El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, no presentará el plan que el juez federal Sebastián Casanello le encomendó este lunes para la distribución de las cinco mil toneladas de alimentos que el gobierno tiene en dos depósitos. El plazo para eso era de 72 horas y que vence hoy pero en el gobierno entienden que la medida está suspendida con la apelación que presentaron para que la decisión del magistrado sea revisada por la Cámara Federal de Comodoro Py.
“En materia penal la regla general es que las apelaciones de medidas cautelares tienen efecto suspensivo hasta que haya cosa juzgada. Como por ejemplo el embargo. Por lo tanto la medida está suspendida”, le dijo a Infobae una fuente del Ministerio de Capital Humano que trabaja en la causa.
Sin embargo, desde tribunales sostienen que la medida está vigente. “No hay ninguna suspensión de la decisión del juez y el fallo está vigente. Por lo que si no se cumple es una desobediencia a una orden judicial”, respondió otra de las fuentes consultas.
Así, se abre el interrogante de cómo continuará el expediente. Será el juez Casanello quien resuelva el próximo paso.
Este lunes el magistrado le ordenó a Capital Humano que en 72 horas presente un plan para la distribución de las cinco mil toneladas de alimentos que tiene en dos galpones, uno en la localidad bonaerense de Villa Martelli y otro en Tafí Viejo, Tucumán. “Encomendar al Ministerio de Capital Humano a que, en el marco de sus competencias y de las obligaciones antes descriptas, elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas”, resolvió el juez.
En tribunales aclaran que las 72 horas son para la presentación del plan, no para la entrega de alimentos. Lo inmediato de la ejecución es el plan que puede contener procesos, plazos o etapas que lleven más tiempo.
El juez hizo lugar a un reclamo del dirigente social Juan Grabois que en febrero pasado presentó una denuncia penal contra los funcionarios de Capital Humano por la suspensión de la entrega de alimentos en comedores comunitarios ubicados en todo el país, en el marco del “Plan Nacional Argentina contra el Hambre”. El gobierno reconoció la existencia de los alimentos en esos comedores: 2.751.653 kilos en Villa Martelli y 2.269.078 kilos en Tucumán. Grabois, que es querellante en la causa, y la fiscal federal Paloma Ochoa pidieron que esos alimentos sean entregados.
El juez rechazó indicarle al gobierno cómo debía ser esa distribución pero sí le encomendó que presente un plan: “corresponde a la Administración elegir, según su enfoque, los medios más adecuados para asegurar el derecho fundamental a una alimentación adecuada y, en este caso puntual, distribuir los alimentos almacenados”. Explicó en su resolución que la alimentación es un derecho fundamental, consagrado en la Constitución Nacional y en tratados internacionales, sobre todo para los sectores más vulnerables.
El gobierno apeló el fallo. A través de la Subsecretaría Legal del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Leila Gianni, consideró la decisión como “arbitraria” y de “falta de competencia e ilegalidad de la medida ordenada”. Para el gobierno el caso es una “cuestión política no judiciable” y que el juez “se arroga facultades” que son propias del Ministerio.
Públicamente, el gobierno explicó que el 60 por ciento de las cinco toneladas de alimentos son yerba mate en mal estado que compró el gobierno de Alberto Fernández, lo que está bajo investigación. Y que el resto de la comida es para afrontar situaciones de emergencia que se puedan vivir.
El juez Casanello concedió la apelación. “Aún cuando de sus términos no emerge claro el gravamen irreparable, para garantizar el ejercicio amplio de su derecho procesal, presentado en plazo, concederé el recurso de apelación”, explicó el magistrado.
La apelación quedó a cargo de la Sala II de la Cámara Federal, integrada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico. El tribunal convocó a los abogados del Ministerio a una audiencia para el próximo miércoles para escuchar sus argumentos. Los abogados pueden pedir que la audiencia sea oral o presentar sus fundamentos por escrito. Luego de eso, la Cámara quedará en condiciones de resolver.
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