
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que la causa por el supuesto falso testimonio del financista Fernando Whpei, quien incriminó al juez Gastón Salmain cuando declaró como arrepentido, se investigue en los tribunales federales de Rosario. De esta manera, el máximo tribunal penal del país revocó una decisión previa de la Cámara Federal porteña, que pretendía mantener el expediente en Comodoro Py.
Salmain es titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, pero fue suspendido y enviado a juicio político por el Consejo de la Magistratura. Así lo decidió el organismo a partir del procesamiento que pesa sobre él por vender fallos a cambio de coimas en la causa “Attila”.
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Según la acusación, a fines de 2023 Salmain firmó una resolución para facilitarle a Whpei el acceso a 10.000.000 de dólares a valor oficial, cuando había brecha y cepo cambiario.
Whpei hizo un acuerdo con la Justicia para ser imputado colaborador y contó su versión sobre el plan criminal que habrían desplegado con el juez rosarino el 2 de octubre de 2025 ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Salmain sostiene que miente para perjudicarlo, y por eso lo denunció en Comodoro Py. La causa había entrado por sorteo al Juzgado Federal N° 1 de María Romilda Servini.
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A poco de recibir el caso, la jueza Servini aceptó el planteo del fiscal Carlos Rívolo y declinó su competencia. La magistrada consideró que, aunque la declaración del arrepentido se firmó en Buenos Aires, el testimonio estaba directamente vinculado con la causa “Attila” y por eso debía investigarse en Santa Fe.
Sin embargo, Salmain apeló esa resolución. El juez Eduardo Farah, integrante de la Cámara Federal de Apelaciones porteña, revocó lo dispuesto por Servini y ordenó que la pesquisa continuara en los tribunales de Retiro. Frente a este escenario, el Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de casación para revertir la medida y lograr que se mantenga la decisión de Servini.
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El fallo de Casación
La Sala III de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Daniel Petrone y Gustavo Hornos, analizó los planteos de las partes. Por mayoría, los magistrados determinaron que la postura de la Cámara de Apelaciones resultó arbitraria debido a que realizó un análisis parcial y fragmentado de la situación.
En su voto, Mahiques explicó que, si bien el delito de falso testimonio suele consumarse en el espacio físico donde se realiza la declaración, esta regla no puede “considerarse aisladamente y de manera absoluta” cuando se trata de un imputado colaborador.
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El fallo destacó que las manifestaciones de Whpei no representaron un hecho aislado, sino que formaron parte de un acuerdo de cooperación diseñado para aportar datos útiles a la causa “Attila”, que se instruye en Rosario.
Además, los jueces concluyeron que tramitar los expedientes por separado en distintas ciudades obligaría a duplicar medidas de prueba, solicitar constantes envíos de documentación y realizar valoraciones paralelas sobre los mismos acontecimientos. Esta dispersión generaría un riesgo concreto de que se dicten sentencias contradictorias.
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Por el contrario, unificar todo en un solo juzgado garantiza la coherencia de las decisiones judiciales, respeta la economía procesal y asegura una mayor celeridad en el esclarecimiento de la verdad, según estableció Mahiques en su voto, al que adhirieron Petrone y Carbajo, este último limitando su acuerdo al envío de la causa a la jurisdicción de Rosario.
Asimismo, el fallo recordó que la ley de imputado colaborador otorga a los fiscales un plazo de un año para verificar la veracidad y la utilidad de los datos aportados. Como la declaración se prestó en octubre de 2025, ese período se encuentra vigente. Permitir que otro juzgado evalúe la falsedad de los dichos de manera paralela anularía la facultad exclusiva que la normativa les concede a los investigadores de Rosario.
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Por estas razones, la Casación hizo lugar al recurso de la fiscalía y anuló la resolución de la Cámara Federal porteña. El tribunal ordenó remitir el legajo al Juzgado Federal N° 4 de Rosario, que subroga el juez Carlos Vera Barros.
Salmain está cerca de enfrentar un juicio político que podría derivar en su destitución. El Consejo de la Magistratura ya le pidió al Jurado de Enjuiciamiento que fije fecha para el inicio del debate, que se llevará adelante este mismo año.
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