La aprobación del convenio de transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo a la ciudad de Buenos Aires derivará, cuando se implemente, en un cambio concreto para trabajadores, empleadores y abogados en el ámbito porteño: cada nueva demanda dejará de ingresar a los tribunales nacionales y pasará a la Justicia del Trabajo de CABA, una vez que el nuevo fuero comience a funcionar.
La Legislatura porteña aprobó el convenio de traspaso el pasado jueves, con 36 votos a favor, 2 en contra y 20 abstenciones.
El cambio no será retroactivo. El acuerdo firmado entre Nación y Ciudad establece una transición para evitar que miles de expedientes en trámite deban cambiar de tribunal. El nuevo sistema tendrá sus propios juzgados, su Cámara de Apelaciones y un Código Procesal laboral de la Ciudad.
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Las nuevas demandas individuales
Un trabajador que inicie su juicio antes de la puesta en funcionamiento del nuevo fuero lo seguirá en la Justicia Nacional del Trabajo. Quien demande después, deberá radicar su expediente en el fuero laboral porteño.
Además, el traspaso no cambiará el juzgado donde tramitan juicios ya iniciados. Es decir, una demanda no trasladará su expediente a los nuevos tribunales de la Ciudad. La Justicia Nacional conservará esos expedientes hasta el dictado de la sentencia en primera o segunda instancia si hay apelación.
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Se trata de la transferencia de la función judicial en materia laboral del ámbito nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El convenio fue firmado el 9 de febrero pasado por el ministro de Justicia de CABA, Gabino Tapia, y la Jefatura de Gabinete de la Nación. Luego fue aprobado por el Congreso, en el marco de la sanción de la ley 27.802 de Reforma Laboral.
“La Justicia Laboral local va a ser completamente distinta a lo que conocemos hoy, con sentencias más rápidas gracias a modernizaciones procedimentales y tecnológicas”, explicó Tapia y detalló que “está pensada para que los conflictos laborales no sean un freno al desarrollo productivo de la Ciudad, dando respuestas rápidas y oportunas tanto para los trabajadores como para quienes generan empleo”.
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Desde el gobierno porteño que preside Jorge Macri, el traspaso es visto como la concreción, en materia laboral, de una autonomía judicial reconocida constitucionalmente en 1994 y postergada durante más de tres décadas.
El tema abrió frentes judiciales que están en pleno trámite: esta semana el juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico dejó sin efecto una medida cautelar que suspendió la aplicación del acuerdo de transferencia, por una demanda que presentó la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. La causa sigue su curso.
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Desde despidos a reclamos por salarios
Las nuevas demandas laborales deberán presentarse ante la Justicia del Trabajo de CABA y alcanzarán, entre otros casos, a los conflictos derivados de las relaciones individuales de trabajo, como despidos; reclamos de indemnizaciones; diferencias salariales; créditos derivados de la relación laboral; accidentes y cuestiones vinculadas con las comisiones médicas, dentro de las competencias asignadas al nuevo fuero.
La Ley 6.789 creó diez juzgados de primera instancia y una Cámara de Apelaciones del Trabajo integrada por seis jueces, divididos en dos salas.
Otra diferencia importante es que las nuevas causas ya no se tramitarán bajo el esquema procesal de la Justicia Nacional del Trabajo. La Ciudad cuenta con su propio Código Procesal para la Justicia del Trabajo, aprobado por la Ley 6.790. Por lo tanto, los abogados que presenten nuevas demandas deberán litigar bajo las reglas procesales porteñas.
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El traspaso tampoco significa que toda la Justicia laboral pase a la Ciudad. El acuerdo excluye, entre otros, los conflictos colectivos de trabajo, medidas de acción sindical o que impliquen al Estado nacional. Esas cuestiones continuarán dentro de la órbita del fuero del trabajo nacional. Para determinar dónde deberá iniciarse una demanda, será fundamental distinguir entre un conflicto individual, que irá al nuevo fuero porteño, y aquellos que quedaron reservados a la Justicia nacional.
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad será el encargado de intervenir en los recursos previstos por la legislación porteña respecto de la Justicia Nacional ordinaria con asiento en CABA, en materia de derecho local y común, en sintonía a lo ya establecido en el fallo Levinas de la Corte Suprema de Justicia.
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Los plazos
Aunque la Legislatura ya aprobó el traspaso, el nuevo sistema todavía requiere completar su puesta en funcionamiento. El plazo previsto es de hasta 180 días desde la entrada en vigencia del acuerdo.
Además, Nación y Ciudad deben avanzar en los convenios en materia de recursos. La Ley 27.802 ordena al Estado Nacional transferirlos y garantizar, durante la transición, el funcionamiento de la Justicia Nacional del Trabajo.
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Así, durante varios años convivirán dos sistemas: la Justicia Nacional, que terminará de resolver los miles de expedientes que ya tiene, y la nueva Justicia porteña, que comenzará a recibir las demandas laborales individuales que se presenten a partir de la fecha de corte.
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