Procesaron a uno de los hijos de Lázaro Báez por la millonaria desaparición de lanas que estaban embargadas

La jueza María Eugenia Capuchetti procesó a Leandro Báez -uno de los hijos del empresario Lázaro Báez que fue condenado a tres años en la causa por la “ruta del dinero k”— por el faltante de USD 1,5 millones en lana de oveja que no podían ser movilizados por orden judicial. La acusación contra el joven había surgido en medio del juicio en donde los Báez eran los principales acusados, junto a Leandro Fariña y un grupo de financistas. Ahí el fiscal denunció las maniobras y hasta pidió arrestar al joven, algo que en ese momento no sucedió.

Se abrió entonces una causa que corrió por cuenta separada para investigar qué pasó con esas lanas. En septiembre pasado, Báez había rechazado las acusaciones y había apuntado contra la ex abogada de su padre por las maniobras. Pero ahora, según el fallo al que accedió Infobae, la jueza entendió que Báez hijo era responsable, en esta etapa, de “administración infiel agravado por haber sido en perjuicio de la administración pública” y lo embargó por 500 millones de pesos.

“Considero probado con el grado de certeza de esta etapa procesal que el imputado Leandro Báez, en su calidad de apoderado de la empresa Austral Agro SA, administró de manera infiel los intereses que le fueron confiados, generándole en forma directa un grave e irreversible perjuicio patrimonial al erario público. La maniobra se llevó a cabo durante el período comprendido cuanto menos desde el 6/07/2016, y hasta el 2/12/2018, cuando la interventora judicial se constituyó ante los campos constatando la faltante de lana”, sostuvo la jueza en una resolución. La magistrada también procesó como partícipe necesario al contador César Andrés. La magistrada dictó la falta de mérito para los otros dos empleados, que también fueron imputados en la maniobra.

El fallo ya fue apelado ante la Cámara Federal por los acusados. La defensa de Leandro Báez, a cargo de Roberto Herrera y Mariano Di Giuseppe, busca revocar la decisión e insistir en apuntar contra la ex abogada de Lázaro Báez, quien -según esa versión- le indicó vender la lana para cobrar sus honorarios.

A Báez hijo se lo acusa por “no haber cumplido con las obligaciones legales impuestas” cuando se dictó la inhibición de bienes sobre la empresa Austral Agro SA. Todo se descubrió en el medio del juicio oral que enfrentaba su padre, él y sus hermanos, junto a Leonardo Fariña y otros involucrados, por lavado de dinero. Fue el fiscal del juicio, Abel Córdoba, quien lo denunció y hasta pidió su detención en el marco del debate. “Se trata de una grave maniobra de sustracción de un cuantioso volumen de lana de las arcas de la empresa Austral Agro S.A. que debe ser investigado toda vez que se estarían eludiendo las medidas restrictivas que pesan sobre la compañía y/o vaciando a la misma de su capital”, dijo el fiscal.

Sin embargo, en medio del juicio oral, Tribunal Oral Federal 4 rechazaron el pedido por prematuro. Y se abrió una causa en su contra.

Lázaro Báez era amigo de Néstor Kirchner y director de Austral Construcciones, empresa a la que se le asignaron 51 obras en Santa Cruz entre 2003 y 2015. La empresa había sido creada a días de la llegada del kirchnerismo al Gobierno Nacional. Precisamente, la ex presidenta Cristina Kirchner, sus ex funcionarios y Lázaro Báez terminaron condenados por defraudación a la administración pública, una sentencia que está siendo revisada por la Cámara Federal de Casación Penal. Lázaro Báez no solo está condenado por la causa Vialidad sino también por la ruta del dinero k. Y ahora también está siendo juzgado por el capítulo de la compra del campo “El Entrevero”, en donde las querellas pidieron condenas de hasta 9 años de cárcel.

En la causa por la Ruta del dinero K, Leandro siempre quedó distanciado de la estrategia que eligió su padre para defenderse. Pero el joven figuraba como apoderado de Austral Agro, que administra varias estancias en la Patagonia con miles de hectáreas. La compañía, como el resto de los bienes de Lázaro Báez y sus hijos, está intervenida por orden judicial y sus ganancias son controladas por la Justicia.

La principal actividad de la firma era la cría de ovejas para producción de lana. La compañía había declarado ventas por 95 mil kilos. Sin embargo, la interventora judicial determinó que la empresa había producido entre 2016 y 2018 unos 250 mil kilos más de los informado y que ese excedente, equivalente a USD 1.500.000, habría sido vendido al mercado negro. Por el caso quedaron imputados Leandro Báez, junto al contador César Andrés, y dos empleados Marcos Rubén Sastre e Ignacio Julián de Urquiza.

