El juez en lo contencioso administrativo federal Martín Cormick habilitó la feria judicial para tramitar una causa contra el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, en la que la semana pasada se le ordenó al gobierno nacional se garantice el derecho a la alimentación de las personas que concurren a comedores populares.
Se trata de un amparo colectivo que inició la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), referenciada en el dirigente social Juan Grabois, y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), El juez federal Walter Lara Correa aceptó una medida cautelar en la le ordenó a Capital Humano que “no innove respecto de los planes y programas enunciados en los considerandos, los cuales deberán ser cumplidos de manera cabal, estricta y sin dilación o interrupción alguna”.
La decisión es de la semana pasada y desde el lunes rige la feria judicial de invierno. Ante eso, los organismos pidieron que se habilite la feria para que durante el receso continúe el trámite de la causa “a fin de efectuar el trámite de ejecución de la medida cautelar dictada”. Explicaron que se trata de garantizar el acceso al derecho humano de la alimentación y que eso “no admite demora y su postergación podría tornar ineficaz la protección cautelar”.
El juez Cormick explicó que la habilitación de la feria es una medida de carácter excepcional, que se aplica solo en los casos que no admitan demora en su tratamiento y que este expediente es una de esas excepcionalidades. “En el caso median circunstancias suficientemente excepcionales al efecto para tener por configurada la urgencia exigida para habilitar la feria judicial”, sostuvo el magistrado en su resolución a la que accedió Infobae.
La causa se inició a principio de año en la que las organizaciones señalaron que el gobierno discontinuó la entrega de alimentos a los comedores y merenderos y reclamaron que se mantengan las políticas sociales. El expediente se transformó en un amparo colectivo en el que se invitó a las organizaciones que quieran formar parte. Así, la semana pasada el juez puso la causa en cabeza del CELS y le ordenó al gobierno mantener los planes y los programas sociales.
También el magistrado señaló en su fallo que la decisión “no obsta a las facultades que posee el Poder Ejecutivo Nacional de reestructurar, revisar y auditar la ejecución de los diferentes programas y/o planes. Así como tampoco, la potestad de creación de nuevos programas complementarios siempre que el colectivo identificado y, a quien se encentra dirigida el programa satisfaga de manera efectiva su derecho”.
Por otra parte, la justicia le reconoció al Poder Ejecutivo el “poder de policía” para controlar el trabajo de los comedores y que deberá presentar un informe mensual “acerca del desarrollo de las políticas públicas vinculadas con los comedores y/o merenderos, que tiene por finalidad la satisfacción del colectivo que allí asisten y la cantidad de población beneficiada discriminada por su ubicación geográfica”.
La causa tramita en paralelo a otro expediente judicial que inició Grabois. Se trata de una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Pettovello por no entregar alimentos. En esa investigación se determinó que el gobierno tenía casi 5 toneladas de comida en dos galpones de la provincia de Buenos Aires y de Tucumán y el juez federal Sebastián Casanello le ordenó que presente un plan para la distribución de la mercadería, mucha de ella con fechas de vencimientos cercanas.
El fallo fue apelado por Capital Humano y fue ratificado por la Cámara Federal y la Cámara Federal de Casación Penal pero el gobierno llevó al caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación al considerar que la distribución de alimentos es una decisión política que no se puede judicializar.
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