El Secretario General de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y presidente de la obra social OSPRERA, José Antonio Voytenco, sufrió por orden judicial el embargo de sus bienes y la inhibición de sus cuentas. La Justicia lo investiga por presuntas irregularidades financieras, desvío de fondos sindicales y lavado de activos. El proceso, impulsado por una denuncia de otro dirigente de su sindicato, se desarrolla en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, de Federico Villena, quien este sábado ordenó un allanamiento en la sede porteña de UATRE.
La denuncia, presentada ante la Justicia el 16 de octubre pasado, señala que Voytenco podría haber utilizado su posición de poder en UATRE para favorecer su propio crecimiento patrimonial, incompatible con sus ingresos declarados. Entre los activos mencionados en la investigación se incluye una lujosa propiedad valuada en más de un millón de dólares, ubicada en un club de campo en Cañuelas, además de una colección de relojes de lujo con un valor aproximado de 150.000 dólares.
Según la acusación del dirigente sindical Marcelo Agustín Andrada, de la delegación La Plata de la UATRE, el nivel de vida de Voytenco y su relación con ciertos proveedores de servicios de UATRE podrían indicar una red de negocios irregulares, donde se alega que habría recibido pagos en efectivo y otros beneficios en relación con contrataciones de la obra social y del sindicato. Andrada también apuntó a la falta de transparencia en la administración de la obra social OSPRERA, que según indicó, habría negado prestaciones a afiliados en momentos de alta necesidad.
En respuesta a la gravedad de las denuncias, la Superintendencia de Servicios de Salud solicitó medidas urgentes para proteger a los afiliados de OSPRERA y asegurar el funcionamiento regular de la obra social. Entre las medidas propuestas destaca la posibilidad de intervenir temporalmente la entidad para establecer mecanismos de control y supervisión sobre su administración, con el fin de proteger los derechos de los beneficiarios y velar por el correcto uso de los fondos.
Dada la gravedad de las acusaciones y el riesgo de inestabilidad administrativa en OSPRERA, el Juzgado Federal de Lomas de Zamora resolvió habilitar a la Superintendencia de Servicios de Salud para adoptar medidas de supervisión directa sobre el directorio de la obra social. Esta decisión incluye la potestad de intervenir en el directorio de OSPRERA si se identifican irregularidades que comprometan el cumplimiento de sus obligaciones hacia los afiliados. La medida tiene carácter temporal y busca restablecer la confianza y la correcta administración de los fondos de la obra social.
La medida dictada autoriza a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud) a adoptar durante 120 días medidas de control y gestión sobre OSPRERA. Este término podría prorrogarse o acortarse según lo necesiten los avances en la estabilización de la entidad afectada. Este movimiento busca salvaguardar los derechos de los afiliados y asegurar la transparencia administrativa dentro de la organización.
El caso también involucra al fiscal Sergio Mola, quien inicialmente se opuso al impulso de la acción penal y postuló la incompetencia del tribunal. Sin embargo, el avance del proceso permitió a la querella proseguir incluso ante la no participación del Ministerio Público Fiscal. Al respecto, el juzgado indicó la posibilidad legal de que la querella actúe de manera autónoma en esta clase de investigaciones, amparándose en jurisprudencia previa que reconoce tal acción.
OSPRERA ya había sido intervenida en septiembre del año pasado por orden del juez de La Pampa Juan José Báric. El administrador designado en solicitó un apoyo financiero de 3.350 millones de pesos a la Superintendencia, destinado a saldar deudas; sin embargo, la deuda no solo no se redujo sino que aumentó, pasando de $26.979.000 en septiembre de 2023 a $43.949.000 en marzo de este año. El administrador provisorio se asignó un sueldo de $11.397.819 por mes, mientras que los miembros del directorio percibieron las siguientes sumas entre $ 14 millones y $ 8 millones.
El denunciante de Voytenco denunció ante el Juzgado de Lomas que el secretario general de su gremio “se estaría construyendo” una casa de más de 350 metros cuadrados en el Club de Campo Las Cañuelas, en la localidad bonaerense de Cañuelas y estimó que el valor de la propiedad sería de un millón de dólares. Además, agregó que el sospechoso percibiría ingresos declarados por más de 40 millones de pesos mensuales. En ese sentido, mencionó una supuesta colección de relojes de lujo y contó que todo el directorio de la obra social se manejaría en aviones privados. “Tienen una vida de lujos que no se condice con la actividad sindical”, declaró ante los secretarios del juez Villena.
Andrada incluso lo vinculó con la empresa de seguros El Surco, de la cual Voytenco obtendría retornos de dinero en efectivo por los seguros de sepelio contratados a esta empresa. También mencionó a una consultora.
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