Cuadernos: el Gobierno también apeló la resolución que favoreció a Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri

El Gobierno también decidió embestir contra el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que resolvió “sacar” al empresario Angelo Calcaterra del expediente y enviar su caso al fuero electoral en el marco de la causa cuadernos, indicaron a Infobae fuentes judiciales. La Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en la causa, reclamó la nulidad de la resolución, apenas le corrieron vista por el planteo que impulsó el fiscal Raúl Plee. El argumento del Ministerio Público es que se había dejado afuera de este incidente al organismo antilavado.

“Vuestra excelencia resolvió la cuestión de competencia sin notificar a esta parte ni permitir al organismo exponer su punto de vista sobre la cuestión, y con ello se restringieron arbitrariamente las facultades recursivas de esta parte, en clara afectación a las reglas del debido proceso penal y tutela judicial efectiva”, sostuvo la presentación de la UIF entregada esta mañana ante la Sala I de Casación, a cargo de los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Carlos Mahiques.

En la presentación a la que accedió Infobae, la UIF afirmó además que además “del defecto formal, la falta de notificación y la indebida obstrucción del ejercicio del derecho a ser oído, se verifica un perjuicio en tanto la resolución (viciada) es contraria a los intereses del organismo”. “Lo cierto es que, todo aquel a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garantía del debido proceso legal consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional”, se señaló.

Para la UIF, así las cosas el fallo de Casación “frustra la pretensión de este organismo de que se celebre el debate oral y público conforme lo expuesto en el requerimiento de elevación a juicio”. Se subrayó que la incompetencia se dispuso en el caso con posterioridad a la clausura de la instrucción, “lo que implica sustituir arbitrariamente el análisis de los hechos y la prueba que debe producirse en la instancia de juicio”. Además, “la decisión demora injustificadamente la apertura de la instancia del debate oral y público, si se tiene en cuenta el tiempo transcurrido desde la elevación del caso a juicio”.

Se hizo hincapié en “un perjuicio de especial gravedad, teniendo en cuenta que surge como efecto de una resolución que es arbitraria” porque “asimila el caso -erróneamente- a la situación de otros imputados, pasando por alto la instancia procesal en la que se encuentra la causa y la pluralidad de hechos que se endilgan a Calcaterra y Sánchez Caballero”, “interpreta erróneamente el elemento de ‘prejudicialidad” y por “la valoración de los hechos parte de una presunción de veracidad de las declaraciones de los imputados, cuyo control corresponde sea efectuado en instancia de juicio”.

Ayer, el fiscal federal Raúl Plee reclamó la nulidad del polémico fallo: dijo la Cámara Federal de Casación Penal no notificó a la Unidad de Información Financiera (UIF). Debe resolverlo el tribunal que ya dispuso que el caso pasara a electoral.

Mientras el Tribunal Oral Federal 7, que tiene a su cargo el futuro megajuicio, también opinó y cuestionó abiertamente el fallo de su superior. Tal como reveló Infobae más temprano, dos de los integrantes del tribunal oral sostuvieron que, en un conflicto de competencia entre el fuero penal federal y el electoral debió haber intervenido la Corte Suprema y no Casación para dirimirlo, y que no mandaran el caso a la jueza María Servini hasta que la resolución no quede firme. El tercer magistrado fue más allá: reclamó que ya mismo el máximo tribunal intervenga por la extralimitación de Casación, aseveró que “la gravedad” de lo ocurrido “trasciende esos límites para afectar directamente la buena administración de justicia” y denunció que se están comprometiendo los compromisos internacionales asumidos en materia de corrupción

Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Andrés Castelli tienen en sus manos la realización del juicio oral que concentrará una megacausa con varios epicentros: no solo la causa por las anotaciones de Oscar Centeno sino todas las causas que se agruparon alrededor de ella. El ramillete de expedientes fue elevado a juicio oral a fines de 2019. Allí la ex presidenta Cristina Kirchner está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que recaudó dinero de empresarios y que quedaron retratados en los cuadernos del chofer de Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido.

Cuando Javier Sánchez Caballero, mano derecha de Calcaterra, fue detenido por orden del juez Claudio Bonadio, el primo de Mauricio Macri se presentó en los tribunales. “Tuvimos desde el inicio del Gobierno del doctor Néstor Kirchner un contexto desfavorable hacia nuestro grupo empresarial en general y hacia la empresa IECSA en particular. Como ejemplo, puede indicar que en ocasión de una reunión empresarial en Venezuela (Néstor) Kirchner encontrándose junto al entonces presidente (Hugo) Chávez le pidió a Calcaterra que se acercara y cuando lo hizo el primero le manifestó a Chávez que era el primo de su mayor oponente político”. Según sostuvieron, Baratta comenzó exigirle a Angelo Calcaterra que pusiera dinero para las campañas. Con el tiempo, la exigencia se fue haciendo más fuerte y en un momento se cedió a la presión entregando dinero”.

Pero esos planteos quedaron en el trámite penal e incluso se pidió prueba de ello en el inicio del debate. Por cuerda separada, se hizo una presentación ante la jueza María Servini que, con el aval de la fiscalía, reclamó que se le girara el tema al fuero electoral. Y ahí se desató un planteo de incompentecia entre el TOF y la magistrada. Casación resolvió la semana pasada.

“Advertimos que los datos señalados, de cuyo análisis prescindió el tribunal oral, no se contraponen con las versiones de Ángel Jorge Antonio Calcaterra y Héctor Javier Sánchez Caballero al señalar que los pagos atribuidos habrían tenido como motivación financiar las campañas electorales del partido político Frente para la Victoria de los años 2013 y 2015″, dijo el juez Diego Barroetaveña junto a sus colegas Diego Barroetevaña y Carlos Mahiques.

Para Casación, “no resulta aislado el dato, ya comprobado” que las fechas en que se concretaron las entregas de dinero atribuidas a los imputados “son coetáneas a las campañas electorales de las elecciones llevadas a cabo en los años 2013 y 2015″. Y afirmó que el Tribunal Oral “nada dijo acerca de la información aportada por la parte recurrente vinculada a que sus defendidos, a través de la empresa Creaurban SA, realizaron aportes para la campaña de elecciones presidenciales del año 2007 en favor de Frente para la Victoria. Ese dato resulta de interés por cuanto, tal como alega la defensa, indicaría que el aporte de dinero a una campaña electoral no era un hecho novedoso para sus defendidos”.

Bajo ese análisis, ordenaron que esa parte de la causa pasara al fuero electoral. Con este antecedente se descuenta que son varios los empresarios que insistirán que su caso se analice a la luz del momento en que hicieron sus entregas de dinero. Por lo pronto, tres ya consiguieron que Casación les abriera la queja. Otros tres ya habían sido sobreseídos en otra etapa procesal previa.

El Tribunal Oral Federal viene diciendo que Casación no era competente para resolver porque el tribunal comun entre el fuero penal federal y el electoral era la Corte Suprema.