Comodoro Py cruzado por denuncias “de” y “contra” de Capital Humano, mientras Pettovello pide su sobreseimiento

“Corresponde el dictado de un condigno sobreseimiento en la causa y respecto de nuestra asistida, por inexistencia de delito”. Con estas palabras, en un escrito al que accedió Infobae, la defensa de la ministra Sandra Pettovello reclamó el cierre de la causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público que impulsó el dirigente Juan Grabois y que se convirtió, a través de una medida cautelar, en el eje de la polémica sobre cómo el Gobierno almacenó en dos galpones alimentos que estaban próximos a vencer sin distribuirlos a sectores vulnerables.

El planteo de la defensa de Pettovello consta en el expediente que tiene en sus manos el juez federal Sebastián Casanello y la fiscal Paloma Ochoa. Ahora, luego de que el Gobierno Nacional se aviniera cumplir con la medida cautelar para entregar un plan de distribución de esos productos que -según informó- serán destinadas a escuelas vulnerables, tras un duro fallo de la Cámara Federal porteña, los investigadores judiciales no solo deben evaluar si se está cumpliendo la orden dada -y también esclarecer las diferencias detectadas entre lo que el Gobierno informó y lo encontrado en uno de los depósitos- sino también analizar el fondo de la cuestión: si existió o no delito por parte de la responsable de Capital Humano.

Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, la causa recién comienza para dar una respuesta a ese planteo. No obstante, la funcionaria de Javier Milei reclamó el cierre de la causa al sostener que no hay delito, más allá de la discusión que la subsecretaria legal del Ministerio Leila Gianni buscó dar sobre la cautelar.

“Señora Fiscal, entendemos la lógica preocupación de ese Ministerio Público por la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población vulnerable. Nuestra asistida la comparte plenamente, y para ello ha tomado decisiones que significan un verdadero reordenamiento del sistema, la puesta en marcha de programas eficientes, las necesarias auditorías y la relación directa con los beneficiarios (recordemos en tal sentido el aumento de la tarjeta Alimentar, que pasó de cubrir un 50 % de la canasta básica al 10/12, a estar por encima del 70% a la fecha o las enormes diferencias en las erogaciones por otros conceptos respecto del mismo período del año 2023″, sostiene la presentación de los abogados Santiago Fontán Ballestra y José Figuerero. Tras resaltar las denuncias sobre comedores fantasmas, la defensa de Pettovello destacó que “el Derecho Penal no es el ámbito adecuado para delinear las políticas sociales” y sostuvo que no existió “delito alguno”.

Hay, sin embargo, un enjambre de causas judiciales -algunas penales y otras de otros fuero- que hablan de irregularidades en la entrega de alimentos, en la existencia de comedores, o en la denuncia por corrupción sobre contrataciones sospechosas en el propio Ministerio, que se salpican con otras que ya sellaron su suerte: la acusaciones por la compra de medicamentos o la asistencia de menores, tras auditorías internas en las que -según los fiscales que intervinieron- no se detectaron delitos.

El escándalo de los alimentos

El planteo de la defensa de Pettovello se registró en la causa por los alimentos. El 5 de febrero, el dirigente Juan Grabois denunció a la ministra de Capital Humano por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario púbico por haber suspendido, desde su asunción en el cargo, la entrega de alimentos a los comedores comunitarios sin ofrecer algún tipo de alternativa para evitar el desabastecimiento de la red de contención que ellos representan, así como por la suspensión de la ejecución del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que abastecía alimentos y auditaba a dichos comedores, a pesar de que los fondos se encontrarían disponibles.

El juez Sebastián Casanello recibió por sorteo la denuncia y, como hace en todos los casos, delegó la investigación en la fiscalía, a cargo de Paloma Ochoa. A fines de mayo, a partir de información publicada en el medio El Destape que daba cuenta de la existencia de más de 5 mil toneladas de alimentos guardados en dos centros de logística utilizados por el Ministerio de Capital Humano, Grabois, en su rol de querellante, pidió una inspección en los galpones y una orden de presentación en el ministerio. La fiscal Ochoa reclamó que se dictara una cautelar para que esos productos se repartieran en comedores registrados y el juez Casanello firmó una cautelar que le daba 72 horas al Ministerio para que informara su stock de productos con sus fechas de vencimiento y entregara un cronograma cómo se sustanciara la entrega inmediata.

