La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal desestimó dos planteos para apartar al juez Sebastián Casanello de la instrucción y al camarista Pablo Bertuzzi de la instancia de apelación, en dos causas vinculadas en las que se investigan presuntas irregularidades en el pago de subsidios al transporte de pasajeros y en el cobro de subsidios mediante la tarjeta SUBE.
Los recursos de queja fueron presentados por la defensa del empresario y dirigente de la Cámara de Transporte Urbano de Buenos Aires, Daniel De Ingeniis. Uno cuestionaba la definición de competencia que dejó el caso en el Juzgado Federal N° 7, a cargo de Casanello; el otro, el rechazo de la recusación del camarista Bertuzzi.
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En un fallo unipersonal, el juez Mariano Borinsky destacó que los expedientes continuarán, por el momento, sin acumulación material, aunque bajo la órbita del Juzgado Federal N° 7. De ese modo, se mantiene vigente la decisión de la Cámara Federal sobre la existencia de un “núcleo fáctico común” entre ambas investigaciones, pero sin una unificación inmediata de los legajos.
Borinsky resolvió no hacer lugar a los recursos porque, como regla general, las “resoluciones sobre recusaciones no son sentencias definitivas ni equivalentes a ellas: no ponen fin a la acción ni hacen imposible la continuación de las actuaciones”.
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También sostuvo que en el caso no se advertían circunstancias excepcionales que permitieran sostener un temor fundado de parcialidad y descartó la arbitrariedad invocada por la defensa.
En su análisis, remarcó que “el agravio invocado por la defensa, en el estado actual de las actuaciones, no traspasa el plano conjetural e hipotético”. También precisó que no se había demostrado “la existencia de un agravio concreto de tardía o imposible reparación ulterior” que permitiera equiparar la decisión a una sentencia definitiva.
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Las causas
El primer expediente se inició en diciembre de 2025 a partir de una denuncia presentada por la empresa Sargento Cabral SAT. La causa quedó a cargo del fiscal Guillermo Marijuán y del juez Sebastián Casanello.
Allí se investiga una presunta maniobra por la cual empresas vinculadas a Nueva Metropol habrían indicado a sus choferes que cargaran en el sistema SUBE tramos de recorrido más extensos que los efectivamente realizados por los pasajeros. La hipótesis es que esa práctica habría permitido aumentar las compensaciones estatales percibidas.
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El segundo expediente analiza si representantes de cámaras empresariales del transporte realizaron presentaciones ante la Secretaría de Transporte sin sustento técnico o con contenido falso para perjudicar a empresas del Grupo Metropol.
La controversia se profundizó cuando el fiscal federal Guillermo Marijuán promovió una inhibitoria para que ambos expedientes permanecieran bajo la órbita del juzgado de Casanello.
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Luego, la Sala I de la Cámara Federal, con intervención de Bertuzzi, entendió que existía un núcleo fáctico común entre las actuaciones. Con ese criterio, las dos causas quedaron a cargo del Juzgado Federal N° 7, aunque sin acumular materialmente los expedientes.
La defensa de De Ingeniis apeló esa decisión al sostener que la imparcialidad de Bertuzzi se encontraba comprometida porque ya había intervenido anteriormente en la controversia y había expresado una posición sobre la vinculación entre ambas investigaciones.
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