El 25 de septiembre comienza a definirse si Bento seguirá siendo juez federal: está acusado de corrupción y lavado de dinero

Mientras está sentado en el banquillo de los acusados en un juicio oral en donde se lo sindica como el jefe de una asociación ilícita, Walter Bento se prepara para otro debate, pero esta vez el que definirá si puede o no seguir siendo juez. El jury de Enjuiciamiento que ordenó el Consejo de la Magistratura comenzará el próximo 25 de septiembre, según indicaron a Infobae las fuentes consultadas.

Se estima que el proceso durará dos o tres semanas. Por allí está previsto que desfilen una docena de testigos. Bento podrá hablar ante los miembros del jury. Ya lo hizo ante el Consejo de la Magistratura cuando comenzó el proceso en su contra y también anunció que lo hará ante el tribunal que lo juzgada en Mendoza. Luego vendrán los alegatos y el veredicto.

El Jurado de Enjuiciamiento está integrado por siete miembros que son elegidos por sorteo para un determinado período, por lo que quienes intervendrán en el caso de Bento están designados desde antes que el juez pase a jury. Los integrantes son los jueces Javier de la Fuente y Javier Leal de Ibarra ; los senadores Daniel Bensusán (del Frente de Todos) y José Torello (del PRO y ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri); las diputadas Anahí Costa (del Frente de Todos) y Ana Romero (del PRO); y el abogado Alfredo Barrau.

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La Constitución Nacional establece que el Jurado tiene 180 días hábiles para procesar desde que recibe la causa. Ese plazo vence a fines de noviembre. Si para ese momento, el juicio no culminó, Bento será repuesto en su cargo.

Bento fue enviado a juicio político y suspendido por unanimidad por el Consejo de la Magistratura. Fue por mal desempeño de sus funciones bajo la acusación de que desde su juzgado cometió varios delitos, como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y cobro de coimas a imputados para beneficiarlos. En la causa penal Bento tiene ocho procesamientos confirmados con prisión preventiva que no se puede hacer efectiva por los fueros que tiene como juez. Si es destituido los perderá y podrá ser detenido.

Walter Bento, el juez electoral federal de Mendoza que fue suspendido en su cargo el 31 de mayo pasado por el Consejo de la Magistratura, fue procesado como jefe de una asociación ilícita que se dedicaba a cobrar coimas a distintos acusados en causas que él mismo tenía a su cargo en su Juzgado. También se lo investiga por lavado de dinero junto a su familia.

A fines de julio, el tribunal oral federal de Mendoza comenzó el debate contra los 30 acusados. Entre los sentados en el banquillo está Bento, asistido por el abogado Mariano Fragueiro Frías, que también lo representará en el jury. Por estas horas, la defensa está impugnado que se tomen como pruebas válidas las conversaciones por Telegram entre el juez y Aliaga porque se trata de comunicaciones privadas.

Según la fiscalía, el juez otorgaba beneficios procesales -desvinculaciones o morigeraciones en el marco de un proceso- a cambio de sobornos que consistían -entre otras prestaciones- en pagos de sumas de dinero, generalmente en dólares estadounidenses. Pero Bento no habría operado solo. De acuerdo a la acusación, él articulaba el manejo de las dádivas con la asistencia de los abogados Luciano Edgardo Ortego y Jaime Andrés Alba, junto con el fallecido Diego Aliaga -padre de Juan Ignacio-, con quienes gestionaba los beneficios procesales ilícitos a los distintos procesados. Entre ellos se encontraban personas procesadas por contrabando y narcotráfico, todos delitos federales en cuyas causas intervenía el juez de Mendoza. De la organización también participaban los abogados Martín Ríos y Alejandro Aramayo, encargados de asistir a Ortego y Alba. Por su parte Walter Eduardo Bardinella Donoso se presentaba como el nexo con el mundo del crimen y el proveedor de los posibles “clientes a beneficiar”, en tanto que el comisario José Gabriel Moschetti brindaba un canal de información y cobertura en el ámbito policial.

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Las pesquisas fueron a dar con el juez federal en marzo de 2020, cuando el fiscal General Dante Vega investigaba una causa por narcotráfico y se encontró con información que lo involucraba. En el análisis de unos teléfonos se registraron mensajes de texto y de voz en los que se aludía al “juez”, al “número 1″ o al “gran jefe”, en una presunta alusión a Walter Bento. A esos indicios se agregaron las declaraciones de Diego Barrera, el principal imputado por el homicidio del empresario y despachante de Aduana Diego Aliaga, sospechado de haber actuado en nombre del magistrado en las tareas de la asociación ilícita. Este expediente elevado a juicio suma un total de 29 imputados bajo los delitos de asociación ilícita, cohecho, falsedad ideológica, abuso de autoridad, violación deberes de funcionario público y prevaricato, entre otros.

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