Escándalo de los alimentos: el Gobierno le informó a la Justicia que entregará la comida a escuelas vulnerables

El Gobierno finalmente le informó a la Justicia que las más de cinco mil toneladas de alimentos que tiene almacenados en los galpones de Villa Martelli, en la provincia de Buenos Aires, y en Tafí Viejo, en Tucumán, serán entregados a escuelas vulnerables de todo el país, revelaron a Infobae fuentes de la causa. La presentación la hizo el Ministerio de Capital Humano, luego de la derrota sufrida en la Cámara Federal con la estrategia que había elegido la cartera de Sandra Pettovello cuando el juez Sebastián Casanello dictó la medida cautelar hace más de diez días.

Con un escrito de la subsecretaria de legales Leila Gianni denominada “Cumple sentencia”, la cartera de Pettovello hizo esta presentación minutos antes de las 20 hs. Estaba firmada por Yamila Nano Lembo, la flamante reemplazante de Pablo de la Torre en la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Allí se informó que los más de 300 mil litros de leche que tienen fecha de vencimiento para junio se repartirán vía la fundación Conin, como se había anunciado públicamente; y el resto será destinado a escuelas vulnerables.

“Se informa que los alimentos restantes existentes en los depósitos van a ser distribuidos a las escuelas vulnerables de todo el país. Resulta importante destacar que se considera escuelas vulnerables aquellas que presentan estudiantes con altos niveles de riesgo infantil y bajos índices de desempeño educativo y socioeconómico”, se afirmó según la documentación a la que accedió Infobae.

El Ministerio precisó que “los criterios específicos utilizados para determinar la vulnerabilidad de una escuela son los siguientes: ICSE (Índice de Contexto Social de la Educación), el IRI (Índice de Riesgo Infantil), basado en el Informe 2023, tomando datos del Censo 2022, y el NSE (Nivel Socioeconómico), basado en las Pruebas Aprender 2023. La presentación adjuntó un archivo en Excel, con un cuadro donde consta el tipo de alimento, cantidad, fecha de vencimiento. Esos documentos forman parte de esta nota.

“En cuanto a lo requerido sobre ‘…su ejecución de modo inmediato…’ se comunicará a la brevedad acerca de las escuelas receptoras como así también las cantidades de productos y fechas exactas de entrega de los alimentos. A mayor abundamiento se hace saber que el criterio sobre la determinación de las entidades destinatarias, está sujeta a la existencia de alguna contingencia crítica, climática y social”, informó el documento.

Todo se enmarca en la causa que se inició en febrero pasado por incumplimiento de deberes de funcionario contra Pettovello, impulsada por el dirigente social Juan Grabois por “no disponer la entrega de alimentos en comedores barriales y comunitarios de toda la República Argentina”. A fines de mayo, a partir de información publicada en el medio El Destape que daba cuenta de la existencia de más de 5 mil toneladas de alimentos guardados en dos centros de logística utilizados por el Ministerio de Capital Humano, Grabois, en su rol de querellante, pidió una inspección en los galpones y una orden de presentación en el ministerio.

La fiscal Ochoa reclamó que se dictara una cautelar para que esos productos se repartieran en comedores registrados y el juez Casanello firmó una cautelar que le daba 72 horas al Ministerio para que informara su stock de productos con sus fechas de vencimiento y entregara un cronograma cómo se sustanciara la entrega inmediata.

El Ministerio, con la representación de la abogada Leila Gianni, decidió apelar esa resolución y dar por hecho que tenía efectos suspensivos. En el interín se supo dentro del expediente -y difundido por Grabois- que más de 300 mil litros de leche iban a vencer en junio. Eso generó que Pettovello culpara a funcionarios de no informarle el vencimiento y acelerar el reparto de esos productos a través de la fundación Conin y el Ejército.

El martes tuvo lugar una inolvidable -en los tribunales- audiencia entre Gianni y Grabois ante los jueces de la Cámara Federal. En medio de gritos de “kuka ladrona” y “deja de extorsionar a los pobres”, la funcionaria y el dirigente reclamaron al tribunal que el rechazo y la confirmación, respectivamente, de la medida cautelar.

Ayer, miércoles, los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico fueron lapidarios con el rol de Gianni y Grabois en la audiencia y confirmaron la cautelar dictada por Casanello. El Gobierno “prefirió cuestionar la ‘intromisión’ judicial, curiosamente a través de un recurso procesal ante otra autoridad ‘judicial’. Cabe a esta altura preguntarse ante cuantas instancias ‘judiciales’ está dispuesto el Ministerio a llegar para comprender que es atribución de este Poder del Estado el control de los actos de gobierno cuando las decisiones (u omisiones) afectan derechos de las personas y existen medios disponibles para satisfacer esos derechos”, escribió Farah en su voto.

El jueves, antes del mediodía, una nota firmada por Gianni y el abogado Ariel Romano Ángel se entregó en el juzgado diciendo: ·en función de los requerimientos cursados a este Ministerio por el Tribunal a vuestro cargo, venimos a informar que nos encontramos realizando todos los esfuerzos necesarios para cumplir en tiempo y forma con el mandato de V.S., reuniendo los elementos necesarios para tal fin. Todo ello, con el fin de concretar la presentación en el transcurso del día de la fecha”. Cerca de las 20, la nota firmada por la reemplazante de De la Torre y dirigida a Pettovello, con copia a Leila Gianni, se adjuntó al expediente de Casanello informando que el reparto de esos productos irán a escuelas vulnerables.

En otro escrito denominado “Cumple sentencia. Manifiesta. Acompaña”, Leila Gianni afirmó: “cumplimos así la orden impartida desde el poder judicial, que este Ministerio acata en virtud de la distribución de competencias del sistema republicano de gobierno. Sin embargo, nos permitimos aclarar que esta parte ha actuado en todo momento en el entendimiento de que justamente por ese esquema republicano es el poder administrador quien tiene no solamente la competencia asignada por la Constitución Nacional para tomar este tipo de decisiones, sino que es el que cuenta con mejores herramientas, recursos y conocimientos para proveer a la distribución de alimentos sobre la cual ha decidido ahora el Poder Judicial, siendo nuestro deseo destacar especialmente que el Ministerio de Capital Humano, nunca ha dejado de proteger y asistir a la población más vulnerable”.

Incluso la funcionaria subrayó que “los alimentos en cuestión habían sido asignados para ser utilizados en situaciones de catástrofes o emergencias, y que, a partir de lo decidido en sede judicial, lamentablemente ese destino no podrá ser contemplado”.