Hace 10 días el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.739 que introduce varias reformas en la Ley de Lavado de Activos y en el Código Penal de la Nación. Como el propio Gobierno ha reconocido, esa norma -ideada por la Administración Fernández- debió ser impulsada para dar respuesta al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas a fin de evitar repercusiones negativas a nivel internacional.
Mientras esto ocurre, el narcotráfico en la Provincia de Santa Fe, como negocio ilícito altamente rentable, ha vuelto a ocupar un lugar en la agenda pública debido a los asesinatos ordenados por los jefes narcos como respuesta a las nuevas condiciones de aislamiento que les impuso el gobernador Maximiliano Pullaro.
Sobre estos temas Infobae dialogó con el ex Coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, Juan Félix Marteau, hoy titular de Marteau Law y presidente de FININT, fundación que acaba de publicar un detallado informe sobre la necesidad de que el país desarrolle un programa de seguridad multidimensional contra las bandas criminales dedicadas a la comercialización de drogas ilícitas.
-Dr. Marteau, se acaba de sancionar una nueva ley para el control del lavado de activos y financiación del terrorismo. ¿Cómo impactará en el GAFI esta nueva reforma?
-Se trata de una norma mediocre hecha de urgencia para el Grupo de Acción Financiera (GAFI), como ya lo mencioné varias veces en Infobae. Veremos si cumple el objetivo de que la Argentina no sea observada a pesar de la marcada ineficacia de sus dispositivos anti-lavado de activos y contra-financiación del terrorismo, que es ostensible para todos los que trabajamos este campo de acción.
Si el GAFI se atiene a la lógica interna de la evaluación de efectividad, el país sufrirá un estrés que lo conducirá de nuevo a más reformas. Igualmente GAFI, como sucede con cualquier mecanismo internacional, al momento de definir las notas de la evaluación tendrá en cuenta la reputación del Gobierno argentino y los apoyos que le den los países que lideran esta materia a nivel global.
En cualquier caso, todos sabemos, incluido GAFI, que una ley que no está sostenida por decisiones políticas y, sobre todo, por un orden institucional que le otorguen la necesaria legitimidad produce un efecto reducido en la transformación de la realidad.
El gobierno del Presidente Javier Milei debe introducir transformaciones sustantivas en lo que se llama el sistema nacional de combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Menos regulaciones abusivas sobre los clientes del sector financiero formal que pagan regularmente sus impuestos y más capacidad para intervenir sobre las actividades concretas de lavadores y financistas ilegales en áreas que ya son notoriamente críticas en el país -no sólo el narcotráfico- sino también la depredación de nuestros recursos naturales, como la pesca ilegal en la plataforma continental.
-¿No rescata nada bueno de la norma?
-Sí, el 10% de la ley está bien. Por ejemplo, la creación del registro de beneficiarios finales en la órbita de la AFIP que permitirá trabajar sobre las estructuras legales que sirven de cobertura a los circuitos ilícito de dinero. El otorgamiento de un estatus legal al análisis de riesgo para todos los sujetos obligados debería dar más libertad al momento de controlar las operaciones de los clientes y evitar reportes de operaciones sospechosas intrascendentes. Sin embargo, creo que los sucesivos gobiernos han menospreciado el valor de la inteligencia financiera, permitiendo que la UIF se convierta en una burocracia en sí misma, a la que se le dieron múltiples funciones. El resultado fue la pobre calidad de los insumos de inteligencia financiera que resultan poco útiles tanto al nivel de la prevención como de la represión de los agrupamientos criminales.
-¿Pero usted no cree que la inteligencia financiera sea un instrumento adecuado para luchar contra los narcos y otros grupos criminales que atentan contra la seguridad de los argentinos?
-La inteligencia financiera es una herramienta central para el sistema de seguridad. El problema es que a la fecha la UIF no produce inteligencia financiera. O no lo hace con la calidad necesaria para que el sistema de seguridad actúe. Además, en la Argentina la UIF opera aislada del resto del sistema de inteligencia nacional. No parece razonable que la Agencia Federal de Inteligencia, como organismo rector del sistema, esté privada de reunir y analizar la información producida para la UIF y así entregarle al Presidente un informe consolidado sobre las amenazas que existen a los intereses de la Nación.
Tenemos que reconocer que así, los éxitos que se obtienen son mínimos. Y el sol no se puede tapar con las manos: los narcos que actúan en la Argentina están más fuertes y más ricos que antes. No sólo ellos: los delincuentes que depredan nuestros recursos naturales, como es el caso de pesca ilegal, también son más poderosos que hace 10 o 20 años.
-Las modificaciones sustantivas de las que usted habla requieren recursos, algo que parece no ser posible en una coyuntura donde el gobierno ha dicho que “no hay plata”.
