El CEO de Wenance sumó otra denuncia penal por estafas, asociación ilícita y lavado de dinero

El CEO de la fintech Wenance, Alejandro Muszak, sumó una nueva denuncia penal. Una decena de ex clientes lo denunciaron en los tribunales de Comodoro Py por los delitos de estafa, asociación ilícita, y lavado de dinero, entre otros delitos.

“Al enterarnos de que no están devolviendo nuestro dinero, hemos comenzado a realizar diferentes averiguaciones, producto de las cuales pudimos tomar conocimiento de que detrás del incumplimiento de lo acordado se esconden una serie de graves hechos delictivos que venimos a poner en conocimiento de la justicia”, arranca la denuncia a la que tuvo acceso Infobae.

Entre los casos denunciados, aparece el de un ex empleado de Wenance que terminó invirtiendo en la empresa. Ese denunciante dijo que hubo un punto de inflexión en julio de 2022, con la renuncia de Dino Chivilo, ex número 1 de Big Capital (Arrayanes Capital SA). “Sacó a alguien con experiencia (Chivilo) por gente sin tanta experiencia, pero que no le cuestionara nada”, dice la presentación judicial sobre Muszak.

Además del CEO de la fintech, fueron denunciados Pedro Luis Viggiano, Paola Vallone, Sebastián Fernández Viña, Romina Marizza, Rodolfo Garcia, y Anahi Cristina Mazalan.

“Los aquí denunciados también captaron ahorros de terceros, por fuera de los canales debidamente legitimados para ello con el órgano competente del Estado, es decir, la Comisión Nacional de Valores. Esta conducta se encuentra agravada ya que para lograr su objetivo, los imputados recurrieron realizar innumerables publicaciones periodísticas y en internet”, dice la denuncia firmada por los abogados Nicolás García Culla, Gonzalo Alvarez Casado, y Gervasio Caviglione Fraga.

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En la Justicia ya tramitan otras causas contra los directivos de Wenance. En uno de esos expedientes, Muszak se abstuvo de declarar en indagatoria ante la jueza de Instrucción Paula González y la fiscal Mónica Cuñarro.

Muszak y el resto de los imputados en esa causa habían pedido que se suspendieran las indagatorias con el argumento de que habían llegado a acuerdos de mediación prejudicial civil con 46 personas, entre los que se hallaban varios de los denunciantes que iniciaron la causa penal en la que fueron imputados los directivos de Wenance. A partir de esos acuerdos, pidieron que se les permitiera la conciliación o reparación integral del daño, lo que hubiese llevado a la extinción de la acción penal tras un convenio económico entre víctima y victimario.

Se determinó que las empresas del grupo Wenance, que operan bajo distintas denominaciones, captaban clientes a quienes ofrecían préstamos mediante publicidad en redes sociales y otros medios. Estos préstamos, a pesar de ser por montos reducidos, poseían altas tasas de interés y se concedían con facilidad y escasos requisitos. Para recuperar el capital prestado, la compañía efectuaba débitos directos de las cuentas bancarias de los clientes. En ciertos casos, estos débitos persistieron incluso después de haber liquidado el préstamo, llegando a vaciar las cuentas de algunos afectados. Por estas razones, se acusa a Muszak de cometer estafas reiteradas y usura.

El escándalo llegó hasta Uruguay. En ese país, Wenance estructuraba fideicomisos privados para financiar los préstamos que otorgaba. Con la promesa de buenas rentabilidades, la empresa había captado a empresarios, abogados, contadores y comerciantes como clientes.

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Pero de un día para el otro, Wenance dejó de pagar dividendos, según la denuncia que presentaron varios inversores a la Fiscalía uruguaya. Esa damnificados sostienen que sufrieron la pérdida de USD 7,5 millones, una cifra a la que se le suma la de otro grupo de denunciantes, que ronda los USD 1,5 millones.

En julio, el magistrado Diego Manuel Paz Zaravia, a cargo del Juzgado Comercial N°16 porteño, embargó a Wenance y a Muszak por $450 millones en concepto de capital, intereses y costas, luego de que Latam Consumer Credit BV -un fondo de inversión radicado en Holanda con domicilio fiscal porteño y constituido ante la AFIP al menos desde 2017- lo denunciara por una deuda de $300 millones asumida el 24 de junio de 2021 en una serie de seis pagarés firmados ante escribano de entre 47 y 55 millones de pesos cada uno.

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