En su indagatoria, Báez afirmó que él nunca se había negado a brindar información, sino que no la tenía en su poder porque había sido secuestrada en los distintos allanamientos; habló de la inseguridad de los campos y explicó por eso se había dispuesto el traslado de los casi 100 mil kilos de lana. Y apuntó contra la abogada que representó a su padre Elizabeth Gassaro. No es un dato menor: en otra causa, paralela, la madre de Leandro también fue contra esa ex defensora. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo que definir recientemente quién quedará a cargo de la denuncia que radicó Norma Calismonte, ex esposa del empresario condenado Lázaro Báez, contra la abogada de su ex marido por supuesta defraudación. Calismonte acusó a Gasaro de quedarse con plata que le correspondía a ella tras el divorcio. Habló de delitos como asociación ilícita, defraudación por administración fraudulenta y defraudación por desbaratamiento.

El fallo dictado días atrás por Capuchetti recordó que Lázaro Báez, sus hijos varones y otro importante de operadores y financistas quedaron condenados por lavado de activos. A lo largo de la causa, el juez Casanello ordenó diversas medidas cautelares con el objeto de asegurar una eventual condena en costas y el decomiso que pudiera recaer sobre los bienes de los imputados y de personas jurídicas y dispuso la inhibición general de bienes de varias firmas, entre ellas Austral Agro SA. Fijó además ciertas condiciones para permitir que la empresa afrontara el pago de salarios, servicios y cargas sociales”.

Tras analizar las pruebas y los descargos, la jueza afirmó que Leandro Báez no acompañó “ninguna denuncia por faltante de lana, es más, luego negó la ausencia de lana durante su administración, destacando que el traslado de los 95.000 kilos a otro campo justamente fue para su preservación” y agregó que “no resulta un dato menor que aún resta constatar si la lana restituida por Báez (95.000 kg), efectivamente se corresponde con la lana extraída en las zafras 2016-2018 en las estancias de Austral Agro SA, cotejo que se habría efectuado por orden de la interventora judicial, y que será requerido al TOCF para incorporar al presente legajo”.

Según el fallo, “tanto de los dichos de los coimputados como de la documentación incorporada a estos actuados, no caben dudas que quien estaba a cargo de la administración de la explotación de los establecimientos de Austral Agro SA era Leandro Báez” y recordó que el segundo hijo varón de Lázaro “invocaba ese carácter en los escritos que presentaba tanto ante el Juzgado Federal N°7, como ante el TOCF N°4″.

En tanto, el contador Andrés, “mediante su comportamiento irregular -en donde demoraba y aportaba en forma parcial o deficiente la información que le era solicitada por los veedores judiciales y la interventora Santorsola-, facilitó la disposición de los bienes a través de la maniobra perpetrada e impidió que su actuación fuera controlada por la justicia”, dijo Capuchetti. “Con el cuadro probatorio reunido no puede válidamente suponerse que el contador Andrés haya actuado con desconocimiento de lo que en realidad ocurría, máxime si se considera su experiencia y la confianza depositada en él por las autoridades de la empresa. Es más, se advierte que la manipulación efectuada con relación a la información que transmitía a los veedores es lo que permitió proseguir el trámite irregular y, de ese modo, concretar la maniobra investigada”

Según el informe de la interventora, del total de 345.589 kg de lana que debió haberse “stockeado” al inicio de su intervención y antes de las esquilas 2018/2019, solamente se encontraron 95.040 kg. en existencia, restando la cantidad de 250.549 kg con un valor estimado de USD 6 el kg, lo que arrojaría aproximadamente un total de un millón y medio de dólares estadounidenses (USD 1.500.000).

“Tanto Báez como Andrés tenían pleno conocimiento de la inhibición que recaía sobre la empresa, es más, efectuaron pedidos de autorización ante la justicia para llevar a cabo actividades comerciales. Tampoco caben dudas, que trataron de ocultar el faltante de lana ante los veedores judiciales, y luego de la interventora judicial, al no aportar la información que les era requerida. Así, se pone en evidencia que los imputados intervinieron dolosamente en la conducta típica enrostrada”, se subrayó.

Según se resaltó, la prueba recolectada indica que la cantidad sustraída por decisión del representante legal de la empresa, Leandro Antonio Báez, junto con la participación de César Gerardo Andrés, coordinador de la operatoria comercial de Austral Agro SA, “si hubiera sido vendida en el mercado regular, debería haber sido registrada como producida en otra finca o por terceros. Sin embargo, esta lana desaparecida no ha sido oficialmente vendida por la empresa, dado que no hay registros de ingresos de dinero por esos montos ni se han realizado las retenciones de impuestos correspondientes”.