La AFIP informó que la Fundación de los Sena sólo está inscripta para vender artículos de panadería, frutas y hortalizas

La Fundación de la familia Sena, denominada “Saúl Andrés Acuña”, funcionaba como una gran constructora y recibía fondos públicos millonarios, pero ante la AFIP sólo aparece inscripta en dos rubros: venta al por menor de pan y productos de panadería, y venta de frutas, legumbres y hortalizas. El dato, al que tuvo acceso Infobae, fue aportado por el organismo recaudador en la causa judicial por el hallazgo de $6.058.190 durante un allanamiento realizado el 4 de junio en la casa de los Sena.

El expediente todavía es una investigación preliminar a cargo del fiscal federal Patricio Sabadini. La AFIP respondió la semana pasada luego de que la jueza federal de Chaco Zunilda Niremperger levantó el secreto fiscal y bancario sobre César Sena, Emerenciano Sena, Marcela Acuña, pero también sobre la Fundación y la “Cooperativa de trabajo Emerenciano Limitada”.

El informe de AFIP es una de las 17 medidas de prueba solicitadas por el fiscal el 16 de junio pasado para conocer el patrimonio de los Sena. También se mandaron oficios a la Unidad de Información Financiera (UIF), a los Registros de la Propiedad Inmueble de Chaco y de Corrientes, y al Colegio de Escribanos de la Provincia del Chaco, entre otros organismos.

Te puede interesar: La Justicia recibió el primer informe oficial sobre el patrimonio de los Sena

La información comenzó a llegar y ahora está siendo procesada. El Registro de la Propiedad de Chaco respondió, por ejemplo, que aparecen “dos campos registrados hace diez años a nombre de Emerenciano Sena” y que la casa de Santa María de Oro al 1400, donde habrían matado a Cecilia Strzyzowski, está inscripta a nombre de Acuña como “una herencia de su padre”.

Los otros dos bienes detectados hasta ahora son dos terrenos ubicados en la localidad de Colonia Benitez, a solo 10 kilómetros de la ciudad de Resistencia. Esos inmuebles, según las fuentes consultadas por Infobae, fueron informados por una escribanía y se habrían registrado en 2016 por un valor total de $1.800.000, unos 130 mil dólares según el cambio oficial de ese entonces.

Te puede interesar: El gobierno de Capitanich ratificó ante la Justicia que este año le transfirió más de $141 millones al clan Sena

Por su parte, el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), un organismo oficial de la provincia del Chaco, confirmó ante la Justicia que solo este año le transfirió $141.395.812,83 a la Fundación “Saúl Andrés Acuña”. Los pagos comenzaron el 1 de febrero y se cortaron el 2 de junio, el mismo día que fue asesinada Cecilia Strzyzowski. Ese día, el organismo oficial de Chaco transfirió $3 millones. Una semana después, el 9 de junio, cuando la Policía chaqueña detuvo a los integrantes del clan hubo una última transferencia de $825.000 desde otro organismo oficial.

El IAFEP aportó ante la Justicia federal dos contratos recientes firmados con Emerenciano Sena, como representante de la Fundación. El primero es para la “ampliación de 20 soluciones habitacionales” por un total de $25 millones. Y el segundo es para construir 10 “soluciones habitacionales” por $40 millones.

“Vamos a garantizar la finalización de las obras de las 40 viviendas que están en un 90% de ejecución y también el funcionamiento de las instituciones educativas y del centro de salud”, aseguró ayer el vocero del Gobierno del Chaco, Juan Manuel Chapo.

Aunque funcionaba como una verdadera constructora, la Fundación fue inscripta ante la AFIP para vender pan, frutas y hortalizas. “Este tipo de estructuras funcionan como multirubro pero es llamativo que no esté inscripta en ningún rubro vinculado a la construcción”, dijo una fuente de la investigación. Antes de profundizar esa línea, el fiscal le pidió un informe al Registro Público de Comercio de Chaco.

La Fundación actualmente está intervenida por el gobierno de Jorge Capitanich y ya se especula que podría terminar disuelta. La medida fue instrumentada a través de la Resolución Nº 798 del Ministerio de Gobierno y Trabajo local, que designó a Mirta Morel y Hernán Knezovich, dos ex funcionarios cercanos al gobernador, como los responsables de la intervención. “Van a mirar las transferencias que tuvieron, los gastos y se avanzará en una auditoría para ver el destino de los fondos y tener una mayor transparencia”, aseguró el inspector de Personas Jurídicas, Eduardo Colombo.

En las últimas trascendió que también se designará a un auditor independiente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

Seguir leyendo: