Comenzó el juicio político al juez Gastón Salmain, acusado de cobrar coimas y mentir en su currículum

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados inauguró este martes el juicio político contra Gastón Salmain, titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario. El juez, que está suspendido de su cargo, fue procesado con prisión preventiva en una causa por coimas y corrupción judicial. Si lo destituyen, quedará en condiciones de ser detenido.

Salmain llegó puntual al tercer piso del edificio del Consejo de la Magistratura, escoltado por sus abogados Yamil Castro Bianchi y José Manuel Ubeira. La audiencia comenzó minutos después de las 9.

Los consejeros acusadores son el senador Luis Juez, el juez Diego Barroetaveña y la abogada Jimena De la Torre.

Pedirán la remoción de Salmain por mal desempeño en sus funciones. Al magistrado se lo acusa de haber pactado el cobro de un soborno de 200.000 dólares a cambio de manipular un expediente judicial. Es la célebre causa “Attila”, uno de los múltiples casos en su contra que tramitan en los tribunales federales de Rosario.

El objetivo de esta maniobra era favorecer a un fideicomiso para facilitar la compra de 10 millones de dólares a valor oficial cuando había cepo y permitir la salida de los fondos hacia cuentas en el exterior, un hecho que habría ocurrido entre septiembre de 2023 y abril de 2024.

Por este caso, Salmain está procesado por cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El consejero Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, adelantó que la acusación demostrará una “secuencia de actos funcionales que, apreciados armoniosamente, mostrarán que actuó en connivencia con terceros ajenos a la magistratura, con el propósito de favorecer ilegítimamente los intereses de la parte actora ante la promesa de percibir un retorno económico”.

Además, a Salmain se le imputa haber ocultado un grave antecedente cuando se postuló para ser juez (fue designado en abril de 2023). Omitió informar en su currículum que en el año 2002 había sido echado del Poder Judicial, donde trabajaba como empleado en el fuero de la Seguridad Social.

El motivo de aquel despido de hace dos décadas fue, precisamente, haber ofrecido una coima para intentar manipular un sorteo de causas. Al ser cuestionado por esto, el magistrado se excusó diciendo que no lo mencionó porque “no le preguntaron” y porque era un hecho viejo y no tenía obligación de informarlo.

El CV de Salmain tenía “carácter de declaración jurada”, apuntó Barroetaveña, y agregó que la cesantía que lo apartó de los tribunales “no constituyó un antecedente aislado” en su historial.

“Acá no se lo acusa por lo que pasó allá lejos y hace tiempo. De lo que se lo acusa es de haber callado ante quienes debíamos evaluar su idoneidad. ¿Hubieran puesto en terna a una persona que haya sido declarada cesante, más allá de que tal vez no tenía la obligación de informar? De conocerse ese antecedente, ¿se hubiera ternado a un postulante con estas características? ¿El Senado le hubiera dado acuerdo? Parece que no”, completó la consejera De La Torre.

“Esto es una obvia persecusión”

El magistrado declaró este martes ante el Jurado para brindar su versión sobre la causa Attila y el presunto ocultamiento de sus antecedentes. Definió los procesos penales y políticos como “una obvia persecución contra mi persona”.

Barroetaveña le repreguntó si tenía al menos alguna sospecha de quién lo estaba persiguiendo y por qué. Salmain dijo que no.

También le consultó si se acordaba por qué lo habían cesanteado en 2002: “¿Fue por robar un sachet de leche?”, insistió Barroetaveña. “No recuerdo”, respondió el juez.

Entre otras cuestiones, Salmain le achacó al Consejo de la Magistratura que no le permitieron producir prueba de descargo durante la investigación. También subrayó que él llegó al jury en apenas seis meses, cuando el resto de los casos del último tiempo demoraron entre uno y cuatro años.

