2.200 millones de pesos de corrupción: la justicia define la mayor reparación económica para sectores vulnerables

Son más de 2.200 millones de pesos de la corrupción que están en el aire. Puede ser destinados a sectores sociales vulnerables o jugarse en un juicio oral que tiene chances de no lograr su objetivo. Se trata del caso del BNP Paribas, la entidad bancaria cuyos principales directivos están acusados de asociación ilícita y 22 casos de lavado de dinero por operaciones para blanquear fondos millonarios que se hacían a través de una oficina clandestina de la entidad.

La causa se inició en 2009 y los 14 acusados acordaron a fines del año pasado con la fiscal federal de juicio Gabriel Baigún pagar 2.200 millones de pesos actualizados al momento de que la decisión quede firme -por lo que sería más dinero- para reparar el daño y evitar el juicio oral. El Tribunal Oral Federal (TOF) 6 de Comodoro Py aceptó el acuerdo, pero otras partes del proceso lo rechazaron y quieren que se haga el juicio oral. La definición ahora está en manos de la Cámara Federal de Casación Penal. Se trata de la mayor reparación económica en un caso de corrupción.

En el piso 25 del edificio de la avenida Leandro N. Alem 855 funcionaba de manera ilegal una oficina de la entidad francesa “BNP Paribas”. El lugar fue allanado y se detectó que desde allí se hacían operaciones financieras fuera del sistema legal: se sacaba plata del país a través de cuentas en el exterior y que iban a bancos de Suiza o Luxemburgo y que retornaban al país con apariencia de legalidad. Se detectaron por lo menos 22 operaciones de ese tipo de lavado de dinero por 35 millones de dólares.

Los 14 acusados que llegaron a juicio acusados de los delitos de asociación ilícita y lavado de activo agravado son ex directivos del BNP Paribas. Entre ellos, el ex director general del BNP Joannier Philippe Yves Henry, el ex director de la sucursal en el país Christian Marie Francois Giraudon, y los ex directores administrativos Christian Armand Augustin Abeillon y Michel Michael Basciano.

En septiembre del año pasado, las defensas hicieron una propuesta. Ofrecieron como reparación 2.200 millones de pesos en un pago. La fiscal Baigún aceptó la propuesta y pidió que el monto sea actualizado según el tipo de cambio del Banco Nación al momento que el acuerdo quede firme y que el dinero sea entregado con un fin social para sectores vulnerables. El monto es el acuerdo es cantidad de dinero en el que fueron embargados los bienes de los acusados.

El destino acordado es la Federación Familia Grande Hogar de Cristo que preside el Padre José María “Pepe” Di Paola que agrupa a centros barriales que brindan asistencia a personas en situación vulnerable y con problemas de consuma. La federación aportó a la causa el destino de la plata: distinto tipo obras en 16 provincias del país.

La fiscal Baigún encuadró el acuerdo en el inciso 6 del artículo 59 del Código Penal que establece que la acción penal se extingue “por conciliación o reparación integral del perjuicio”. Y explicó por qué aceptaba el acuerdo. Sostuvo que se trata de una causa compleja, que todavía no tiene fecha de juicio oral ya que todavía debe realizarse prueba, que muchos acusados son de avanzada edad y con problemas de salud -algunos viven fuera del país- y que el TOF 6 no tiene jueces titulares por lo que cambian de manera periódica. También que en el juicio existe el riesgo que algunos acusados sean absueltos y que las posibles condenadas requerían embargos y el recupero del dinero que llevarán más tiempo de trámite.

“En cambio, la disposición inmediata de las significativas sumas de dinero ofrecidas por los imputados, puede cumplir acabadamente con la función reparatoria del daño social causado por el delito”, sostuvo Baigún en la documentación de la causa a la que accedió Infobae y agregó que el acuerdo es la manera “más idónea para cumplimentar con la obligación esencial que recae sobre el fiscal, consistente en promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad”.

