La Cámara Nacional en lo Civil quedó a un paso de definir si habilita la llegada a la Corte Suprema de la pelea judicial por la mudanza de la sede social de la AFA a Pilar, una disputa que enfrenta al Gobierno nacional con la conducción de Claudio “Chiqui” Tapia.
El Estado Nacional ya presentó un recurso extraordinario federal para intentar revertir el fallo del 18 de junio pasado que avaló la mudanza, anuló decisiones de la Inspección General de Justicia (IGJ) y dejó bajo la órbita de la provincia de Buenos Aires el control de la Asociación. La AFA, en respuesta, pidió que ese planteo sea rechazado y, de manera subsidiaria, advirtió que, si el expediente llega al máximo tribunal del país, reclamará que se confirme la sentencia que convalidó el cambio de jurisdicción de la sede social a Pilar.
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Grave precedente
En la apelación se sostuvo que la decisión de la Cámara “genera un grave precedente que debilita el poder de policía de todas las personas jurídicas en la República Argentina, instalando un sistema de competencia asimétrica entre agencias estatales y propiciando la impunidad fiscalizadora a través de la relocalización de domicilios de fantasía”.
“Permitir que las grandes corporaciones y asociaciones de alcance nacional modifiquen unilateralmente su jurisdicción registral para eludir investigaciones o sumarios de fiscalización en curso abre una zona de exclusión de control estatal”, sostuvo el escrito presentado por la Procuración del Tesoro, el Ministerio de Justicia y la IGJ.
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En la contestación presentada ante la Sala D del Tribunal de Apelaciones, la AFA afirmó por el contrario que “no existe cuestión federal alguna que habilite la competencia excepcional de la CSJN” y sostuvo que el recurso del Estado no plantea un tema constitucional sino una discrepancia con un fallo adverso sobre “cuestiones de hecho, prueba, derecho común y derecho administrativo”.
La AFA añadió que la sentencia de los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset no negó “la existencia de las facultades legales de la IGJ, no declaró la invalidez de las normas que las establecen ni privó al organismo de ninguna de sus atribuciones”, sino que examinó “si, en las circunstancias concretamente comprobadas en la causa, habían sido ejercidas dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico”, según el escrito al que accedió Infobae.
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La discusión de fondo gira alrededor del cambio de domicilio de la entidad desde su histórica sede de la calle Viamonte, en la ciudad de Buenos Aires, hacia un inmueble ubicado en Pilar. Ese traslado fue aprobado por unanimidad en la Asamblea General del 17 de octubre de 2024 y luego inscripto por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense. La Cámara Nacional en lo Civil entendió que el control de legalidad de la Asociación pasó a la provincia de Buenos Aires.
Este fallo fue mencionado la semana pasada ante la Cámara Federal de Casación por Mariano Morán, el abogado de los supuestos testaferros de la casaquinta de Pilar vinculada a directivos de AFA, como uno de los argumentos a la hora de reclamar que esa causa penal se tramite en el fuero federal de Campana y no en la ciudad de Buenos Aires. Casación resolvió el viernes último que el expediente siga su curso en el juzgado federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay.
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Los argumentos
El Estado nacional planteó que el fallo que avaló la mudanza convalidó “un domicilio provincial por encima de la realidad fáctica constatada por los inspectores del Estado” y cuestionó que se haya aceptado el traslado pese a la “inexistencia de oficinas reales de administración de la AFA en Pilar, al momento de la fiscalización”.
La AFA aseguró que la acusación referida a que el traslado fue “absolutamente simulado” y constituyó un caso de “fraude y abuso del derecho” carece de sustento. También sostuvo que, una vez inscripto el cambio de jurisdicción por parte de la autoridad bonaerense, el control permanente sobre la entidad quedó radicado en la provincia de Buenos Aires y ya no en la órbita nacional.
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Además de pedir que no se conceda el recurso extraordinario, la entidad dejó asentado que si la Cámara habilita la instancia federal, solicitará a la Corte Suprema que confirme el fallo que anuló la Resolución Particular 140/26 de la IGJ y también la resolución del Ministerio de Justicia de la Nación que había designado veedores en la AFA por 180 días.
Los camaristas deberán resolver si conceden la vía extraordinaria pretendida por el Estado nacional. Si lo hace, la disputa por la mudanza de la AFA a Pilar quedará en condiciones de desembarcar en la Corte Suprema. Caso contrario, al Gobierno solo le quedará el camino de la queja directa ante el máximo tribunal del país.
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