Cuadernos: la UIF reclamó decomisos anticipados de terrenos y la Corte rechazó el planteo de un empresario

La Cámara Federal deberá resolver si avanza con el decomiso anticipado de los terrenos en Turks and Caicos que pertenecían a Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner. La Unidad de Información Financiera (UIF), uno de los brazos querellantes del Gobierno en esta causa, apeló la resolución del juez federal Julián Ercolini, que había rechazado el planteo e insistió en que esas parcelas fueron adquiridas con fondos provenientes de la defraudación cometida por la asociación ilícita investigada en este expediente.

“Resultó llamativo para esta parte advertir un nuevo rechazo a una petición avalada no sólo por el representante del Ministerio Público Fiscal, sino también por la Alzada y que no contaba con oposición alguna más que la del propio juez instructor”, sostuvo el organismo que dirige Ignacio Yacobucci, a través de un escrito elaborado por el director de Litigios Penales, Mariano Abel Ezeyza, según indicaron a Infobae fuentes judiciales.

El tema de los decomisos es clave para el Gobierno Nacional. De hecho, es uno de los puntos que la UIF ha resaltado ante los miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que deben evaluar a Argentina en los próximos días.

Precisamente, la causa por los bienes de Muñoz exhibe el avance de la justicia argentina en un caso de corrupción y lavado de activos. La investigación sobre el exsecretario de Néstor Kirchner —fallecido en 2016, luego de que se revelara su vínculo con el escándalo de los Panamá Papers— existía y se anexó al caso de los cuadernos. Se trata del expediente en el que más dinero se logró incautar gracias al aporte de los “arrepentidos”. Gran parte de los millones que pasaron por las manos del exsecretario de Kirchner terminaron en un terreno de las paradisíacas islas Turks and Caicos, en el Caribe.

En ese entramado intervino como testaferro Isaac Esparza, un curioso personaje que aparecía en redes sociales con pintorescos videos para promocionar apuestas. Esparza, de nacionalidad mexicana, fue detenido y extraditado a Argentina. Se encuentra procesado por lavado de dinero. ¿Cómo terminó en esta causa? Tenía una deuda de juego con el primo de Carolina Pochetti, Carlos Gellert, esposa de Muñoz, y terminó firmando unos papeles sin preguntar demasiado.

La UIF y la fiscalía de Carlos Stornelli ya venían reclamando el decomiso de estas tierras, tal como lo detalló Infobae hace unos meses. Ahora, el organismo volvió a reclamar esa medida en duros términos. Según su escrito, Esparza “administraba una sociedad, que a su vez administraba un fideicomiso en favor de dos sociedades de las cuales él era accionista. El juez parecería que, de pronto, olvidó por completo la estructura que se encontraba investigando y a los participantes de los hechos, tomando todo como supuestos negocios lícitos, más allá de las claras inconsistencias que exhiben”.

Para la UIF, “pareciera ser que el juez elabora nuevas hipótesis con el único fin de evitar pronunciarse en favor del decomiso de estas parcelas que, a claras luces, resultan haber sido adquiridas por sociedades offshore, dirigidas por una persona que expresamente reconoció desconocer el contenido de los documentos que firmaba a petición de su amigo Gellert —pero para el juez podría constituir un accionar legítimo—. Aun cuando en todo momento se posicionó a Esparza Hidalgo como propietario de las parcelas, de pronto el magistrado descubre que ello no era tan evidente y que puede ser que Sean Sullivan sea su verdadero titular y que, además, exista una colisión de derechos en torno a las expectativas de cobro de un prestamista de apellido Vavrus”.

La causa por el lavado de dinero de Muñoz forma parte del ramillete de causas englobadas en el expediente Cuadernos. Allí, Cristina Kirchner fue procesada como jefa de una asociación ilícita que recaudaba dinero entre los empresarios que hacían negocios con el Estado, junto con sus funcionarios y los empresarios. “Estamos frente a una asociación ilícita que fue comandada por Néstor Kirchner y Cristina Elisabet Kirchner”, escribió el fallecido juez al elevar el caso a juicio. “No se trata de una ‘persecución judicial’, sino de una verdadera investigación judicial”.

El caso está en manos del Tribunal Oral Federal 7, que ordenó realizar una instrucción suplementaria y definió la prueba de cara al debate. Aún no hay fecha de juicio oral. La semana pasada, Casación Penal rechazó la queja de la defensa de la expresidenta, que buscaba anular la causa conocida como “la Camarita”, uno de los desprendimientos de la megacausa que investiga la cartelización de la obra pública durante el kirchnerismo, basada en las declaraciones de arrepentidos. El tribunal también ratificó la validez de la declaración como arrepentido del financista Ernesto Clarens.

En otro orden, en la causa principal, este martes, la Corte Suprema volvió a ratificar decisiones tomadas en esa investigación. En este caso se trata de Osvaldo Atenor Acosta, fundador de la empresa Electroingeniería S.A.. El juez de primera instancia había dictado la falta de mérito de Acosta, pero esa medida fue revocada por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, que dispuso el procesamiento sin prisión preventiva del expresidente de la empresa como autor del delito de cohecho activo, reiterado en quince ocasiones, que concurren en forma real.

La defensa presentó un recurso de casación, declarado inadmisible por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Contra esa decisión, planteó un recurso extraordinario que, rechazado, derivó en la presentación de uno de queja ante el Máximo Tribunal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó la queja.