetaron las estadísticas que calculan la carga laboral de los tribunales orales únicamente a partir de las horas de audiencia. Indicaron que esa evaluación deja afuera tareas habituales como el estudio de informes periciales, el análisis de prueba documental, la redacción de sentencias y las decisiones vinculadas con la ejecución de las condenas.

El documento afirma que las agendas para 2027, tanto de juicios colegiados como unipersonales, ya están cubiertas. “Se han fijado audiencias de juicios de relevancia incluso en días sábados”, señalaron los magistrados. Esto acaba de ocurrir por ejemplo para el juicio en la causa Los Sauces que tiene como acusada a la expresidenta Cristina Kirchner.

La nota describe que, ante vacantes, recusaciones y excusaciones, los integrantes de distintos tribunales orales federales debieron coordinar agendas e integraciones para sostener los debates. Para los firmantes, esa dinámica consolidó en los hechos un funcionamiento similar al de un colegio único de jueces.

Tiempo destinado a los debates y las sentencias

Los jueces advirtieron que la asignación de nuevas competencias sobre cronogramas ya comprometidos puede afectar la capacidad de celebrar debates, dictar sentencias y preparar los próximos juicios.

“La viabilidad de la reforma requiere que los jueces de juicio dispongan del tiempo y de los medios necesarios para cumplir su función”, expresaron.

Además, remarcaron que la puesta en marcha del CPP Federal no eliminará de inmediato los expedientes iniciados bajo el esquema procesal anterior. Esa carga residual, señalaron, se combinará con las nuevas causas y con el control de la ejecución de las penas.

En ese punto, plantearon que las audiencias vinculadas con condenas y acuerdos se acumularán con el paso de los años, debido a la duración de las penas. También rechazaron que las salidas alternativas vayan a reducir de manera sensible los juicios orales en todos los distritos, especialmente en causas por delitos complejos.

“Los jueces de juicio del fuero federal de la CABA, al momento del inicio de la implementación del sistema acusatorio, vamos a contar con una relevante carga de trabajo residual”, señalaron.

La presentación menciona las acordadas 2 y 4 de 2025 de la Cámara Federal de Casación Penal, que encomendaron la puesta en funcionamiento de una Oficina Judicial para el Colegio de Jueces y la elaboración de un reglamento propio.

Los magistrados solicitaron que se retomen las gestiones relativas a ese reglamento y a la designación de un director general. Además, pidieron que antes de resolver cambios que afecten su rol se habiliten canales de consulta.

“Pedimos que de manera previa a la adopción de decisiones que podrían reformar nuestras funciones o regulen la etapa del proceso en la que nos venimos desempeñando, se nos convoque a mesas de trabajo o se generen vías o canales de escucha”, concluyó la carta firmada por la jueza Sabrina Namer, presidenta del Colegio de Jueces de Tribunales Orales de CABA y su vicepresidente, el juez Néstor Costabel.