Pagó una fiesta de boda soñada, el salón le arruinó la noche y ahora deberán pagarle $28 millones

Una mujer obtuvo un fallo favorable en un juicio civil tras denunciar graves incumplimientos en la organización de su boda. La sentencia, dictada por el Juzgado Civil y Comercial n° 4 de Mar del Plata, dispuso que la parte demandada deberá abonarle una suma de 15 millones de pesos en concepto de daño moral, más intereses y costas.

La reclamante contrató un servicio integral para celebrar su casamiento en un salón de eventos de aquella ciudad, con la expectativa de vivir una jornada especial junto a su pareja y familiares. La celebración se realizó el 4 de noviembre de 2017, tras haber abonado en cuotas la totalidad del precio pactado, que ascendió a 62.000 pesos para la época.

Según consta en la resolución judicial, la mujer optó por este proveedor luego de comparar ofertas de varios establecimientos dedicados a la organización de eventos. El acuerdo incluyó un menú criollo, barra de tragos, disc jockey, ambientación, fotografía profesional y detalles personalizados como libro de firmas y gigantografía, entre otras prestaciones.

El día del casamiento, la experiencia resultó distinta a lo prometido. La demandante relató que pasó buena parte de la fiesta en el baño, superada por la angustia, para evitar que sus invitados notaran su malestar. El origen de su desazón: el servicio contratado no se prestó en los términos acordados. En el fallo se detalla que la comida llegó en mal estado o recalentada, varios platos y postres anunciados no se sirvieron, y algunas bebidas fueron escasas o no correspondieron a las marcas que figuraban en el contrato.

El fallo detalla que la demandada no compareció en tiempo y forma al proceso judicial, situación que motivó la declaración de rebeldía. Aunque luego se presentó, el juzgado consideró la falta de contestación como un factor relevante para tener por acreditados los hechos denunciados, en línea con la legislación vigente en materia de consumo.

La sentencia reconstruye la relación contractual a partir de la documentación aportada por la reclamante, incluyendo el presupuesto firmado, recibos de pago y la denuncia ante la Dirección General de Protección al Consumidor de la Municipalidad de General Pueyrredón. También consta un informe oficial que confirma la titularidad del salón de eventos a nombre de la parte demandada para la fecha del casamiento.

Entre las irregularidades verificadas, el fallo enumera la ausencia de tablas de fiambres y quesos decoradas, la falta de empanadas, la omisión de varias ensaladas y guarniciones, la no entrega de postres y tortas comprometidas, la falta de pizzas durante la madrugada y la ausencia de champagne en el brindis. Además, se detalla que el pastel de bodas no fue el solicitado y que la base era de telgopor.

La resolución judicial incorpora el testimonio de la parte reclamante, corroborado por pruebas documentales y por la confesión del demandado en sede judicial, quien admitió haber celebrado el contrato. El juzgado fundamentó su decisión en la normativa de defensa del consumidor, que protege a usuarios frente a incumplimientos de proveedores de bienes o servicios.

El juez analizó la documentación y concluyó que existieron divergencias significativas entre lo prometido y lo efectivamente prestado. Destacó que la relación entre las partes constituyó un claro vínculo de consumo, donde la reclamante cumplió con sus obligaciones de pago y el proveedor no aportó pruebas que acreditaran haber brindado el servicio según lo pactado.

El fallo evalúa el daño moral sufrido por la mujer, vinculado con la frustración de sus expectativas y el esfuerzo económico realizado para celebrar su boda. Se tuvo en cuenta también el malestar generado por la necesidad de iniciar reclamos ante organismos administrativos y judiciales, lo que implicó un desgaste personal adicional.

La sentencia cita precedentes de la Suprema Corte bonaerense y de la Cámara de Apelaciones local, que reconocen la procedencia del daño moral en casos de incumplimiento en relaciones de consumo. El dictamen sostiene que el dinero cumple una función compensatoria, destinada a mitigar el dolor y la decepción de la víctima.

El monto de la indemnización, fijado en 15 millones de pesos a valores actuales, busca cubrir las satisfacciones sustitutivas que pueden procurarse con esa suma, según los parámetros establecidos en el Código Civil y Comercial. Además, la resolución ordena el pago de intereses desde la fecha del evento hasta la cancelación efectiva, y establece que la parte demandada deberá asumir el total de los gastos del proceso (costas).

El tribunal también dispuso medidas para garantizar el cobro de la suma, incluyendo la apertura de una cuenta judicial específica y la exigencia de un depósito previo en caso de apelación. El monto requerido para recurrir el fallo asciende a más de 28 millones de pesos, al sumar capital, intereses y una estimación de gastos y honorarios.

La resolución subraya que, en contratos de consumo, la falta de contestación de la demanda por parte del proveedor genera una presunción favorable a la veracidad de los hechos expuestos por el usuario, aunque no releva al juez del deber de analizar la justicia del reclamo y las pruebas disponibles.

En su argumentación, el magistrado resaltó la importancia de la confianza depositada por los consumidores en los proveedores de servicios. Señaló que las expectativas generadas por la publicidad y las promesas contractuales deben ser honradas, ya que constituyen la base del consentimiento y la satisfacción del cliente.

En el expediente quedó reflejado que la demandante logró probar no solo el incumplimiento del servicio, sino también el perjuicio moral causado por la experiencia frustrante. El fallo enfatiza que este tipo de daños se consideran una consecuencia inmediata en relaciones de consumo y deben ser resarcidos en forma amplia.

El caso pone en primer plano la protección jurídica de quienes contratan servicios para ocasiones únicas y la responsabilidad de los proveedores de cumplir con lo pactado. La sentencia se inscribe en una tendencia jurisprudencial que busca fortalecer los derechos de los usuarios y asegurar que las empresas respondan por los daños que generan.

La mujer expresó durante el proceso el impacto negativo que tuvo la experiencia en su ánimo y en la relación con sus invitados. La resolución judicial reconoce ese padecimiento y otorga una reparación proporcional al daño sufrido.

De acuerdo con el fallo, la parte demandada dispone de un plazo de diez días hábiles para abonar la suma establecida, una vez que la sentencia adquiera firmeza. El incumplimiento habilitará la ejecución judicial del monto.