El Ministerio, encabezado por Leila Gianni, decidió apelar esa resolución y dar por hecho que tenía efectos suspensivos. En el interín se supo dentro del expediente -y difundido por Grabois- que más de 300 mil litros de leche iban a vencer en junio. Eso generó que Pettovello culpara a funcionarios de no informarle el vencimiento y acelerar el reparto de esos productos a través de la fundación Conin y el Ejército. Fue así que se dio la escandalosa audiencia ante la Cámara Federal, con gritos de “kuka ladrona” y “deja de extorsión a los pobres”, que selló la suerte del Gobierno: por unanimidad se ordenó cumplir con la cautelar.

Pero el fallo de la Cámara Federal da cuenta de otro escenario: el de las otras causas por alimentos que existen en otros tribunales y sobre las que también tomó nota Comodoro Py. Es que, casi en paralelo a la denuncia penal que se radicó en febrero contra Pettovello, se radicaron también contra el Ministerio de Capital Humano pero esta vez en el fuero en lo contencioso administrativo.

Una fue radicada el 14 de febrero a raíz de amparo colectivo y medida cautelar promovidos por la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) con el patrocinio de distintos abogados, entre ellos, Juan Grabois. Allí se denunció la suspensión o mengua -según se expresa- de tres mecanismos a través de las cuales el Estado Nacional venía garantizando el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias hacia las familias carenciadas y reclamaba que se entregara alimentos de manera urgente a los comedores.

Según analizó en su voto el juez Eduardo Farah de la Cámara Federal, “la petición es análoga” a la que se cursó la causa penal que. tiene Casanello, “solo que a mi entender pone el énfasis en los recursos que se destinaran a futuro para ello en el universo de los regímenes de prestaciones alimentarias que brinda el Estado Nacional, mientras que en esta causa penal la orden del juez estuvo -y sigue estando- orientada al modo de disponer de los alimentos que puntualmente hoy están disponibles en los 2 depósitos: de Villa Martelli y de Tafí Viejo en Tucuman.

La segunda causa que se inició en el fuero contencioso se inició también para esa fecha, el 6 de febrero, a raíz de una medida de prohibición de no innovar que interpuesta por la Defensora y el Defensor Adjunto de Niñas, Niños y Adolescentes contra el Ministerio de Capital Humano dirigida a que no discontinúe ni suspenda la entrega de alimentos secos a comedores comunitarios y merenderos “hasta que culmine la transición a la nueva modalidad de asistencia alimentaria” Allí la cartera de Pettovello daba cuenta en ese entonces de los alimentos almacenados en los depósitos. En medio de idas y vueltas, el juzgado rechazó la medida cautelar solicitada. La defensoría apeló y está a estudio de la Cámara del fuero.

Hay una tercera causa que el fallo de Cámara no menciona: es la que detalló Infobae cuando el juez en lo contencioso administrativo federal Walter Lara Correa inició a fines de mayo un proceso colectivo contra el gobierno nacional de Javier Milei por la falta de entrega de alimentos a comedores y merenderos en todo el país. Con su decisión, el magistrado abrió un período para convocar a personas, asociaciones u organizaciones “que pudieran tener un interés en el resultado del litigio” y le pidió al Poder Ejecutivo que informe sobre la ejecución de los programas de alimentos.

Comedores truchos

En el crucigrama de causas, el Gobierno Nacional impulsó una causa contra la existencia de comedores fantasmas. Esa fue una de las justificaciones que expuso en la causa de Casanello a la hora de explicar por qué aún no se entregaban los alimentos, a la espera de la auditoria.

El 27 de mayo, el mismo día en que -en otra causa- la Justicia realizaba una treintena de allanamientos en una investigación contra piqueteros por extorsión y amenazas y que comprometió al Polo Obrero, la ministra de Capital Humano presentó una denuncia por defraudación y abuso de autoridad a raíz de una serie de auditorías sobre comedores y merenderos. Se habló de “falta de control”. En esos relevamientos se aseguró que de más de 2.600 establecimientos, la mitad presentaron irregularidades y no pudieron ser validados como comedores y merenderos. En esa línea, dice la denuncia, “sólo pudo relevarse casi la mitad de los comedores registrados (52,3%), y que de ese total, el 20% aproximadamente, es financiado por el Estado Nacional”. En cuanto al 47,7 % restante, se establecieron distintas falencias, como ser: El 32 % no funciona como tal, el 25% de los datos de la pre-inscripción no coinciden con la información real y el resto, en la dirección declarada nunca funcionó un comedor/merendero”.

