El Tribunal Oral Federal 5 convocó a todas las partes que intervienen en la causa Hotesur-Los Sauces a una audiencia preliminar para organizar el juicio que tendrá en el banquillo a Cristina Fernández, su hijo Máximo Kirchner, el empresario Lázaro Báez y el ex contador arrepentido Víctor Manzanares.
El encuentro está previsto para el próximo 4 de septiembre en la Sala Auditorio o AMIA, y representa un paso clave para definir la fecha de inicio del debate oral. Los jueces José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni citaron a defensores, escribanos, exfuncionarios y representantes del Ministerio Público Fiscal. Aunque no tienen obligación, los imputados tienen derecho a asistir a la audiencia.
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La causa Hotesur-Los Sauces investiga presuntos delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y dádivas, en el marco de supuestas maniobras para redirigir fondos obtenidos de la corrupción hacia la familia Kirchner a través de contratos inmobiliarios y hoteleros.
Por el momento, el avance del juicio oral depende de la finalización de la pericia contable que ordenó el TOF 5 para determinar si existió una simulación de alquileres entre las empresas de Báez y López y las firmas administradas por la familia Kirchner. La hipótesis es que esos contratos habrían servido para canalizar fondos de origen ilícito.
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El tribunal resolvió que el debate comenzaría cuando se complete ese informe, porque entendió que no sería oportuno iniciar el juicio sin disponer de la totalidad de las pruebas. Por su parte, el fiscal Diego Velazco recurrió a la Cámara de Casación para que ordene al tribunal establecer un cronograma de audiencias.
Velazco argumentó que la instrucción suplementaria está prácticamente cerrada, por lo que consideró viable avanzar en el proceso y permitir que las pruebas pendientes se completen durante el debate.
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La pericia contable
El peritaje en cuestión es un estudio interdisciplinario a cargo del Cuerpo de Peritos Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública, dependiente de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El requerimiento dispuso comparar los contratos firmados por Néstor Kirchner, sus apoderados o su sucesión para la locación del hotel Los Sauces con los contratos celebrados con Hotesur S.A. respecto de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas. El objetivo es establecer si los cánones locativos pactados podrían considerarse excesivos de acuerdo con las variables de mercado.
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La pericia deberá informar si Romina Mercado y Patricio Pereyra Arandia recibieron alguna remuneración por las funciones prestadas en el directorio de Hotesur S.A.
A pedido de la defensa de Lázaro Báez, el tribunal sumó además un análisis contable de los contratos entre Valle Mitre y Hotesur S.A., con detalle de la modalidad del negocio.
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Por su parte, los jueces pidieron el relevamiento de la cantidad de habitaciones, la ocupación anual, el valor promedio en dólares de la habitación, los servicios adicionales facturados, el personal anual y de temporada, las fechas de temporada alta y baja, el porcentaje de ocupación y los principales clientes por monto y porcentaje.
El análisis deberá extenderse a los balances del período 2009-2013 para determinar el valor promedio de la habitación en función de las ventas, la evolución de las utilidades y disponibilidades y si los resultados contables eran acordes con la actividad desarrollada.
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También se ordenó un análisis contable y económico del proyecto turístico presentado por Leandro Báez respecto de Valle Mitre.
Las pruebas
La pesquisa por Hotesur-Los Sauces acumula una larga lista de pruebas que ya fueron admitidas por el tribunal para que formen parte del juicio.
Incluyen pedidos de informes a bancos sobre movimientos de fondos de cuentas pertenecientes o vinculadas a Néstor Kirchner y Austral Construcciones, y solicitudes de información a empresas transportadoras de caudales respecto de operaciones millonarias en dólares.
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Además, se requirió información sobre consumos y pagos de servicios públicos y tasas municipales de inmuebles hoteleros en El Calafate, como el Hotel Alto Calafate y Las Dunas, para determinar el origen de los fondos y el flujo económico de esas propiedades.
En cuanto a la nómina de testigos, será definida junto con la fiscalía, la querella que representa la Unidad de Información Financiera y las defensas de los imputados. Los nombres serán luego comunicados oficialmente cuando se fije la fecha del debate oral.
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Asimismo, el tribunal estableció la incorporación por lectura de piezas procesales, la actualización de antecedentes y estudios socioambientales de los imputados y el pedido de documentación a juzgados federales por causas conexas.
Los imputados
Los imputados que deberán comparecer en este juicio son Cristina Elisabet Fernández -expresidenta y exvicepresidenta, acusada como presunta jefa de una asociación ilícita-, Máximo Carlos Kirchner -exdirector de Hotesur y Los Sauces-, Romina de los Ángeles Mercado -sobrina de Fernández y expresidenta de Hotesur S.A.- y Patricio Pereyra Arandia -esposo de Mercado y directivo de la compañía-.
También Lázaro Antonio Báez -dueño de Austral Construcciones-, Osvaldo “Bochi” Sanfelice -expresidente y administrador de Hotesur-, Víctor Alejandro Manzanares -contador histórico de la familia-, Ricardo Leandro Albornoz -escribano-, Martín Antonio Báez -hijo de Lázaro Báez y directivo- y Julio Enrique Mendoza -presidente y firmante en Austral Construcciones-.
El listado se completa con César Gerardo Andrés -contador del holding-, Adrián Esteban Berni -abogado y directivo de Valle Mitre S.A.-, Emilio Carlos Martín -directivo y accionista- y Óscar Alberto Leiva, Edith Magdalena Gelves, Martín Samuel Jacobs y Alejandro Fermín Ruiz -empleados, apoderados o directivos menores-.
En la trama familiar, Florencia Kirchner figuró como accionista y directiva tras la muerte de su padre, pero la Cámara de Casación resolvió en 2023 excluirla del juicio oral y mantener su sobreseimiento, al considerar probado que no participó del armado inicial de la estructura investigada.
Según la acusación, Báez habría aportado fondos a través del gerenciamiento de Valle Mitre y el alquiler de habitaciones que no se utilizaban. En ese circuito, Martín Báez firmaba cheques y transferencias hacia cuentas vinculadas a los Kirchner, mientras Sanfelice articulaba contratos y la administración hotelera.
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