Los tribunales de Comodoro Py 2002 serán el escenario este martes, a partir de las 11, de una audiencia clave a la que le subió el voltaje el propio Gobierno: se trata de la apelación que se hizo el Ministerio que conduce Sandra Pettovello a la medida cautelar dictada el lunes 27 de mayo, cuando se dispuso elaborar en 72 horas un plan de distribución sobre el alimentos almacenados en los galpones de Villa Marteli y Tucumán, con su respectivo stock y fecha de vencimiento. Ante los jueces estarán el dirigente social Juan Grabois -denunciante y querellante en el expediente- y Leila Gianni, responsable de la subsecretaría legal del Ministerio de Capital Humano.
Para el momento en que llega esa audiencia, los documentos que aportó Capital Humano al expediente demostraron que se habían vencido hortalizas, arroz y harina en febrero y que estaban por caducar más de 300 mil litros de leche, Grabois lo hizo público el miércoles y el Gobierno terminó responsabilizando y echando al secretario de Niñez, Adolescencia y Familia Pablo De la Torre, en medio de acusaciones de corrupción.
El Ejecutivo, a través de Gianni, resolvió avanzar con su apelación apuntando directamente contra el juez Sebastián Casanello y la fiscal Paloma Ochoa, a cargo del expediente. Los acusó públicamente de ser funcionarios militantes.
No obstante, a última hora de este lunes, el Ministerio le informó al juez Casanello que a partir de hoy, a través del Ejército y el Ministerio de Defensa, que había firmado un convenio con la Fundación CONIN para que, a través de 64 centros de distribución, sus comedores y merenderos, facilite la provisión de más de 465 mil kilos de leche en polvo cercana a vencer a los sectores sociales vulnerables.
“Más allá de las declaraciones, están dando cumplimiento a la cautelar”, destacaron fuentes judiciales a Infobae. Fue después de que se conociera la polémica por la leche a vencer y que Casanello notificó a los jueces de la Cámara Federal de que el organismo no había presentado respuesta a la cautelar. El Ministerio insiste en su criterio en torno a que no tenía que cumplirlo por haberlo apelado la resolución.
Hoy, en el segundo piso de os tribunales de Comodoro Py 2002, eso volverá a discutirse. Los enviados de Capital Humano -encabezados por Gianni y uno de los abogados de la cartera Ariel Romano Angel- y el dirigente Juan Grabois serán parte de la audiencia a la que convocó la Sala II de la Cámara Federal para analizar, por primera vez, la causa, a través de la cautelar. Serán los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico los encargados de definir la cuestión. Grabois opinó públicamente que la Cámara va a favorecer al Gobierno.
Mientras en la Cámara Federal se discute eso, tanto Casanello como Ochoa avanzan en el análisis de la documentación secuestrada el sábado pasado en el “Centro Operativo Martelli” en donde el Ministerio de Capital Humano guarda los alimentos que reclaman los comedores. Una diligencia similar, por orden de otro juez, se hizo en Tucumán en el galpón de Tafí Viejo.
La fiscal había solictado a ultima hora del viernes esa diligencia ante “la poca fiabilidad de aquello que resulte informado por un organismo desconcentrado de la administración pública federal, el Ministerio de Capital Humano, que públicamente autocuestiona su funcionamiento” por las denuncias de corrupción que se generaron esta semana. “A fin de asegurar y verificar de modo fidedigno las características del conjunto de alimentos acopiado y que resultan objeto de la medida cautelar, como así también asegurar prueba útil relativa al fondo de los hechos investigados en autos, esta Fiscalía considera necesario y razonable que se constate en el lugar, las características del stock de alimentos almacenados”, dijo.
El juez firmó la orden para inspeccionar el predio. Y subrayó la obligación de garantizar “el acceso a la información pública: informar, e informar correctamente”. El procedimiento -que no fue un allanamiento- también augura críticas por parte del Ministerio de Capital Humano en la audiencia de hoy.
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