Por sorteo el caso recayó en el juzgado de Ariel Lijo, con la intervención del fiscal Ramiro González. El fiscal impulsó la denuncia, pidió la digitalización de todos los expedientes administrativos denunciados como irregulares y solicitó “la nómina del personal responsable del control” en el área a cargo de controlar los comedores comunitarios, “que prestaron y/o prestan funciones en la Dirección Nacional de Seguridad Alimentaria, desde su creación en el mes de julio de 2020 hasta diciembre de 2023, como así también de los funcionarios a cargo de la Secretaría de Inclusión Social y del Ministerio de Desarrollo Social”. También solicitó los datos del personal del Ministerio que efectúo las auditorías en cuestión y que estuvieran al tanto del procedimiento de registración de los comedores o merenderos en el RENACOM.

En la causa ratificó la denuncia Leila Gianni y fue citado a declarar Héctor Calvente, responsable de la audtoría, quien dio precisiones de la investigación. A los pocos días fue uno de los eyectados del Ministerio: había llegado a la gestión de la mano de Pablo de la Torre, el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la cartera, al que el propio Ministerio decidió denunciar, bajo sospechas de corrupción, cuando se conoció que parte de la leche stockeada en galpones estaban próximos a vencer.

Contratos y corrupción

El 30 de mayo, De la Torre, virtual número dos de la cartera de Capital Humano, fue desplazado de su cargo en medio de una fuerte polémica por la distribución de los alimentos destinados a los comedores populares y las organizaciones sociales. En un escueto comunicado, el ministerio dijo que “a raíz de una información recibida sobre el estado y fechas de vencimiento de determinados productos adquiridos por el gobierno anterior (los cuales se encuentran en los galpones de Villa Martelli y de Tafí Viejo en la provincia de Tucumán del ex Ministerio de Desarrollo Social), ha llevado a cabo una auditoría y ha decidido limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que, por mal desempeño de sus tareas, no han realizado un control permanente de stock y de vencimiento de mercadería”.

Pero en tribunales el Gobierno no solo se lo buscó responsabilizar de esa situación sino que, a través de la abogada Gianni, se lo denunció por contrataciones irregulares y cobros en dólares. El caso también cayó en manos de la dupla Lijo-González. Si bien la denuncia no es contra ninguna persona, sino que relata hechos, señala que De la Torre se quedaba con dólares que se cambiaban al cobrar contratos que la Secretaría hizo con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). La denuncia fue hecha en base a un relato que hizo ante las autoridades del Ministerio Federico Fernández, director general de administración de la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, recogida por Gianni.

El mismo día de la escandalosa audiencia con Grabois, Gianni declaró durante dos horas ratificando la denuncia y subrayando que los dichos de Fernández ante las autoridades fue de forma “libre y de forma voluntaria”. Una forma de minimizar las versiones periodísticas que señalaban que el funcionario estuvo secuestrado cuatro horas en una oficina.

El fiscal González abrió formalmente la causa en los últimos días: le solicitó a Capital Humano “con carácter de urgente” una serie de documentos vinculados a las contrataciones que se hicieron mediante la OEI y citó a declarar como testigo para el jueves de la semana que viene a Alejandro Schiavi, subsecretario de Gestión Administrativa de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio. “El objeto procesal de autos se centrará en investigar las distintas contrataciones realizadas a través de la Organización de Estados Iberoamericanos con el Ministerio de Capital Humano de la Nación y las Secretarias dependiente de dicha cartera ministerial, en miras de establecer si existieron conductas penalmente relevantes; y en consecuencia determinar la identidad de cada una de aquellas que participaron de la maniobra”, sostuvo el fiscal en su dictamen. Eso podría exceder el Ministerio de Capital Humano.

Las sospechas por los medicamentos

A mediados de febrero, el Gobierno anunció que una auditoría interna de Capital Humano reveló graves irregularidades en la compra de medicamentos en los últimos ocho años para personas en situación de vulnerabilidad. Leila Gianni formalizó la denuncia penalmente: apuntó contra funcionarios de ese área desde 2016 hasta el 10 de diciembre de 2023 por compras sospechosas. El caso recayó en manos del juez federal Julián Ercolini, con la intervención del fiscal Carlos Rívolo y su colega Ramiro González.

