La justicia federal se hará cargo de la causa contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y titular del CEAMSE, Claudio “Chiqui” Tapia, por presunto enriquecimiento ilícito. El expediente, que se inició por una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, quedó radicado en el Juzgado Federal N° 4, a cargo del magistrado Ariel Lijo, luego de que se resolviera un conflicto de competencia entre los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y Comodoro Py.
La denuncia data del 7 de abril de 2026 y señala al dirigente deportivo por un supuesto incremento patrimonial injustificado del 1000% en ocho años. En aquella fecha, Tofoni presentó una de las tantas denuncias que impulsó contra Tapia y dirigentes de la AFA, luego de que su empresa, World Eleven, perdiera el contrato que tenía la entidad deportiva para organizar y comercializar los partidos amistosos de la Selección Argentina.
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Inicialmente, las actuaciones recayeron en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 28 de la Ciudad. El denunciante argumentó que ese fuero era el adecuado porque el dirigente desempeñó gran parte de sus funciones públicas bajo la órbita de la administración porteña.
Sucede que Tapia llegó al directorio del CEAMSE como vicepresidente en el año 2015, por impulso del Gobierno porteño. Recién en 2024, bajo el ala del gobernador Axel Kicillof, asumió como titular de la empresa pública que gestiona los residuos del AMBA.
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No obstante, el Juzgado N° 28 porteño se declaró incompetente y remitió el expediente a los tribunales federales de Comodoro Py.
La causa fue asignada al Juzgado Federal N° 4. En un primer momento, el fiscal Gerardo Pollicita se opuso a recibir el caso y solicitó que las actuaciones regresaran a la justicia local. Pese a este planteo, el juez Lijo aceptó la competencia.
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La Fiscalía General, a cargo de José Luis Agüero Iturbe, desistió del recurso de apelación contra esa última decisión al considerar que los hechos investigados exceden “la esfera de la administración pública local”, lo que requirió la intervención de la justicia federal. La Sala II de la Cámara Federal porteña, con la firma del juez Eduardo Farah, convalidó este desistimiento este martes y dejó firme la intervención del juzgado de Lijo.
La causa
La denuncia por enriquecimiento ilícito se vincula directamente con el rol de Tapia como funcionario público, y no por su cargo en la AFA.
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Tras conocer la novedad sobre el destino de la causa, desde el entorno del “Chiqui” aseguraron que “todo lo que indica la denuncia es falso”. Además, indicaron que “Tofoni es un denunciador serial que ha perdido todas y cada una de las causas que ha iniciado. Es falso, no hay delito y la causa será archivada. Habrá una nueva acción civil por daño al honor y penal por falsa denuncia”.
El CEAMSE es una empresa pública interjurisdiccional que gestiona los residuos sólidos urbanos del AMBA y administra el peaje del Camino del Buen Ayre. Según consta en la denuncia del empresario Tofoni, “Chiqui” Tapia declaró percibir ingresos anuales por $100.233.144, con una dedicación de 15 horas semanales.
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La denuncia penal se basó en un análisis comparativo de las declaraciones juradas presentadas por el dirigente entre los años 2017 y 2025. De acuerdo con la presentación de Tofoni, el patrimonio de Tapia experimentó una evolución que no se condice con sus ingresos registrados.
En 2017, el presidente de la AFA declaró un patrimonio compuesto por cuatro propiedades con una valuación fiscal total de $17 millones, un solo vehículo y activos líquidos por menos de $1,5 millones (equivalentes a unos 43.000 dólares de la época).
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El primer incremento significativo ocurrió en 2019, año en el que incorporó cuatro inmuebles en zonas de alta valuación: una casa de 315 metros cuadrados en Beccar (San Isidro), un departamento de 291 metros cuadrados en Caballito (CABA), una propiedad en Cardales (Ingeniero Maschwitz) y un terreno de 2.430 metros cuadrados en Campana.
Para el año 2024, la declaración jurada de Tapia reflejó depósitos bancarios por más de $1.002 millones, dinero en efectivo por $39 millones y 246.206 dólares en cajas de ahorro, totalizando una liquidez cercana al millón de dólares, siempre según la denuncia. Este crecimiento representa un aumento real del 1.000% en comparación con 2017, cifra que superaría los índices inflacionarios y los ingresos declarados.
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Tofoni señaló en un párrafo aparte la declaración jurada presentada el 10 de julio de 2025. En ese documento, Tapia consignó tener “cero pesos” en efectivo y “cero depósitos” bancarios. Sin embargo, en la misma presentación reportó haber percibido $130 millones en concepto de rendimientos financieros, tales como intereses de plazos fijos y diferencias de cambio, lo que a criterio del denunciante denota la existencia de un capital previo que no fue detallado.
En cuanto a sus ingresos, el dirigente declaró tres fuentes principales en 2025:
- CEAMSE: $100.233.144 anuales.
- CONMEBOL: $718.536.500 anuales (unos $60 millones mensuales) en su carácter de vicepresidente segundo.
- AFA: Desempeño ad honorem (sin remuneración) por 15 horas semanales.
El total de ingresos declarados superaría así los $818 millones al año, a los que se sumaron $44 millones por la venta de un vehículo, $30 millones en viáticos de la AFA y los $130 millones de intereses financieros. La denuncia señala que los honorarios de la CONMEBOL no estaban acreditados como ingresos estables antes de 2025, por lo que no justificarían las adquisiciones inmobiliarias de 2019.
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La presentación judicial también advierte sobre presuntas falsedades en los valores fiscales de los inmuebles declarados. Por ejemplo, la casa de Beccar figura con una valuación fiscal de $15 millones, cuando su valor de mercado rondaría el millón de dólares.
Asimismo, se detectaron discrepancias físicas y registrales. Una propiedad en Exaltación de la Cruz, declarada originalmente en 2006 con una superficie de 230 metros cuadrados, figura en los registros catastrales de la Provincia de Buenos Aires con una extensión de 6.100 metros cuadrados, incluyendo una piscina y una cancha de fútbol. Por otra parte, dos inmuebles ubicados en la provincia de San Juan registraron una disminución en sus valores fiscales en lugar de actualizarse, y pasaron de ser declarados como “bienes propios” a “bienes gananciales” en la última presentación.
La denuncia sugiere además la existencia de bienes no declarados, tales como propiedades en Miami, vehículos, relojes de lujo y el uso de embarcaciones y aeronaves privadas a través de diversas sociedades extranjeras.
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