Sobre la causa Attila, refirió que la resolución que habilitó al fideicomiso del hoy imputado arrepentido Fernando Whpei fue casi “una copia” de un expediente anterior, conocido como “Comunicación III”. Justificó que esto es algo habitual, a partir del cúmulo de casos que tiene su Juzgado.

El magistrado suspendido también afirmó que no fue él quien manejó directamente la causa: “Vamos a probar, a través de la declaración de la secretaria del Juzgado, que no intervine en ninguno de los pasos del expediente”, indicó.

Por otro lado, negó que Whpei lo haya visitado dos veces en su despacho antes de dictar la cautelar que benefició al fideicomiso Attila, tal como declaró el financista. Y acusó a los fiscales de Rosario de ocultar el registro de ingresos de los tribunales, en donde no aparecería el nombre del empresario.

En cuanto a la controversia sobre su currículum, Gastón Salmain acotó que “no se me pasó por la cabeza, era algo que no me sumaba puntos”.

“Aun así, el sistema no permite consignarlo. Renuncié el 1 de febrero de 2002. La Corte dicta una cesantía cuatro meses más tarde sin potestad, se extralimitó en sus facultades porque el vínculo estaba extinguido. Y el reglamento habla de consignar sanciones en los últimos diez años, con lo cual tampoco correspondía”, se defendió el juez.

Polémica por un testigo

Este lunes, tal como reveló Infobae, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación anuló la citación del financista arrepentido Fernando Elías Whpei para declarar en el juicio.

La defensa de Salmain planteó la nulidad de esa decisión en la apertura del juicio. Subsidiariamente, solicitaron que se excluya del debate toda la prueba que tenga que ver con el empresario. Luego de un cuarto intermedio, ambas solicitudes fueron rechazadas.

La semana pasada, el Jurado había aceptado un pedido de la defensa del juez Salmain para interrogar a Whpei como testigo.

El financista incriminó al juez en su declaración en la causa penal, y en cambio Salmain sostiene no saber quién es. “No lo conoce, no lo vio en su vida a Whpei”, afirmó el defensor Ubeira.

Para viabilizar este testimonio, el tribunal había diseñado un formato inédito: Whpei comparecería sin la obligación de decir la verdad, asistido de forma permanente por su abogado defensor y con la potestad de elegir qué preguntas contestar para no perjudicar su situación procesal en la justicia penal.

Esta modalidad excepcional provocó el inmediato rechazo de los consejeros acusadores, quienes presentaron un recurso de reposición para revocar la medida.

En su presentación, argumentaron que el Jurado carecía de facultades legales para eximir a un testigo del juramento de verdad y advirtieron que la creación de esta categoría intermedia de declarante representaba una indebida arrogación de competencias.

Los acusadores señalaron además que la intervención de Whpei bajo esas condiciones carecía de utilidad, ya que sus eventuales aportes se pueden revisar en la grabación de su declaración como imputado colaborador en el fuero penal. Ese material ya fue incorporado como prueba al debate.

En paralelo, Whpei presentó un escrito en el cual adelantó que podría no responder preguntas.

Ante la presentación del financista y el recurso de los acusadores, el Jurado de Enjuiciamiento, presidido por Marcelo Bartumeu Romero, se apoyó en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que entre otros puntos garantiza el derecho a no declarar contra sí mismo.

El tribunal entendió que no correspondía obligar al empresario a comparecer para pronunciarse sobre los mismos sucesos por los que se encuentra investigado en sede penal. Bajo esa premisa, concluyó que insistir con la citación carecía de sentido práctico y resolvió anular la convocatoria, lo que tornó abstracto el tratamiento del recurso de reposición de la acusación.

La decisión contó con el voto coincidente de los restantes integrantes del jurado: el juez Néstor Barral, las senadoras María Belén Monte de Oca y María Florencia López, los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli, y la abogada Ana Beatriz Fernández.

Este martes está previsto que declaren tres testigos; y el miércoles harán lo propio otros seis.