Gianni fue llamada a declarar y precisó que “internamente” estaba " recabando mayor información a través de las áreas sustantivas que tenían en cabeza dicho programa, y que sin perjuicio de no contar con toda la información pertinente, por carga de ley, se decidió formular la denuncia”. La fiscalía ordenó una serie de medidas previas al Ministerio de Salud, al propio Capital Humano y a distintos juzgados.

“Se ha podido verificar el estado incipiente de lo que se pretende formalizar como una denuncia penal. Fue a partir de esta misma denuncia cuando resolvieron iniciar un sumario administrativo para verificar mínimamente si se ha cometido o no un delito penal y quiénes podrían ser sus responsables”, repasó el fiscal . …”Por ahora lo único que es objetivamente claro es que una Secretaría que dependía del ex Ministerio de Desarrollo Social utilizaba un sistema de compras de medicamentos que difería del que el Estado Nacional utiliza de manera habitual, conforme las normativas vigentes y que ello fue remarcado en su oportunidad, por auditorías llevadas a cabo por otro Ministerio (...) De ese trabajo no se advierte la comisión de un delito penal, sino de una ‘posibilidad’”.

Según el dictamen fiscal ”nos hallaríamos frente a cuestiones que, al menos en un principio, deberían ser discutidas dentro de la esfera de la propia administración pública, y que, por ende, hasta tanto se lleven adelante las investigaciones administrativas y se expidan las correspondientes instancias, la justicia penal no tendría injerencia para evaluar si se ha cometido, o no, alguna conducta delictiva”.

La denuncia se desestimó pero Gianni hizo una nueva presentación con un listado con los pagos que habrían sido realizados a distintos laboratorios por la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), por la compra de medicamentos, desde el año 2020 hasta el año 2023 inclusive. La fiscalía insistió en que “más allá de que se trata de información parcial, puesto que la denuncia refiere a un rango temporal más amplio, y no refleja lo requerido en su oportunidad” por el juzgado, “lo cierto es que los nuevos datos brindados por la cartera ministerial no brindan nuevas aristas que permitan rebatir” revaluar la desestimación de la denuncia. El juez Ercolini dio en marzo por cerrado el caso.

La denuncia del copy & paste

Una suerte similar corrió en los últimos días la denuncia que también motorizó Leila Gianni desde Capital Humano a inicios de la gestión de Javier Milei por presunta defraudación al Estado contra los funcionarios de la Secretaría de Niñez entre 2018 y 2023 “por transferencias de subsidios sin rendición de cuentas (o irregulares, según auditoría correspondiente) de desembolsos en el marco del programa 47– Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia – Actividad 41 -Acciones Federales para el Desarrollo de la Primera Infancia-

El fiscal Franco Picardi pidió la semana pasada la desestimación de la denuncia luego de analizar los distintos expedientes de Capital Humano y y los informes de la Sindicatura General de la Nación. “Los expedientes administrativos no evidencian conductas de los funcionarios intervinientes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia que puedan reputarse delictivas en los términos de los tipos penales previstos en los artículos 248, 249 y 174 inciso 5 del Código Penal de la Nación, y en ningún otro”, sentenció en el dictamen al que accedió Infobae. “Para que una conducta sea considerada delito se necesita que haya generado un conflicto en la realidad relevante para el sistema penal, y frente al que se afirma la potestad estatal”, se subrayó.

Es más, el dictamen tuvo una advertencia contra los funcionarios de Capital Humano a la hora de la prueba presentada: “se advierte que solo cambian los segmentos subrayados y destacados, aunque en cuanto al contenido resultan ser copias textuales uno del otro, lo que denota un confuso copy & paste dejando en evidencia que se trató de una deficiente labor realizada para la confección de una denuncia penal. Al respecto, vale aclarar que esta duplicación de hechos denunciados fue reconocida por el Dr. Ariel Alberto Romano Ángel, asesor letrado de la subsecretaría legal de la referida cartera ministerial, en el marco de la declaración testimonial solicitada por esta Fiscalía”.

Picardi subrayó que “los subsidios tramitados a través de los expedientes analizados fueron destinados a los sectores más sensibles de la sociedad: niños y niñas de entre 45 días y 4 años de edad en situaciones de vulnerabilidad, por lo que hubiese resultado completamente desproporcionado y altamente cuestionable el bloqueo por parte de las autoridades de la SENNAF de la asistencia pertinente bajo pretexto de meros defectos administrativos o demoras explicadas y justificadas”, máxime cuando algunos de estos expedientes se vieron retrasados porque ocurrieron durante la pandemia del COVID.