-No soy analista político. Trato de comprender la política desde una perspectiva estrictamente profesional y especializada como es aquella donde trabajo hace ya casi 20 años. La única verdad es la realidad: el tenor de las amenazas a la seguridad dirá si este campo es la excepción a la regla general “No hay plata”.
Es bastante obvio que si una comunidad política está sometida al arbitrio de las bandas criminales, el superávit fiscal se convierte en un eufemismo. Igual creo que estamos viviendo una situación política inédita: difícil de explicar con los instrumentos teóricos tradicionales. Para reconstruir un orden institucional que mitigue y debilite a las amenazas a la seguridad se requieren decisiones excepcionales, nunca utilizadas en el país. Por eso abogo por que, como comunidad política, podamos reaccionar al deterioro de la seguridad en esta nueva coyuntura política. Este Gobierno no puede fallar y para mí el éxito más importante es subir al barco lo antes posible a los millones de argentinos que han caído en la pobreza y hoy están a la merced del orden nefasto que imponen los agrupamientos criminales.
-Llegados a este punto, ¿está de acuerdo con la intervención de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico?
-En una situación de excepción el Estado está compelido a usar todos los recursos a su alcance para doblegar a los enemigos de la comunidad política. Esto lo explica la historia. En el caso argentino actual, ordenar la utilización de las fuerzas armadas para su control me suena más a marketing político clase B que a una estrategia seria de seguridad. Desconozco cómo impacta en las redes sociales ver los aviones y las tanquetas que se enviaron a Santa Fe. Y en buena hora que esté en lo cierto y sea sólo esto: show off.
Si los militares se ven envueltos en una confrontación física con los delincuentes que venden cocaína a los consumidores rosarinos, terminan todos presos en Coronda. Y se terminará comprometiendo la propia credibilidad del gobernador de Santa Fe. También he dicho en este mismo medio que la norma (articulo 41 quinquies) del Código Penal de la Nación que establece la “finalidad terrorista” para reconvertir cualquier delito en terrorismo es desgraciada, es ladina. ¿Usted cree seriamente que para combatir a las bandas criminales rosarinas hay que inventar el término “narcoterrorismo”? Para mí es sinónimo de impotencia y desorientación más que otra cosa.
-En la investigación que realizó FININT, la fundación que usted preside, en la provincia de Santa Fe titulada “Bandas criminales, drogas ilícitas y violencia homicida” se hizo hincapié en que el Estado provincial debe utilizar mecanismos de inteligencia financiera y de tecnología aplicada a la seguridad. ¿Qué significa esto?
-El estado provincial santafesino debe crear dispositivos que permitan detectar movimientos patrimoniales en determinados tipos de actividades que los narcos utilizan a la vista de todo el mundo. Pero lo mismo deberían hacer las provincias patagónicas que se enfrentan a la depredación de los recursos naturales por parte de China, con el necesario soporte local.
La información patrimonial que tanto las provincias como los municipios poseen de sus habitantes, incluidos los delincuentes, es extremadamente relevante para intervenir sobre inversiones inmobiliarias, empresas, emprendimientos comerciales, etc. Los gobernadores tienen que golpear sobre estas estructuras económicas creadas por los agrupamientos ilícitos. Allí hay una batalla interesante y, sobre todo, posible de emprender en el corto plazo. Luego se verá cómo ello termina abrevando en el sistema de inteligencia nacional, con la dirección rectora de la AFI. Además de ello, el análisis que hizo FININT permitió comprobar que la tecnología aplicada a la seguridad era extremadamente deficitaria en las zonas más criticas tanto de Rosario como de Santa Fe capital. No había cámaras, los drones no volaban porque no tenían pago el seguro, etc. Si se realiza una inversión apropiada, la tecnología de última generación brinda frutos muy rápido. Estas son las medidas que hay que tomar, más que utilizar el recurso de las fuerzas armadas que no tienen nada que hacer en materia de seguridad urbana en el siglo XXI, por lo menos en el contexto argentino.
-Además del narcotráfico, usted señala que la pesca ilegal es otra amenaza debe ser conjurada en la Argentina.
-Ya lo hemos conversado en otras oportunidades en el excelente marco que ofrece Infobae para tratar estos temas: existe ya información relevante que demuestra que la depredación de nuestros recursos naturales, en especial, la pesca ilegal que se practica en nuestra plataforma continental durante 24 horas los 365 días del año no sólo nos produce pérdidas económicas millonarias, sino que nos denigra como Estado soberano. Nos africanizamos, realmente. Nos convierte en un Estado fallido completo, aunque nos cueste admitirlo. En términos teológico-políticos, siempre guardo algo de fe en el nuevo gobierno para que active los recursos de protección necesarios de nuestro espacio soberano, que no claudique ante el avance de China (aunque no son los únicos que nos roban) en nuestra Patagonia y que se saque de encima la escoria de los lobistas locales de esos intereses tan definitivamente contrarios a los intereses nacionales. Este es un tema central de la Argentina.