La Comisión de Administración Financiera del Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó este jueves, por unanimidad, la composición y el monto de las erogaciones del anteproyecto de presupuesto para 2027 del Poder Judicial de la Nación, que reclamará casi tres billones de pesos para cubrir todos sus gastos el año que viene. La suma exacta es de $2.841.911.406.537.
El proyecto pasará ahora al Plenario del Consejo, presidido por el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, para su aprobación final. Allí será votado por los 20 consejeros de los estamentos de la judicatura, la academia, la abogacía, el Gobierno y la Legislatura.
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El presupuesto pretendido luego debe girarse -junto con el presupuesto de la Corte Suprema, que elabora de manera independiente- al Ejecutivo para que lo remita al Congreso de la Nación, donde finalmente se aprueba.
Este 2026, la Justicia está funcionando con partidas que alcanzan los $2.135.208.999.995, un aumento del 280% con respecto a los dos años anteriores, cuando el presidente Javier Milei decidió mantener congelado el presupuesto, al igual que ocurrió con otros sectores del Estado.
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“En cuanto a la situación financiera, el martes 4 de agosto se remitió a la CAF el informe económico financiero del mes de julio con el estado de ingresos, egresos y proyección económica financiera. Ha sido solicitado al Ejecutivo, al Ministerio de Economía, 550 mil millones y se recibió la mitad de ese pedido y se enviarán para las obligaciones del mes en curso y lo acompañamos con las transferencias que recibimos para cubrir el déficit operativo que tenemos de 143 mil millones en total”, informó el administrador del Poder Judicial, Alexis Varady.
El funcionario continuó: “En lo que hace al Comité Tripartito, se ha entregado en forma provisoria un espacio del Ministerio Público de la Defensa en Corrientes que ya fue suscripto por la presidencia de la Cámara y las autoridades del MPD. En lo que hace al sistema acusatorio, se ha cumplido con el compromiso del Ministerio de Justicia de entrega de 105 notebooks en enero de 2026 y se recibieron 180 unidades para darle cumplimiento al convenio que teníamos y hemos solicitado el equipamiento para la próxima jurisdicción”.
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Entre los puntos destacados en el anteproyecto, se aprobó la implementación del Expediente Digital Administrativo para el Consejo de la Magistratura y la solicitud de anticipo de fondos formulada por la Federación Argentina de Colegios de Abogados destinada a solventar los gastos inherentes a la organización y desarrollo del proceso electoral para la elección de los representantes del estamento de la abogacía correspondiente al período 2026-2030.
El presupuesto de la Corte
La Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció su previsión de gastos para el año 2027 en un total de $495.049.855.166. A través de la Acordada 18/2026, el máximo tribunal del país determinó esta cifra y definió una estructura de personal compuesta por 4.732 puestos de trabajo, además de aprobar un programa de obras públicas para el período.
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Los ministros Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz firmaron el documento donde se detallaron las partidas de dinero que se destinarán al pago de salarios, la adquisición de bienes de consumo, la contratación de servicios no personales y la compra de bienes de uso.
En los fundamentos de la medida, el tribunal señaló que los límites de gasto comunicados por la Subsecretaría de Presupuesto, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, resultan escasos para cubrir las necesidades operativas básicas de la institución judicial.
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Esto quiere decir que, para la Corte, la previsión que hizo el Ejecutivo es escasa.
Ante esta situación, el máximo tribunal solicitó formalmente al Poder Ejecutivo que incorpore al presupuesto los recursos remanentes de años anteriores.
Asimismo, demandó el cumplimiento de las partidas contempladas en la Ley 23.853. Dicha legislación dispone que el financiamiento de la justicia nacional debe provenir de rentas generales, mediante un porcentaje equivalente al 3,5% de la recaudación de impuestos de la Administración Central, sumado a los aportes anuales que fije el Gobierno.
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La Corte asentó que el cálculo de los gastos se realizó bajo un criterio de prudencia y moderación, con el propósito de mantener el equilibrio fiscal y respetar las estimaciones de recursos disponibles para el próximo ciclo.
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