Las claves del robo en el depósito de ARSAT que desató una ola de causas de corrupción, drogas y espionaje

La detención de Facundo Leal, el ex titular de ARSAT durante el gobierno de Alberto Fernández, puso al descubierto una trama delictiva que involucra a un grupo de ex funcionarios oriundos de la provincia de Mendoza, que habrían desviado contratos para beneficiarse con los fondos del Estado.

De acuerdo a lo que expresa el expediente, al que tuvo acceso Infobae, la causa tiene su origen en la denuncia efectuada por los apoderados de la empresa estatal.

Esa presentación dio cuenta de que durante un recorrido de rutina, realizado el 4 de enero de 2024 en los depósitos de Argentina Logistic Services S.A. (ALS) ubicados en San Fernando, “se advirtió la sustracción y el daño de numerosos elementos almacenados en el interior de 17 contenedores o ‘shelters’ propiedad de ARSAT, lo que produjo significativas pérdidas a la empresa estatal por un valor total de USD 151.126,29”.

La causa

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, impulsó la investigación realizando una serie de relevamientos y testimonios, que lo llevaron a sospechar que el origen de las faltantes podría estar relacionado con las irregularidades en la contratación de la empresa de logística.

Con esa hipótesis, avanzó con un requerimiento que paulatinamente fue concedido por el juez Lino Mirabelli. Se trata de la ejecución de 15 allanamientos, el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil, y una serie de medidas cautelares sobre los bienes de los imputados.

Finalmente, el magistrado dispuso la citación a declaración indagatoria de todos los involucrados, quienes deberán responder por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en concurso ideal con fraude a la administración y cohecho.

La convocatoria es para la denominada “banda de los mendocinos”, los ex directivos de ARSAT, Gerardo Boschin, Pablo Gastón Pagani, Facundo Leal, Juan Navarro, Juan Álvarez; y por ALS, Diego Padilla, Fernando Paredes, Gastón Padilla, Sofía Varela Vizgarra y Santiago Pando.

Los testigos

La causa se inició con una denuncia por robo de mercadería en el predio ubicado en Ramal Tigre de la Panamericana Acceso Norte, a la altura de San Fernando. Los empleados de ARSAT, de ALS y de la compañía de seguridad describieron una serie de irregularidades que pusieron en evidencia el incumplimiento de las exigencias del contrato.

Los investigadores describieron que, desde que se tomó conocimiento del faltante de materiales en los shelters de ARSAT, la empresa ALS no realizó ningún requerimiento a la cooperativa de seguridad para optimizar o modificar el plan de servicio.

Incluso un miembro del equipo de Infraestructura reveló que el robo debió hacerse durante el día porque los equipos no tienen luz, y se necesitó para hacerlo varios días y en varias horas.

El deterioro del depósito

En el predio de San Fernando se guardaban los contenedores o “shelters” que formaban parte del Proyecto Shelter-2 de ARSAT, que tenía como finalidad garantizar la conexión a la Red Federal de Fibra Óptica en todo el territorio nacional.

Sobre el estado del lugar, declararon que “los pastos crecen por debajo de shelters y los llenan de humedad, a veces se meten ratas por la acometida de los cables y entran bichos”.

Explicaron que entre los contenedores “hay algunos que cierran y otros que no, porque el suelo está desnivelado y la cerradura no encastra bien”.

Sobre el plan de seguridad elegido para el depósito de ALS, los vigiladores señalaron que en alguna oportunidad le sugerimos al cliente aumentar el personal nocturno, porque carece de personal de seguridad suficiente para custodiarlo.

Cámaras sin vigilancia

Una testigo declaró que “el monitoreo de las cámaras no lo hacía nadie, yo tuve en mi computadora las cámaras después del hecho, pero nunca las controlé”.

Por otra parte, no existen registros fílmicos de las cámaras privadas instaladas en el interior y exterior del predio. Según informó la propia empresa, no funcionaron durante más de un año, antes de que se descubrieran las faltantes.

Con posterioridad a los hechos buscaron instalar un nuevo sistema de visualización de las cámaras en una PC, en una garita en el portón de ingreso principal. Sin embargo, no fue aceptado por los directivos de ARSAT y terminaron despidiendo a la compañía de seguridad.

Contratación irregular

De acuerdo a la teoría del caso, de las órdenes de compra emitidas por ARSAT a favor de la firma ALS, y de la evidencia digital “se desprende con meridiana claridad que, tras dichas contrataciones públicas, existía un entramado de corrupción público-privada, estructurado con el propósito de obtener un beneficio económico en perjuicio de la empresa estatal”.

Detectaron al menos “14 órdenes de compra emitidas entre 2021 y 2024 a favor de Argentina Logistic Services S.A., que fueron autorizadas por Gerardo Boschin, por un total de USD 1.930.861,30 y $40.300.000 bajo contratación directa".

Boschin fue subgerente de Compras y Contrataciones de ARSAT hasta 2024 y, tras la asunción de Javier Milei, pasó a ser director de Trenes Argentinos Operaciones hasta enero de este año.

Chats, reuniones y pasajes

La fiscalía atribuyó el armado de la maniobra a una serie de chats extraídos del teléfono de Diego Padilla. Entre los mensajes citados aparecen frases como “tenemos que hacer un par de cosas para que quede algo para los muchachos”, “que nos mande guita para llevarle a ARSAT” y “el jueves vamos a ARSAT para darle 6 mil dólares a Gerardo”, que el dictamen del Ministerio Público Fiscal interpreta como referencias a retornos y sobornos.

Además, se registraron “reuniones deliberadamente realizadas fuera del ámbito institucional, como restaurantes y cafeterías alejadas de las oficinas de la firma estatal”.

En esos encuentros “se habrían acordado los términos de la futura contratación, incluyendo el mecanismo para direccionarla, el monto del sobreprecio y la forma en que se distribuirían los beneficios ilícitos”.

Los funcionarios involucrados serían Facundo Leal, Gerardo Boschin y Pablo Gastón Pagani, quienes habrían aceptado dinero en efectivo, incluso en moneda extranjera, pasajes aéreos y otros favores.

Drogas y espionaje

El juez ordenó 15 allanamientos que alcanzaron los domicilios de todos los imputados y de las empresas mencionadas, donde secuestraron documentación, celulares, dispositivos de almacenamiento digital, dinero en efectivo, claves de acceso a monedas digitales y documentación contable.

Lo inédito fue el hallazgo de US$650.000 en efectivo, ketamina, drogas sintéticas y cocaína en el departamento de Facundo Leal en CABA, por lo que permanece detenido y procesado en una nueva causa que desde la semana pasada tramita en Comodoro Py.

Además, localizaron un bolso con 19 dispositivos profesionales de inteligencia militar, entre los que había micrófonos ocultos en anteojos, lapiceras y mouses. También inhibidores de señales, localizadores satelitales y un teléfono satelital Iridium.

Método repetido

La semana pasada el fiscal Ramiro González impulsó una causa contra Facundo Leal y otros funcionarios, con quienes trabajó cuando fue presidente del ORSNA, que también son oriundos de Mendoza.

Se trata de Noelia Florencia Ruiz, actual presidenta del Directorio del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos; Lucila Belén Pagani, actual Vicepresidenta; Facundo Gaitán, incorporado al organismo como “controller”.

En la denuncia que abrió este expediente se sostiene en que el supuesto “esquema de poder que rodeó a Leal no se habría disuelto con su salida, sino que se habría reconfigurado y profundizado bajo la nueva conducción”.