Alberto Biglieri: “La confianza en la Justicia no se recupera con discursos”

Alberto Biglieri se muestra activo en la campaña y con una fecha fija en la cabeza: el 20 de octubre, cuando los abogados con matrícula federal elegirán a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.

El candidato de Unidad en Defensa de la Abogacía es egresado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, tiene un origen vinculado al radicalismo y se especializó en Derecho Administrativo. Fue consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires entre 2019 y 2023, asesor del Consejo nacional y actualmente se desempeña como interventor judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Su candidatura apunta a una de las cuatro bancas reservadas a los abogados dentro de un organismo integrado por 20 miembros.

El Consejo se completa con cuatro representantes de los jueces, ocho del Congreso de la Nación, dos del ámbito académico y científico, uno del Poder Ejecutivo y el presidente de la Corte Suprema, que encabeza el cuerpo.

Entre sus funciones se encuentra la realización de los concursos públicos para cubrir vacantes judiciales y la elaboración de las ternas de candidatos a magistrados que luego son elevadas al Poder Ejecutivo. También ejerce facultades disciplinarias e interviene en los procesos de remoción.

Cerca de 184 mil abogados con matrícula federal activa estarán habilitados para votar en una elección que se realizará como distrito único en todo el país y definirá la representación del estamento para el período 2026-2030.

Además de Unidad en Defensa de la Abogacía, apoyada por el exjuez y expresidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal Ricardo Gil Lavedra, competirán Abogacía por la Libertad, encabezada por Luis Alberto Palomino; Abogacía Unida y Dignidad Profesional, con Itatí Demarchi Arballo; y Abogacía Federal, que lleva como primer candidato a Fernando Pablo Levene.

En diálogo con Infobae, Biglieri habló sobre la representación de los abogados en el Consejo, cuestionó la escasa presencia de profesionales provenientes del ejercicio privado en las ternas, respaldó una mayor objetividad en los concursos y señaló a la pérdida de confianza en la Justicia como uno de los principales problemas del sistema.

—¿Con qué expectativas llega a este proceso electoral y qué cree que está en juego para los abogados en esta elección?

—Llego muy entusiasmado y, sobre todo, muy conforme con el equipo que logramos reunir. En estos meses hablamos con muchísimos colegas y eso reafirmó una convicción que ya teníamos. Esta elección importa porque el Consejo toma decisiones que después aparecen todos los días en nuestro trabajo. Se eligen representantes que van a participar en la selección de jueces, en su control y en discusiones que afectan el funcionamiento de los tribunales. Y hay una cuestión de fondo que para nosotros es esencial. Los jueces tienen que responder a la Constitución y a la ley, no a un gobierno, a un partido ni a ningún sector de poder. Para eso también hace falta una representación de la abogacía con independencia, carácter y una agenda propia.

—En el contacto con colegas durante la campaña, ¿qué temas o preocupaciones le plantean con mayor frecuencia? ¿Hay algún reclamo que aparezca especialmente?

—Lo interesante de las recorridas que hacemos desde hace años es que cada lugar tiene su realidad, pero después aparecen preocupaciones que se repiten. Las demoras son probablemente el reclamo más transversal. Después están las vacantes, los sistemas que funcionan mal, las dificultades para trabajar con algunos tribunales y la sensación de que muchas veces esos problemas se terminan naturalizando. Y hay otra demanda muy fuerte: los colegas quieren que quien los represente siga cerca después de la elección. Nuestra forma de trabajar va a seguir siendo esa, con presencia en los colegios, escuchando y haciendo seguimiento de los problemas que se plantean.

—La Corte Suprema impulsó mediante la Acordada 4/2026 un nuevo Reglamento de Concursos para la selección de magistrados, con concursos anticipados, evaluación más estandarizada de antecedentes, examen anónimo en dos etapas y una incidencia más acotada de la entrevista personal. ¿Qué opinión le merece la propuesta?

—Hay varios puntos de la propuesta que compartimos y que venimos planteando hace tiempo. Más objetividad, anonimato en los exámenes, antecedentes mejor tabulados y una entrevista personal que no pueda desarmar arbitrariamente todo lo que ocurrió antes son avances importantes. Si hubo un concurso y se construyó un orden de mérito, ese resultado tiene que ser respetado. La entrevista puede enriquecer la evaluación, pero necesita límites claros. Y nosotros agregamos una cuestión fundamental para la matrícula. Hay que emparejar la línea de largada entre el abogado que viene del ejercicio profesional y quien hizo su carrera dentro del Poder Judicial.

—En las últimas ternas aprobadas por el Consejo, la presencia de abogados provenientes del ejercicio profesional fue muy baja frente a candidatos que ya integran el Poder Judicial. ¿Le preocupa esa tendencia y cree que el sistema actual dificulta el acceso a la magistratura de quienes vienen de la profesión?

—Sí, nos preocupa muchísimo, porque es una señal que merece ser atendida con urgencia. Un abogado que lleva veinte años litigando no llega con menos experiencia. Llega con otra experiencia. Conoce el expediente desde otro lugar, trata con clientes, produce prueba, recorre tribunales y sabe perfectamente dónde funciona el sistema y dónde aparecen los problemas. Queremos que esa trayectoria tenga una valoración real. Una magistratura abierta también a buenos abogados provenientes de la profesión puede enriquecer muchísimo a la Justicia.

—¿Qué debería aportar específicamente la representación de los abogados al Consejo de la Magistratura?

—Vamos a aportar al Consejo la mirada de quienes ejercemos todos los días. Conocemos de primera mano qué pasa cuando una audiencia se demora, cuando un sistema falla o cuando un tribunal deja de responder. Y representar también significa volver y rendir cuentas. Explicar cómo se votó, qué posición se sostuvo y qué respuesta se obtuvo.

La Lista 3, Unidad en Defensa de la Abogacía, tiene esa identidad muy clara. Abogados que defienden a los abogados, con independencia de intereses partidarios y con presencia permanente junto a la profesión.

—Desde la mirada de un abogado que pretende integrar el Consejo, ¿cuáles son hoy los principales obstáculos del Poder Judicial para lograr afianzar la Justicia?

—Para mí hay un problema que atraviesa a todos los demás, y es la pérdida de confianza en la Justicia. Las encuestas vienen mostrando hace tiempo niveles muy bajos de confianza y una percepción muy fuerte de que los jueces están condicionados por distintos poderes. Eso es muy serio porque cuando la Justicia pierde credibilidad, también se resiente la seguridad jurídica, la previsibilidad y la confianza en las instituciones. Afianzar la Justicia es recuperar esa confianza con hechos. Buenos jueces, concursos transparentes, menos vacantes, mejores controles, tiempos razonables y una gestión que funcione. Ahí el Consejo tiene una responsabilidad central. Porque la confianza no se recupera con discursos, sino con instituciones fuertes que funcionen mejor y reglas que se cumplan.

—Si resulta electo, ¿qué cambio concreto tendría que haberse producido dentro de cuatro años para que los abogados consideren útil su representación en el Consejo?

—Me gustaría que dentro de cuatro años podamos volver a los mismos colegios que estamos recorriendo hoy y que la conversación sea distinta. Que un colega pueda decirnos que los concursos son más transparentes, que su experiencia profesional tiene mayor reconocimiento, que los sistemas funcionan mejor o que una dificultad que planteó encontró una respuesta. Para mí ahí se mide una representación. En poder volver, mirar a los colegas a la cara y contar qué se hizo con la responsabilidad que nos dieron.