La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo nacional antilavado que actúa como querellante en la causa y que está a cargo de Juan Carlos Otero, aceptó la propuesta y solo pidió que una parte del dinero -1.257.811,03 de dólares- sean destinados a ese organismo por la aplicación de multas y recupero de activos que tiene como función.

Pero quien se opuso fue el Banco Central de la República Argentina (BCRA) -cuyo titular es Miguel Pesce-, también querellante en el expediente. Los abogados del BCRA señalaron que la conciliación o la reparación integral solo se puede aplicar a causas “de naturaleza patrimonial exclusivamente” y que en el caso del BNP Paribas la acusación también es por asociación ilícita.

La fiscal Baigíun contestó que a su criterio la asociación ilícita debe ser considerada un agravante del lavado de dinero y que en el caso sí había un claro contenido patrimonial. Además señaló que el BCRA “al negarse a destinar la suma ofrecida para beneficio de los sectores más vulnerables de la sociedad, vulneraría uno de los objetivos principales expuestos en su Carta Orgánica, esto es, el desarrollo con inclusión social”.

Con todas las posturas resolvió el juez del TOF Daniel Obligado que aceptó el acuerdo. “No advierto cuál es el motivo concreto por el que el B.C.R.A. se opone al acuerdo arribado, pues de su contenido no se desprende afectación a la estabilidad del sistema financiero. Además cabe poner de relieve que de las actuaciones no se vislumbra que dicha entidad haya sufrido algún perjuicio material directo o indirecto por el accionar reprochado a los imputados”, sostuvo el magistrado.

Obligado también marcó las dificultas del proceso. “Al destinarse una parte del dinero recuperado a fines sociales y otra para la prevención y persecución del blanqueo de dinero, se cumple con los lineamientos que el nuevo código de procedimientos federal fija a los jueces y la Fiscalía en cuanto al modo en que los conflictos sociales derivados de hechos punibles deben resolverse. Ello por cuanto el dinero ofrecido por los imputados puede cumplir acabadamente con la función reparatoria del daño social causado por el delito”, sostuvo el juez.

Pero el acuerdo no quedó firme. El BCRA apeló la decisión para que intervenga la sala IV de Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo. Y allí el fiscal de Casación Raúl Pleé también pidió que sea rechazado y que se haga el juicio oral.

En su dictamen de mediados de mayo pasado, Pleé señaló como el BCRA que el delito de asociación ilícita impide aprobar el acuerdo. “No puede perderse de vista la particular afectación al orden económico y financiero como consecuencia de la fuga de divisas y de ocultamiento patrimonial procuradas a partir del alto grado de sofisticación de las maniobras investigadas”, sostuvo el fiscal.

Y agregó que “aun cuando la oferta económica pudiera resultar proporcional a los embargos decretados, nada obsta a que el Estado pueda recuperar las mismas sumas en la hipótesis de condena”. Pleé adhirió al planteo de una querella cuando la ley establece que el fiscal de Casación solo puede hacerlo al de las defesas pero el funcionario señaló en su dictamen que el nuevo Código Procesal Penal Federal lo permite aunque ese artículo todavía no está en vigencia.

Ante Casación se presentó el Padre “Pepe” con una nota que envío a los jueces del tribunal el mes pasado: “Me gustaría hacerles saber la enorme ayuda que las sumas ofrecidas por los imputados implicaría para la asociación civil. En efecto, contar con esos montos, permitiría llegar a más personas, sobre todo niños, adolescentes, mujeres y personas en situación de droga-dependencia, que día a día luchan contra distintas problemáticas. Ello, a través de la realización, reparación y ampliación de distintas sedes de Hogares de Cristo existentes en todo el territorio federal”. Y agregó que “teniendo en cuenta la situación económica” del país esos los proyectos no se pueden contemplar con fondos estatales.

Así el destino de los más de 2.200 millones de pesos quedaron bajo la disputa judicial que ahora debe resolver la Cámara de Casación.

Seguí leyendo: