Sergio Schoklender declaró como testigo en una causa por trata de personas que él mismo promovió en 2010 contra el dirigente chaqueño Emerenciano Sena, procesado y detenido por el asesinato de Cecilia Strzyzowski. En su declaración, que tuvo lugar antes de las elecciones provinciales pero recién trascendió este lunes, el ex apoderado de las Madres le apuntó al rol del gobernador Jorge Capitanich, quien habría mediado a favor del dirigente social.
“Hubo una decisión política de la gobernación de negociar entre comillas con Emerenciano Sena y Marcela Acuña para no generar conflicto y cortes de puente y cortes en la ciudad”, sostuvo Schoklender según pudo saber saber Infobae de fuentes judiciales. El ex apoderado se reunió en ese momento con el gobernador y le explicó los motivos del conflicto. Según el ex apoderado de las Madres, Sena pretendía que los pagos a los obreros se realicen en efectivo para “manejar el dinero”. En cambio, la Fundación impulsaba la bancarización de todos los empleados.
“Me reúno con el gobernador Capitanich, y el planteo que nos hace el gobernador es que en realidad dejáramos la obra de Campo de Tiro, que había muchas otras obras y lugares donde era necesaria la intervención de la Fundación, y que el conflicto con Marcela Acuña y Emerenciano Sena en el predio de Campo de Tiro lo iba a resolver él”, recordó Schoklender en su declaración ante el fiscal federal de Chaco Patricio Sabadini, que investiga el dinero encontrado en la casa de los Sena.
No fue todo. Schoklender acusó a Capitanich de no enfrentar a los Sena para no tener más conflictos en la provincia. “Creo que el gobernador tomó una decisión equivocada, que fue en lugar de poner orden y un límite al accionar de esta gente, negoció con ellos para que no le generaran más conflicto en la capital. Y, bueno, esto se deriva en que este tipo de organizaciones cada vez piden más, piden más, piden más, van creciendo, va creciendo su poder político, siguen captando gente en los barrios, desvían gran parte del dinero y los recursos que reciben para su beneficio personal y someten a la gente que tienen, a la cual ellos supuestamente dicen representar, los someten a un régimen de virtual esclavitud”, dijo.
La causa por trata arrancó en 2010, cuando Schoklender todavía estaba al frente del programa Sueños Compartidos. Luego de la pelea con Sena, el ex apoderado acusó al piquetero, entre otros delitos, de someter a la servidumbre a las personas que trabajaban en el predio ubicado sobre la ruta 11.
La denuncia original apuntaba a tres delitos:
1) sometimiento a servidumbre a los trabajadores que prestaban servicios en el lugar, a quienes bajo extorsión y amenaza le sacaban parte de sus salarios, los sometían a horarios extendidos de trabajo, sin permitirles salir del predio, también debían asistir a las protestas sociales y desobedecer las directivas de la fundación Madres de Plaza de Mayo, lo que incluyó el cese de actividades
2) sustracción y apoderamiento ilegítimo de ropa de trabajo, equipos de seguridad (cascos, barbijos, antiparras etc), dinero remitido para gastos de alimentación y materiales de construcción- de aproximadamente 40 viviendas- remitidos por la Fundación
3) usurpación del predio del ex campo de tiro, cuya tenencia había sido conferida por el estado provincial a la Fundación para cumplir la finalidad de los convenios.
El expediente estuvo frenado durante casi 13 años y recién se reactivó luego del crimen de Cecilia Strzyzowski. El fiscal Sabadini impulsó la causa porque sostiene que la trata de personas podría ser el delito precedente del lavado de dinero.
En su testimonio, que se hizo por videoconferencia desde los tribunales de Comodoro Py, Schoklender también cuestionó el rol de la Justicia chaqueña: “Hubo una acción que yo creo que es absolutamente ilegal por parte de los magistrados que estuvieron en ese momento a cargo. Esta causa no se archivó, se escondió, se cajoneó como se dice en la jerga. Y eso forma parte de toda una cadena de complicidades o de responsabilidades que llevan a que después esta gente haya tenido este nivel de poder, de poder discrecional hasta poder decidir sobre la vida de los demás”.
Al comienzo, la causa estuvo a cargo del fiscal subrogante Gustavo Corregido y fue desestimada. Luego la Cámara Federal la reabrió por impulso de las querellas.
El conflicto entre Schoklender y los Sena ocurrió apenas comenzó la obra de Campo de Tiro. El ex apoderado de las Madres viajó a Chaco para “rescatar” a un ingeniero que estaba retenido en el obrador. Luego de reunirse con Capitanich, Schoklender comenzó a recibir las primeras denuncias de los obreros en el hotel donde se alojaba: “Hay algunos trabajadores o algunos familiares, trabajadores o algunas mujeres para decirme que los tenían amenazados, que no se animaban a reclamar, que yo no dijera su nombre, pero que en realidad la plata se la quedaban Sena y Acuña (sic)”.
En ese punto, Schoklender apuntó al verdadero rol de Sena: “Acá la presentan a Marcela Acuña como el cerebro, por lo menos en las noticias, y Emerenciano Sena como un pobre paisano bastante primitivo. No se equivoque. Emerenciano Sena es una de las personas más salvajes y sanguinaria que yo conozco. Ojo con eso. No, no, no, no, no, no es un pobre paisano que se dejó llevar por un cerebrito. Son absolutamente responsables los dos”.
La investigación por supuesto lavado de dinero se disparó a partir de un allanamiento realizado el 4 de junio en la casa de los Sena, donde la Policía local encontró $6.058.190. El dinero estaba escondido en un mueble metálico para herramientas y se trasladó en un camión de caudales.
En el marco de esa causa, el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), un organismo oficial de la provincia del Chaco, confirmó que este año le transfirió $141.395.812,83 a la Fundación “Saúl Andrés Acuña”, intervenida por el gobierno de Capitanich. Los pagos comenzaron el 1 de febrero y se cortaron el 2 de junio, el mismo día que fue asesinada Cecilia Strzyzowski. Con toda esa información, Sabadini volvió a pedirle precisiones a la AFIP, pero todavía no hizo un requerimiento formal contra los Sena.
En paralelo, el fiscal reactivó la causa por trata de personas y citó a dos mujeres que ya habían declarado como testigos. Una de las ellas, Marcela Beatriz Leiva, contó cómo llegó al clan Sena y reveló las condiciones en las que trabajaban. “El trato era siempre malo, habían insultos, denigraban a todos los trabajadores, los manipulaban y amenazaban. Los obligaban a ir a las plazas para mostrar la fuerza que tenía el movimiento, les decían que debían llevar a los chicos para que estos aprendan el espíritu de lucha y a la vez sirvan de escudo para que no los repriman”, declaró hace diez días ante la Fiscalía.
La otra testigo, María Soledad Vega, ratificó el maltrato que sufrían los trabajadores. “Un día Marcela Acuña golpeó a una compañera llamada Alejandra cuando estaba trabajando porque decía que provocaba a los compañeros y la humilló después en una reunión ante todos”, recordó.