La defensa de Manuel Adorni se presentó hoy en la fiscalía de Gerardo Pollicita para realizar el peritaje presencial de las ocho billeteras virtuales que el exfuncionario informó como propias para justificar la posesión de 591.000 dólares en criptomonedas.
El procedimiento permitió comprobar la capacidad de firmar mensajes desde esas direcciones, aunque la investigación todavía debe determinar qué usuario las controló entre 2014 y 2018; es decir, si los movimientos pueden atribuirse a una misma persona, si intervinieron terceros y qué rastros pudieron haber dejado las operaciones.
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El defensor del ex jefe de Gabinete llegó a Comodoro Py acompañado por otro letrado de su estudio, quien fue el encargado de incorporar las claves al sistema. Esos códigos de acceso se encontraban guardados en un sobre cerrado y lacrado que solo podía ser abierto en el marco de esta investigación.
Una vez verificadas las ocho direcciones, la fiscalía incorporó un “mensaje desafío”, una prueba criptográfica destinada a establecer si una persona controla una billetera digital.
El mecanismo consiste en generar un texto único y solicitar que sea firmado con la llave privada asociada a cada dirección. La firma puede comprobarse con la clave pública, sin revelar la llave privada ni habilitar transferencias de fondos. El “mensaje desafío” y las constancias de la prueba quedaron bajo resguardo de los investigadores.
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Tras la firma de los mensajes, personal técnico de la Policía Federal Argentina deberá realizar una verificación criptográfica para corroborar que las firmas correspondieran a cada una de las ocho direcciones de bitcoin.
El fiscal Pollicita formalizó el requerimiento a los peritos, que consiste en contrastar el mensaje desafío, la firma digital y la dirección pública de cada billetera. Si el sistema valida la firma, confirma que fue generada con la llave privada correspondiente, sin que esa llave sea revelada ni que se efectúe una transferencia de fondos.
El acta del procedimiento, las grabaciones y los algoritmos quedaron preservados para su incorporación al expediente digital. Los archivos fueron almacenados en pendrives dentro de un sobre cerrado, lacrado y firmado por las partes.
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El sobre con las claves también fue colocado en otro envoltorio cerrado, lacrado y firmado sin que su contenido fuera observado.
El informe técnico
El cuerpo de peritos de la PFA deberá determinar si la red Bitcoin, las plataformas de intercambio o los proveedores de internet conservan datos que permitan atribuir las operaciones a una persona determinada.
El Departamento Técnico Cibercrimen se ocupará de analizar qué regulación regía en la República Argentina para las monedas virtuales entre octubre de 2014 y septiembre de 2018. Entre los puntos requeridos figuran el alcance de la Resolución UIF 300/2014, los plazos de conservación de registros y la fecha de creación del registro de proveedores de servicios de activos virtuales de la Comisión Nacional de Valores.
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Los especialistas también deberán establecer si las direcciones analizadas eran de custodia o de autocustodia y qué diferencias existen entre ambas modalidades respecto de la identificación de sus usuarios.
El requerimiento incluye establecer si puede conocerse la fecha de creación de una clave privada y si, en ese período, era posible generar y conservar esas claves en soportes no electrónicos sin dejar rastros digitales.
La Fiscalía pidió además una explicación sobre las denominadas paper wallets y sobre las diferencias entre claves comprimidas y no comprimidas. Otro punto busca establecer si las firmas realizadas permiten saber si las claves utilizadas eran compatibles con ese sistema de conservación.
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La investigación solicitó precisar si el registro público de Bitcoin puede identificar a la persona que controlaba las direcciones cuando se produjeron los movimientos y si existe alguna base de datos que conserve direcciones IP asociadas a aquellas transacciones.
También requirió información sobre la eventual conservación de registros por parte de billeteras livianas, exploradores de bloques y proveedores de acceso a internet.
Pollicita puso el foco en 41 movimientos registrados entre 2014 y 2018 en las ocho direcciones analizadas. El informe deberá analizar las obligaciones de identificación que tenían las plataformas de intercambio y los sistemas entre particulares durante los períodos bajo examen.
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En definitiva, Pollicita busca conocer si una plataforma podía identificar al titular de una cuenta que enviaba fondos a una dirección de autocustodia y si ese dato permite distinguir entre un retiro hacia una dirección propia o un pago a un tercero.
Ingresos y compra de dólares
Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, la fiscalía recibió información remitida por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) que indica que hasta 2014, Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, registraron ingresos en pesos equivalentes a unos USD 335.000.
En paralelo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó compras de moneda extranjera por USD 85.000 durante ese período.
Los datos se incorporaron a la ampliación de la investigación patrimonial, financiera y fiscal solicitada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien pidió reconstruir los ingresos, aportes, empleadores y actividades económicas de la pareja desde el inicio de su vida laboral.
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El pedido a Anses comprendía aportes, remuneraciones declaradas, empleadores, períodos trabajados, altas y bajas laborales, actividad autónoma o monotributista y eventuales prestaciones o ingresos registrados.
A su vez, con la autorización del juez Ariel Lijo pidió levantar el secreto fiscal ante ARCA para acceder a la información tributaria de Adorni y Angeletti desde el inicio de su vida económica activa. La medida abarca el período 1998-2011 para el exfuncionario y 2000-2011 para su esposa.
El descargo de Adorni
La justificación patrimonial que presentó Manuel Adorni ante la Justicia sostuvo que la evolución de sus bienes entre diciembre de 2023 y junio de 2026 se explica principalmente por ganancias obtenidas con bitcoin antes de ingresar a la función pública.
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Según el escrito de su defensa, Adorni y su esposa invirtieron USD 199.883,20 en criptomonedas en 2017 y, tras venderlas al año siguiente, obtuvieron USD 591.544,61.
La presentación señaló que las operaciones se realizaron mediante encuentros presenciales y pagos en efectivo. También identificó ocho direcciones de billeteras virtuales que, de acuerdo con la defensa, eran controladas por Adorni, aunque no estuvieran registradas a su nombre.
El documento indicó que el dinero obtenido se mantuvo en efectivo y luego se destinó a gastos, propiedades, vehículos y viajes. Hacia fines de 2025, sostuvo, quedaban USD 209.961,52.
En relación con las refacciones de la vivienda en el country Indio Cuá, Adorni negó haber pagado USD 245.000 al contratista Matías Tabar. Su descargo fijó ese gasto en USD 175.000.
Además, respondió a 20 observaciones formuladas por la fiscalía y afirmó que la diferencia patrimonial detectada, de $ 43.068.549, era residual y estaba respaldada por documentación contable y técnica.
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